(...) El derecho internacional, que respalda la llamada doctrina Estrada, hace que, a efectos jurídicos, las administraciones políticas de cada país estén obligadas a asumir las obligaciones derivadas de los actos de sus antecesoras. Pongamos un ejemplo: puesto que el Portugal salazarista suscribió en su día el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Gobierno actual de Lisboa está obligado a respetarlo. O a denunciarlo, claro. Lo que en ningún caso puede es pretender que no le concierne (...)

Las Cortes ambiguamente constituyentes que fueron elegidas en España en 1977 en condiciones precarias (con algunos partidos políticos situados todavía en la ilegalidad, ya para empezar) no elaboraron una Constitución que proclamara la ruptura con el régimen anterior, como la portuguesa. Es más: para que no hubiera duda sobre ello, los dirigentes políticos españoles conchabados para la ocasión sostuvieron que lo que estaban haciendo no era una ruptura, sino una reforma del régimen anterior.

(...) El PSOE hace el cálculo de lo que su Gobierno tendría que pagar si reconociera la injusticia de los actos de barbarie cometidos por el régimen cuya herencia asume (porque ése es el quid de la cuestión) y se echa las manos a la cabeza: miles y miles de fusilamientos sumarios, años y más años de cárcel sufridos por decenas de miles de ciudadanos... ¿de dónde sacaría el dinero para pagar todas esas indemnizaciones?

(...) Al tratar de conferir un mínimo de coherencia a la llamada Ley de la Memoria Histórica, el Gobierno de Zapatero se ha metido en un laberinto sin salida. O hay memoria de verdad, y entonces la reforma de 1976-1977 merece ser repudiada, o no hay memoria de verdad, y entonces seguimos en las mismas de siempre, con los unos cubriendo sus vergüenzas y los otros señalándoselas. (...)