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ELECCIONES EN EUSKAL HERRIA

El Gobierno del PSOE supera al PP al impugnar unas ochenta candidaturas más que en 2003

El Gobierno del PP impugnó hace cuatro años 249 listas electorales. El del PSOE actuará ahora contra al menos 330, según adelantó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya que pedirán al Tribunal Supremo el veto a todas las de AS, a más de 80 de ANV (hoy concretarán cuántas) y a siete independientes. Conde-Pumpido agradeció sus informes a la Guardia Civil, la Policía española y la Ertzaintza.

Ramón SOLA | IRUÑEA

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras ordenar la investigación policial de más de 11.000 candidatos, reclamará hoy al Tribunal Supremo español que impida concurrir a las urnas a más de 330 listas electorales. Así lo anticipó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que confirmó la impugnación de absolutamente todas las candidaturas presentadas con la denominación Abertzale Sozialistak (un total de 244 según sus datos), pero también de seis independientes (la Abogacía del Estado suma una más) y de más de 80 inscritas por un partido perfectamente legal, ANV.

Este último número se terminará de definir hoy, aunque medios afines al Gobierno español avanzan que entre ellas estarían las candidaturas al Parlamento navarro y las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Conde-Pumpido admitió que es la primera vez en que se actúa contra listas de una formación legal y que eso constituye «un planteamiento absolutamente nuevo», pero no aludió para nada a la cuestión de que la Ley Electoral española ni contempla siquiera esta opción.

Tres policías

Ayer, Conde-Pumpido se limitó a adelantar que tienen listo el primer paquete de impugnaciones (relativo a las agrupaciones de electores y las listas independientes), que se iba a presentar al Supremo en la pasada madrugada. Durante el día de hoy registrarán el segundo, correspondiente a ANV. El Alto Tribunal tendrá que decidir sobre ambos el sábado, día tope para ello, posiblemente a última hora. Es decir, deberá sentenciar sobre al menos 330 listas en un plazo de menos de 48 horas.

Los «argumentos» para actuar contra las listas de Abertzale Sozialistak y los grupos independientes se resumen en 50 folios, pero se acompañan de miles de hojas de «documentación». El Ejecutivo del PSOE sigue mostrando mucho interés en evidenciar que ha llevado a cabo una exhaustiva indagación persona a persona, y en esta línea no le ha importado reconocer que las FSE han presentado más de 19.000 «análisis» de más de 11.000 aspirantes a electos. El fiscal general habló ayer de «trabajo ingente» y dio las gracias tanto a la Guardia Civil y a la Policía como a la Ertzaintza, sin explicar qué es lo que cada uno ha aportado.

La conclusión de todo, para Conde-Pumpido, es que las candidaturas impugnadas «tratan de dar continuidad a Batasuna», especialmente en el caso de las agrupaciones electorales avaladas por más de 83.000 firmas de ciudadanos vascos.

Agrupaciones, ANV y otros

A este respecto, esgrimió como supuesta prueba de ilegalidad que todas llevan la denominación Abertzale Sozialistak y que entre los candidatos aparecen «los nombres más significativos de la izquierda nacionalista vasca más tradicional, como Pernando Barrena, Floren Aoiz, Mati Iturralde o Joseba Permach».

En el caso de ANV, lo que argumentó Conde-Pumpido a modo de resumen es que que hay listas «infiltradas por Batasuna». «Sólo se van a impugnar éstas», recalcó tras exponer que el histórico partido abertzale «tienen unos estatutos que aportamos, y en los que se incluye un repudio de la violencia. Como tomamos en consideración este dato, sólo las que estén manifiestamente infiltradas van a ser impugnadas», reiteró.

Por lo que respecta a las listas independientes, los aparatos del Estado español reclamarán al Supremo y al Tribunal Constitu- cional (en cuyas manos está la decisión final si el TS acepta las impugnaciones) que vete a siete de ellas, tras investigar a más de 600 según explicaron el lunes.

La Fiscalía señaló en concreto a Kimu Berri Taldea de Amezketa y Altzolanean de Altzo, en Gipuzkoa. Y a otras cuatro en Nafarroa: Urri, del concejo de Ibiriku del Ayuntamiento de Egues; Orikain Independiente, del concejo de Orikain del Consistorio de Ezkabarte; Erlain, del concejo de Udabe del Ayuntamiento de Basaburua; y San Román, del concejo de Arre, también en Ezkabarte. Ibiriku y Udabe se quedarán sin electos si prosperan las demandas, ya que las impugnadas son las únicas candidaturas que concurren el 27-M. La Abogacía del Estado, por su parte, filtró que impugnarán siete planchas independientes, sin concretar los nombres y apuntando sólo que cinco son de la zona electoral de Iruñea y dos de las de Tolosa, por lo que podrían coincidir con las seis ya citadas.

«Respeto a las garantías»

Para sustentar esta última línea de persecución, Conde-Pumpido citó «elementos» como que entre los candidatos independientes hay un volumen importante de personas de la izquierda abertzale o que en Altzo no concurren listas de ANV ni de Sozialista Abertzaleak, lo que situó como indicio clarificador.

Puso también interés en remarcar que la persecución no se ha limitado a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, sino que también se llevan ante el Supremo dos candidaturas presentadas en Trebiño, oficialmente bajo competencia de la Junta Elec- toral de Castilla y León.

El fiscal general del Estado no tuvo empacho en completar su intervención con apelaciones al respeto a los derechos fundamentales, e incluso «a la libertad ideológica y de opción». Habló, en concreto, de que su ini- ciativa marca el punto de «equilibrio» entre «el respeto a la Ley de Partidos y el respeto a las garantías fundamentales».

