El que paga, aunque lo haga con dinero público, no sólo se cree con derecho a recibir el servicio contratado, lo que es lógico, sino también a exigir al que cobra adhesión inquebrantable.

En el caso del yacimiento paleolítico de Praileaitz, amenazado por la cantera de Sasiola, una serie de circunstancias han hecho que Aranzadi, que tiene contratada la excavación arqueológica, no haya cantado a coro con el que paga, el Departamento de Cultura de la Diputación. Como consecuencia, éste le ha remitido una carta que no cabe interpretar más que como un intento de disciplinar a la sociedad.

En la misiva, la Diputación anuncia a Aranzadi que tiene intención de modificar el contrato y que, en adelante, la sociedad deberá posponer la excavación arqueológica para dedicarse a realizar estudios sobre la conservación de la cueva. ¿Conocen ustedes esa letrilla que suele cantarse a ritmo de jota que dice «como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo»? Pues la lógica del planteamiento de la Diputación no es mucho mayor que la de esa letrilla. Veamos, si no. Los problemas de conservación de la cueva se derivan de la explotación de la cantera. ¿La Diputación actúa, por tanto, sobre la cantera? No, lo que hace es decirle a Aranzadi que deje de investigar. ¿Es que acaso la investigación pone en peligro la cueva? Por su puesto que no, pero es más fácil decirle a Aranzadi que la deje y se concentre en estudiar cómo proteger la cueva que protegerla actuando sobre una cantera que sigue avanzando sin que las instituciones le pongan freno. Ya lo ven, la lógica del planteamiento no va mucho más de la del arroz con leche y el ladrillo.

Aranzadi ha respondido que considera fundamental continuar con la investigación y se ha reafirmado en el compromiso adquirido ante la opinión pública, digamos que respondiendo a una demanda social de presentar en breve un informe sobre cómo cree que deben protegerse la cueva y su entorno. Mientras, ha pedido evitar las «actividades irreversibles» por parte de la cantera. De momento, pues, se puede decir que Aranzadi está aguantando el tipo, aunque tampoco cabe esperar que termine contradiciendo absolutamente a quien le paga en este caso concreto y, más en general, que actúe de espaldas a la realidad del mercado en el que presta sus servicios, en el que los principales clientes son precisamente instituciones como la Diputación.

En todo caso, esta escaramuza no es más que un afloramiento del problema de fondo planteado en Praileaitz, y el problema de fondo es que la cantera avanza sin cesar. Podría pensarse que lo lógico hubiese sido paralizar provisionalmente la actividad de la cantera mientras no se establezca un régimen de protección definitivo que garantice la integridad de la cueva y su entorno, pero eso importunaría al poderoso propietario de la explotación, el grupo Amenabar. Con la cantera paralizada, se podría discutir si la protección alcanza tal o cual cota; con la cantera en marcha, el régimen de protección definitivo no hará sino responder, mal que bien, a hechos consumados. Es la diferencia entre que sea la cantera la que se adapte a las necesidades de protección del yacimiento o, por el contrario, que sea éste el que tenga que adaptarse a los intereses de la explotación. En el fondo, ¿de qué se trata?, ¿de proteger el yacimiento o de evitar a todo trance contrariar los intereses del propietario de la cantera? Dicho de otro modo: ¿hasta qué punto es verdad que las instituciones son subcontratas de los grandes grupos empresariales?

Termino con una última reflexión más general. En uno de los platillos de la balanza de Praileaitz, nos encontramos con un yacimiento de hace miles de años considerado único, cuyo valor nadie se atreve a discutir; en el otro, con una cantera, con una simple cantera, como otras muchas canteras (al menos, a priori). Si en un caso como éste las instituciones son incapaces de anteponer los valores del yacimiento, ¿qué robledal, qué acantilado o qué otro patrimonio natural -incluida la salud de las personas?- o cultural no estarán dispuestas a permitir que se lleven por delante en nombre de proyectos que, como el TAV, el superpuerto de Jaizkibel o la incineradora, no sólo no son «simples canteras», sino que llevan aparejados la etiqueta de «estratégicos»? Y sin duda que lo son; son estratégicos para el negocio.