Los tres detenidos en la denominada «Operación Casona» contra el narcotráfico ingresaron ayer en la prisión pontevedresa de A Lama tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción de Vilagarcía de Arousa y en el de guardia de Pontevedra. Entre ellos se encuentra un cabo de la Guardia Civil destinado en Galdakao, a quien se acusa de pretender distribuir cocaína en Euskal Herria.

El operativo, en el que también fueron arrestados un cabo de la Armada española y un funcionario de la Diputación de Pontevedra, se llevó a cabo el martes en el término municipal de Barro por parte de las Unidades de Drogas y Crimen Organizado de la Policía (UDYCO) bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagar-cía y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. Los agentes de las UDYCO, tras varios meses de investigación, detuvieron a J.G.B., cabo de la Armada, cuando portaba cinco kilos de cocaína en su vehículo. La droga, según fuentes policiales citadas por Efe, iba a ser recogida por el guardia civil J.F.V., que fue interceptado en un lugar próximo cuando se dirigía al encuentro del primer coche. El otro imputado, D.M.C., fue arrestado poco después tras hallar en su domicilio.

Según las mismas fuentes, el agente del instituto militar, natural de León y actualmente destinado en la localidad vizcaina, solía viajar a Galicia a adquirir la cocaína que luego vendía en este país.

Además de la droga, los policías de las UDYCO también se incautaron de 175.000 euros, cuatro automóviles, 18 teléfonos móviles y una máquina de contar billetes.

Un portavoz de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico afirmó, en relación con la detención del guardia civil, que «es despreciable que una persona que tiene que luchar contra esta lacra se introduzca en ella para obtener beneficio; es como si un sacerdote animara a los feligreses a convertirse en delincuentes». Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se indicó que «el cabo tiene que ser juzgado como cualquier ciudadano».