Durante estos últimos días en que, con aplastante aparato mediático, han hecho «coincidir» la presentación y consiguiente petición de ilegalización de ASB y el anuncio de veto a cualquier candidatura «infectada», con la detención de 11 ciudadanos vascos acusados de formar el «comando Donosti» (y de otros 2 en el Estado francés), los artículos de prensa y las declaraciones de políticos sobre el tema han vuelto a poner sobre el tapete la nula credibilidad democrática del Estado español y de sus amigos «vascos» de viaje, y lo amigos que son del carácter «pedagógico» (ejemplarizante) de la represión, que sustancialmente tan similar es al de la que ejercía la tan denostada Inquisición (o el de la que practicaba el no tan denostado franquismo).

Quizá sea que la Historia les sigue pesando y que siguen necesitando realizar autos de fe, es decir, puestas en escena minuciosamente calculadas para causar el mayor efecto en los espectadores; o sea, desde el lenguaje mediático actual, montar grandes espectáculos informativos con los que justificar la criminalización de los disidentes y, además, «desaconsejar» y «desanimar» a los que deseen seguir por esa vía. «Enseñar castigando». O, como dice Askapena en su informe de 2 de abril, «utilizar todos sus medios para hacer una guerra de imagen, socializando los argumentos descalificatorios» y, así, cerrar la puerta a la existencia legal de la izquierda abertzale, transmitiendo a la sociedad vasca que es imposible defender un proyecto nacional vasco por medios pacíficos y legales... y a los españoles que los vascos somos el único problema que tienen. Una caza de brujas con todas las características de las de siempre.

Durante siglos, la Inquisición fue el imprescindible brazo propagandístico-represivo del imperio español contra todo tipo de disidencia y, concretamente, contra la brujería como conspiración del mal «vasco-navarro» contra el bien (del terrorismo contra la democracia que dirían hoy los «expertos»). Para ello, utilizó sistemáticamente unos «desarrollados» métodos de tortura, considerados esenciales como «productores de verdad», y sobre los que el historiador Henry Kamen escribió que «la mayoría de las veces, el alcance de las confesiones guardaba proporción directa con la duración de la tortura»; es decir, que los efectos tergiversadores del tormento eran patentes a la hora de la confesión: el detenido admitía haber hecho lo que sus torturadores le sugerían que había hecho (volar, follar con el diablo...). Es fácil de imaginar, además, que, a menudo, la amenaza de tortura, con su componente de terror psicológico, conseguía, a la hora de la declaración, parecidos resultados deformadores que la propia la tortura física. Y ello no sólo en el propio torturado, sino en su entorno, en el que, tras el apocalíptico sermón del recién llegado inquisidor (propaganda) y la subsiguiente cadena de detenciones y propagación de sus consecuencias (represión y propaganda), la gente huía del lugar aterrorizada, conocedora intuitiva de que, ante semejante campaña, ni la razón ni la realidad de lo ocurrido valían absolutamente nada.

En estos días preelectorales, la campaña mediática contra la izquierda abertzale, por lo apresurada, exagerada y descarada en sus objetivos, ha puesto en evidencia su carácter inquisitorial, así como lo extremadamente precario de la democracia «a la española» que con gusto firmó el PNV de entonces (y rubrica el de ahora).

Periodistas y políticos nos han demostrado, con absoluta naturalidad, que el principio de presunción de inocencia (de algunos) para ellos simplemente no existe: los malos son malos y punto. Así, en cualquier periódico, podía una leer titulares afirmando tranquilamente que «los etarras detenidos estaban listos para atentar» o que «un etarra del `comando Donosti' era jefe de propaganda de PCTV y ASB»... que hacía de «paraguas de Otegi». Del mismo modo, podía comprobar que los políticos tampoco mostraban saber que el tal derecho fundamental es de obligada aplicación, y que nadie es culpable mientras una sentencia no lo declare así. La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, por ejemplo, no tenía empacho en declarar que la «desarticulación del `comando Donosti' evidencia la vuelta al pasado», ni en acusar a ETA de «romper sus compromisos». Al coordinador de EB Javier Madrazo tampoco le sudaba la calva al sostener que «la desarticulación del `comando Donosti' demuestra que ETA no ha interiorizado que el fin de la violencia ha tocado a su fin». Se ve que, mientras los familiares de los detenidos no tenían noticia alguna de su estado, medios y políticos tenían información de primera mano... la que les interesaba, al parecer.