Dicho esto, Conde-Pumpido elevó sustancialmente el tono de voz para tratar de situar la pelota en el tejado de la izquierda abertzale: «Han tenido ocasión y han preferido mantenerse en una zona de sombra en la que no rechazan la violencia». Citó también al hilo de ello la entrevista con ETA realizada y publicada por este medio en abril, en la que el fiscal general interpretó «que se mantenía la amenaza». Y como colofón, afirmó que «las urnas y las armas son incompatibles; desaparecida la violencia, no hay problema alguno para que se presente a las elecciones cualquier fuerza política». «Pero no hay salida para quienes no condenan la violencia», añadiría luego Conde-Pumpido.

Abundando en estas consideraciones, el fiscal general nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero añadió que con estas impugnaciones masivas el Ministerio Público «cumple con su labor, en cumplimiento estricto de la Ley de Partidos, presentando la demanda correspondiente contra lo que podríamos denominar el `plan B' a través del cual las opciones políticas ilegalizadas pretenden acceder a las elecciones». Lo dijo poco después de asegurar que en cualquier caso serán finalmente los tribunales del Supremo y el Constitucional quienes dictaminen.

Piden no entregar el censo

En las impugnaciones se aporta, siempre según Conde-Pumpido, documentación de ruedas de prensa de la izquierda abertzale, pero también documentos que habrían sido incautados al «comando Donostia» y también algunos aprehendidos supuestamente a Gorka Murillo, deteni- do el pasado viernes en Aizarotz por orden del juez Garzón.

Añadieron que, como medida cautelar, en las demandas se solicita al Tribunal Supremo español que no entregue los censos electorales correspondientes a las candidaturas que han sido impugnadas, hasta que se aclare su situación.

Zapatero: «La Ley, la Ley, la Ley"

El presidente del Gobierno español se mostró entre incómodo y tajante al pedírsele ayer una valoración del panorama preelectoral en Euskal Herria. Horas antes de la comparecencia de Conde-Pumpido, ante las insistentes preguntas de los periodistas en Málaga sobre si se actuaría para tratar de vetar a la izquierda abertzale, Zapatero se limitó a responder: «La Ley, la Ley, la Ley». El domingo en Iruñea ya dejó sentado que el Ejecutivo piensa imponer la aplicación de la cuestionada Ley de Partidos «en todos sus términos».

GARA

Acusan al PSOE de «tumbar los comicios y el proceso" y al PNV de facilitárselo

La izquierda abertzale, por boca de Karmelo Landa, acusó ayer al PSOE de «tumbar las elecciones libres y el proceso democrático» al tratar de impedir que todas las agrupaciones electorales concurran a los comicios del 27 de mayo, postura que derivará, en su opinión, en «consecuencias gravísimas para el futuro de esperanza en la paz y la democracia».

El mahaikide, que incidió en la gravedad de la decisión adoptada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y filtrada a los medios de comunicación antes de la comparecencia del fiscal general del Estado a la tarde, afirmó que la orientación de esta medida «es un boicot político impulsado y propiciado por el Gobierno del PSOE a la posibilidad de elecciones libres y por añadidura a un proceso democrático».

Landa subrayó que la postura del Ejecutivo español se produce en un contexto de tregua de ETA, en la que la organización armada «ha puesto de manifiesto su actitud de acordar garantías» y cuando existe encima de la mesa una propuesta de la izquierda abertzale para establecer «un marco democrático» en toda Euskal Herria, superando la actual partición territorial. Además, remarcó que la izquierda abertzale ha dado muestras de su determinación de participar en las instituciones «por la vía de las elecciones para impulsar un proceso de soluciones definitivas».

El político de Ea no ocultó su preocupación porque el Gabinete español haya optado por realizar perfiles de más de 11.70o candidatos, y dijo que «se parece a aquello de construir imputaciones» mediante la Guardia Civil, la Policía y la Audiencia Nacional española con el objetivo de impedir que la izquierda abertzale se presente «a las principales plazas electorales».

Para adoptar estas «medidas extremas», según Karmelo Landa, el PSOE ha contado con la colaboración del PNV, que se ha encargado de «demonizar» en las últimas semanas a la izquierda abertzale al objeto de que el Gobierno español pudiera impulsar «una escalada represiva, judicial y policial». Acusó a ambas fuerzas políticas de «reparto de papeles» para luego, una vez excluida de nuevo la izquierda abertzale de las instituciones locales y forales, «repartirse la gestión». Dijo que sus dirigentes deben de rendir cuentas ante los ciudadanos, que, resaltó, han apostado porque «todos los candidatos puedan presentarse a las elecciones», en clara referencia a la movilización social para promover la participación política de la izquierda independentista.

Ante este panorama, Karmelo Landa animó a la sociedad vasca a movilizarse hoy a la tarde frente a las sedes del PSOE en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Antes, Jone Goirizelaia había censurado también la postura del «PNV de Imaz y Urkullu», a los que acusó de mentir acerca de que la izquierda abertzale quiere imponer su proyecto para «reeditar el `apartheid' político en las instituciones para llevar adelante sus intereses, seguir negociando con Madrid sus intereses, seguir manteniendo su txoko de poder, seguir gestionando como auténticos lacayos de Madrid».

Respecto a la posible ausencia de la izquierda abertzale de la próxima cita electoral, la letrada insistió en que «si el proceso tiene que ser democrático, las elecciones también deben serlo ya que ambas cosas están unidas de manera muy importante». Esta posición choca con la postura del Gobierno del PSOE que «actúa en contra de los derechos, de que las elecciones sean democráticas y, por tanto, en contra de que el proceso sea democrático».

Agustín GOIKOETXEA

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