En una providencia notificada el lunes, el magistrado del TSJPV Roberto Sáiz insta a las haciendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, así como a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a poner a disposición de la Guardia Civil «toda la información» recogida en sus bases de datos desde 2003 acerca de «todas las personas jurídicas que pudieran contener en su denominación las expresiones izquierda abertzale, ezker abertzalea o ezker abertzaleak».

Esta resolución del instructor del caso abierto contra Ibarretxe, el PSE y Batasuna en relación a las reuniones políticas viene motivada por la petición del instituto militar, que consideró necesaria la obtención de la información tributaria para poder elaborar un informe sobre la vinculación de la izquierda abertzale con Batasuna.

Además, Sáiz ha dictado otra providencia, también comunicada el lunes, en la que admite la solicitud de nuevas pruebas del querellante, el Foro Ermua. En concreto, se ordena a varios medios de comunicación -entre ellos a Baigorri Argitaletxea, editora de GARA- la remisión de entrevistas con Arnaldo Otegi.

También reclama este magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la Cámara de Gasteiz el acta de la sesión plenaria en la que el lehendakari defendió el diálogo «con los representantes de Batasuna, con los que he hablado y sigo hablando». Juan José Ibarretxe respondió de este modo a una pregunta formulada por la presidenta del Partido Popular en la CAV, María San Gil, sobre la reunión que mantuvo el 18 de enero con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes de la Presidencia del Ejecutivo de Lakua han informado que la portavoz, Miren Azkarate, ha recibido ya la citación oficial para declarar el 16 de abril como testigo en la causa abierta contra el lehendakari por reunirse con representantes independentistas.

Estas mismas fuentes señalaron que el contenido de las providencias emitidas por el magistrado Roberto Sáiz es «incom- prensible» y aseguraron que «sólo contribuyen al desprestigio de la Administración de Justicia». En este sentido, desde el Gobierno de Gasteiz indicaron que «hay datos más que sobrados y suficientes para que el juez adopte una resolución» que, a su juicio, «no puede ser otra que el archivo de la causa».