A este pequeño «desliz» democrático se le uniría otro claramente perceptible durante estos días: tanto medios de comunicación como personajes políticos del sistema beben todos de las mismas fuentes «informativas», las policiales y gubernamentales, obviando otras que podrían dar versiones distintas de los hechos. Esto significa que no se ciñen a contar lo que han podido comprobar que realmente ocurre, sino que, a través de un mismo discurso informativo, construyen la realidad virtual que interesa a la estructura de poder (PNV incluido), cuya estrategia central parece ser, de aquí a las elecciones, seguir estigmatizando, ilegalizando y reprimiendo a la izquierda abertzale hasta lograr su asfixia o debilitamiento máximo. Aunque hipócritamente digan lo contrario, ningún partido, ni de Madrid ni de aquí, tiene deseo alguno de compartir su mayor o menor (o ínfima) porción en la tarta del poder, y parecen estar muy cómodos instalados en el «conflicto».

Estos días también ha quedado manifiestamente claro que si la «democracia» del Estado español se sigue asemejando tantísimo al sistema franquista (y al inquisitorial) es por su aplicación sistemática, inflexible y unilateral (únicamente contra la izquierda abertzale) de toda una serie de leyes (antiterrorista, de partidos...) que permiten aberraciones «democráticas» como seguir manteniendo fuera de la legalidad, en base a «indicios», a más de 150.000 votantes contaminados (ciudadanos, sin embargo, de pleno derecho a la hora de cotizar), protegiendo casos procesales como el de Jarrai-Haika-Segi, 18/98 y los por venir, y sosteniendo por activa o por pasiva la demostrada impunidad de los aparatos del Estado frente a la tortura denunciada por numerosos organismos internacionales.

En este contexto, no deja de ser escandaloso, doloroso y preocupante, que ninguno de esos medios mercenarios y ninguno de esos políticos de Madrid y de Euskal Herria que, en pleno período preelectoral, han ejercido de portavoces y dado total credibilidad a las informaciones que sobre las candidaturas de la izquierda abertzale o sobre los últimos detenidos les han proporcionado las llamadas «fuentes de la investigación», hayan considerado falto de interés mencionar (previa comprobación, claro está) la rueda de prensa de TAT (Torturaren Aurkako Taldea) sobre las terribles denuncias de torturas hechas, a través de sus abogados y familiares, por los recientemente detenidos.

«El Mundo» de Pedro J. Ramírez sí que le dedicó al tema el titular de primera página y el editorial del viernes 6 de abril bajo los enunciados: «Los etarras denuncian torturas que el control de los forenses habría detectado» y «ETA denuncia torturas inverosímiles y le hace la campaña a Batasuna»... todo ello mientras le sugiere al Gobierno de Madrid que aproveche la ocasión para querellarse por calumnias. Mientras, el PSOE, a través de «El País», le complementaba la inquisitorial labor proclamando en titulares «ver indicios suficientes para prohibir las listas de Batasuna»... Y es que la secta diabólica vasca, ya se sabe, actúa en todas partes, escondida bajo los más inimaginables disfraces.

Las maniobras son claras y no es momento de mirar para el otro lado. Responsabilidad de todos es, pues, estampar nuestra firma en los lugares correspondientes para que las agrupaciones electorales impulsadas por la izquierda abertzale puedan concurrir a las elecciones del 27 de mayo.

La caza de brujas contra ciertas opciones políticas debe terminar.