Madrid trata de eludir las sanciones a las empresas por falta de seguridad
La nueva estrategia sobre seguridad y salud en el trabajo 2007 a 2011 que el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales tiene ultimada con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME elude la sanción a las empresas por falta de seguridad grave o leve. Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1996 en Euskal herria han fallecido 1.498 trabajadores y uno de cada tres asalariados ha sufrido baja por accidente de trabajo.
Juanjo BASTERRA
El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado que en breve habrá un «gran acuerdo» con las patronales empresariales y los sindicatos CCOO y UGT sobre la nueva estrategia, hasta 2011, sobre seguridad y salud en el trabajo para el Estado español.
El documento, que se encuentra en discusión avanzada, plantea, entre otras muchas actuaciones, la sustitución de «la imposición de sanciones derivadas de infracciones leves y graves» por «la inversión de esa cantidad en medidas para incidir en la organización preventiva». Creará «una red de informadores» que favorezca la difusión y el conocimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales entre las pequeñas y medianas empresas.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue aprobada en noviembre de 1995 y entró en vigor el 10 de febrero de 1996. En estos once años se ha comprobado que todavía el 54% de las empresas no tiene evaluación de riesgos de sus instalaciones y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales apenas se están reduciendo. El documento de la evaluación de riesgos es esencial para prevenir los accidentes. Tenerlo no presupone nada, puesto que el propio ministerio español reconoce que existe un cumplimiento de la normativa «más formal que real».
La iniciativa, que se negocia en Madrid, establece la puesta en marcha, previo informe técnico, del controvertido «bonus-malus» que, aunque no lo denomina de esa manera, indica que «para favorecer el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, se adoptarán medidas destinadas a premiar a aquellas empresas que destaquen por sus inversiones en prevención de riesgos laborales o en las que se constante una evolución favorable de la siniestralidad laboral».
Bonificaciones
En el documento se reconoce que para mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención se pondrán en marcha una serie de bonificaciones para las empresas que «sin estar obligadas legalmente, decidan tener recursos preventivos propios, ligado todo ello a criterios de calidad y resultados» y, entre otros, por la contratación de trabajadores designados «con dedicación exclusiva a tareas preventivas», aunque a la vez «posibi- litará» que los servicios de prevención propios puedan subcontratar determinados medios necesarios «para la realización de las actividades preventivas a desarrollar en la empresa». Todas las acciones a medio plazo sobre seguridad y salud en el trabajo que se han aprobado, o están a punto de obtener su visto bueno, desde la europea a las autonómicas, no han tenido el éxito esperado y, además, obvian dos elementos fundamentales: que son los empresarios quienes deben garantizar que el trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad y de salud como indica la legislación en esta materia, es decir que es responsabilidad de los mismos mantener el centro de trabajo en condiciones de seguridad.
Otra carencia esencial es que la normativa laboral actual, firmada por el Gobierno español, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, hace imposible que el trabajo se pueda hacer sin riesgo debido a que permite la elevada precariedad, acepta los altos ritmos que imponen los empresarios en la producción y no interviene de manera adecuada ante la falta de formación que padecen la mayoría de los trabajadores, sobre todo los jóvenes. A muchos de ellos, se les obliga a firmar a la vez que firman el contrato de trabajo un documento en el que se indica que han recibido formación, sin ser cierto.
La estrategia española en esta materia parte de un diagnóstico en el que se reconoce que la siniestralidad laboral se encuentra en «unos niveles absolutamente inaceptables» y, por lo tanto, el nuevo documento se fija dos objetivos: «Reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y acercarnos a los valores medios de la Unión Europea; de otro, mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo».
Desde 1986 a 2006 en Euskal Herria se han producido 703.537 accidentes de trabajo con baja, lo que significa 175,2 accidentes al día con baja. Cada accidente significa, según reconocen los técnicos en prevención, una carencia en prevención de riesgos laborales. Este dato es preocupante porque significa que uno de cada tres asalariados vascos ha padecido una baja laboral por accidente de trabajo.
Durante estos últimos años con la legislación preventiva en vigor se han producido dos accidentes graves al día, hasta 8.281 afectados y un accidente mortal cada tres días, hasta completar 1.498 fallecidos en su actividad laboral hasta estos momentos. En estos últimos se contemplan también los fallecidos en 2005 y 2006 en Ipar Euskal Herria y los trabajadores autónomos, dado que las estadísticas oficiales han obviado su inclusión. La siniestralidad laboral es una lacra social de primera magnitud. Un problema que pone en cuestión la seguridad en las empresas.
LAB ha convocado para el día 27 de abril un paro de una hora de duración entre las 12.00 y las 13.00 para denunciar la terrible situación que padecen los trabajadores. Dos de cada tres asalariados vascos ha sufrido baja laboral en los últimos once años.
Lleva once años en vigor, pero se incumple de manera sistemática por parte de las empresas, como reconocen los agentes sociales y los representantes de la Administración pública, que no impide ese fraude contra la salud de los trabajadores.
Todavía se desconoce la actividad de la Inspección de Trabajo en el conjunto de Hego Euskal Herria, pero existen ya datos de Bizkaia en los que se determina que en 2006 se interpusieron 590 infracciones y se paralizaron 26 centros de trabajo por incumplimientos de la legislación laboral.
Según esos datos, se demuestra que sólo se sancionan el 2,26% de los accidentes de trabajo con baja que se producen en las empresas. Las actuaciones realizadas se elevaron a 13.251 controles, lo que supone un incremento del 9,8% respecto al año anterior en Bizkaia, aunque el número de infracciones detectadas se redujo en un 28,2%, hasta las 590. No obstante, el importe de las sanciones a las empresas por esa falta de seguridad laboral ascendió a 2,4 millones de euros, lo que en realidad significa que a cada sancionado se le impuso una multa de 4.218 euros. Una cantidad que no deja de ser irrisoria teniendo en cuenta la gravedad de los accidentes de trabajo. En 2.005, las sanciones alcanzaron los 2,8 millones en multas, lo que supuso una media de 3.470,1 euros de media.
El trabajo es hoy un factor de riesgo muy importante para los trabajadores. Según los datos que ha aportado LAB, el 65% de los accidentes mortales ocurren en contratas o subcontratas y el 52% en empresas de menos de 25 trabajadores. El 56% de los trabajadores admite trabajar «a ritmos infernales» y el 42% reconoce trabajar con un ruido elevado, lo que supone un riesgo para su calidad auditiva. Otro 28% sufre estrés y el 59% de las empresas no tiene comités de seguridad y salud.
Ante esta situación, LAB denuncia que «los accidentes no son fruto de la casualidad ni de la mala suerte; tienen estrecha relación con el modelo de relaciones laborales que nos imponen, basado en la precariedad, como ocurre con el modelo económico, que antepone el beneficio a la vida de las personas». En este caso, la central que lidera Rafa Díez precisa que «para la patronal, invertir en prevención es un coste más, que hay que evitar», aunque esa situación esté ocurriendo en un momento en el que los beneficios económicos están rompiendo al alza todas las barreras históricas.
Esa radiografía negativa de la prevención de los riesgos laborales en las empresas también la hace el Ministerio español de Trabajo en el documento sobre la estrategia entre 2007 a 2011. En un decálogo sobre problemas irresueltos, destaca, entre otros, que todavía no se ha generalizado la cultura de la prevención, que «no existe un nivel adecuado de integración» de la prevención en la empresa y que «la vigilancia de la salud de los trabajadores no ha terminado de alcanzar los objetivos pretendidos desde 1996».
