Fuentes del Alto Tribunal español han señalado que esta reunión estaba señalada antes de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado instaran el inicio de un proceso contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), por lo que este asunto no formará parte del orden del día del martes.

Antes de discutir la eventual ilegalización de ASB, por considerarla «continuadora» de la ilegalizada Batasuna, la Sala del 61 debe esperar a que sus representantes formulen alegaciones contra las demandas en dicho sentido presentadas el pasado 3 de abril, tanto por la Fiscalía, como por los servicios jurídicos del Estado. El plazo de alegaciones es de 10 días hábiles tras la interposición de las demandas, por lo que éste no concluye hasta el próximo jueves.

Las mismas fuentes han señalado que no será hasta el próximo día 20 o el 23 de abril cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo se reúna para discutir sobre el futuro de ASB.

En cuanto a la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna, la reunión que celebró la Sala del 61 sobre este asunto el pasado mes de octubre supuso la creación de distintas comisiones judiciales a las que se encargó la entrada y registro de las herriko tabernas y locales culturales ubicadas en diversos municipios de Hego Euskal Herria y vinculadas a esta formación política, para proceder a inventariar todos sus bienes y locales.

Esta irrupción en las herrikos se concretó con el despliegue de un gran dispositivo de guardias civiles el pasado 23 de octubre de 2006 y días sucesivos, y el Tribunal Supremo explicó en ese contexto que la propia Ley de Partidos Políticos prevé la apertura de un proceso de «liquidación patrimonial independiente» y que el patrimonio neto del partido ilegalizado se des- tinará por el Tesoro Público a actividades de «interés social o humanitario».

Identificaciones y cacheos

El dispositivo policial supuso la ejecución de numerosas identificaciones y cacheos que se prolongaron durante horas, frente a protestas espontáneas de ciudadanos, algunas de ellas reprimidas por la fuerza.

Como consecuencia de las entradas de la Guardia Civil y miembros de las comisiones judiciales realizadas en las herriko taberna, el Tribunal Supremo remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional documentación y enseres en más de 60 cajas, cuyo contenido se seguiría estudiado por el Ministerio Público, con el fin de determinar si de los mismos supuestamente pudiera derivarse alguna responsabilidad penal por parte de los gestores de las herrikos en que habrían sido requisados.

Lo que no está claro es si, tal y como desvelan las fuentes del Alto Tribunal español, éste adoptaría nuevas medidas en el proceso de liquidación de bienes o si, tal y como señalan fuentes de la defensa, las resoluciones que pudiera adoptar mañana el Tribunal Supremo español responderían a lo aportado hasta el momento por la partes, ya que no habría concluido aún la fase de personamiento y alegaciones, a partir de las cuales deberá resolverse.

Traslado a las partes

Una vez que el Tribunal Supremo ordenara que distintas comisiones judiciales entraran en las herrikos para inventariar locales y bienes, y que este mandato fuera cumplimentado, también se dio traslado a las partes para hacer alegaciones, tal y como solicitaron el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado. Las herrikos, por su parte, dijeron que tenían que dar traslado a los titulares para hacer las aludidas alegaciones.

La herriko de Leitza fue la primera en la que irrumpieron guardias civiles el pasado 23 de octubre, junto a un representante judicial, en un momento en el que en el interior sólo estaba el camarero, saliendo 45 minutos más tarde con un ordenador y dinero. Esta operación ordenada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo continuó en locales de Errotxapea, Durango, Santutxu, Agurain, Portugalete... hasta llegar al centenar.