La actitud y las condiciones impuestas por el Gobierno español y la actuación de los aparatos judiciales del Estado están haciendo imposible el desarrollo de un proceso de negociación en Euskal Herria. Garantizar unos mínimos democráticos es absolutamente indispensable, y Madrid no lo está haciendo; y ampararse en el falso debate sobre si José Luis Rodríguez Zapatero controla o no los aparatos del Estado es pura hipocresía.

Garantizar la presencia de la izquierda abertzale en los comicios es imprescindible. El Gobierno español, el propio PNV (que ayer utilizó a Urkullu y a Rubalkaba para ponerse en la primera línea del intento de debilitar la posición de un contrincante a base de frivolidad e imprudencia), son perfectamente conscientes de que los ayuntamientos son la única institución común a todos los territorios de este país; quizás ello explique su temor a que en todos ellos pueda ejercer su labor institucional la izquierda abertzale. Además, han buscado impedir su presencia en las Juntas Generales y en la Cámara de Nafarroa, con todo lo que eso supone también de capacidad o control de gestión y de impacto político, un impacto político que sería obvio para cualquiera que mantenga la vista puesta en el proceso -oportunidad que seguiría abierta si los agentes implicados lo quisieran- a la hora de analizar los resultados que pudieran obtener las candidaturas abertzales.

El esperpento jurídico es de tal magnitud que la afirmación de que nos encontramos «ante un estado de excepción jurídico» (realizada ayer por Jone Goirizelaia) parece inevitable. Otras afirmaciones recabadas ayer, como las de Javier Pérez Royo en un artículo de opinión publicado en «El País», también ponían el acento en lo obvio, señalando que «Arnaldo Otegi no está privado del ejercicio del derecho de participación política en ninguna de sus vertientes». Así que lo que está sucediendo obliga a denunciar que en Euskal Herria se ha vuelto a desatar una auténtica caza de brujas. Pero claro, esto sucede en Polonia y los gobiernos europeos y los políticos de medio pelo que abundan aquí y allá, se echan las manos a la cabeza, pero cuando sucede en Euskal Herria demasiados callan, o aplauden, o se aprovechan. De hecho, la talla política (incluso moral) de algunas de las personas implicadas (que debieran estar implicadas, debiéramos decir) en este conflicto es precisamente uno de sus dramas. El momento exige altura de miras y talla de estadista, y un poco de talento, y parece que no hay tal en Madrid.

El PSOE está poniendo patas arriba la oportunidad del cambio y de la solución. ¿Está buscando que la conclusión de la cita electoral del 27 de mayo sea que se vulneran los derechos fundamentales de un porcentaje importante de la población vasca? ¿Qué espera conseguir con eso? ¿A dónde quiere llevar a este país? Es hora de sumar, no de restar y de negar.

Sarkozy mira al Elíseo

Los electores del Estado francés están llamados hoy a despejar la incógnita sobre quién ostentará la jefatura del Estado en los próximos cinco años. Tras la hecatombe sufrida en las elecciones de 2002, cuando el candidato del Frente Nacional desbancó al ex primer ministro socialista Lionel Jospin, en estos comicios se ha repuesto el tradicional duelo entre derecha e izquierda.

La fuerte concentración de voto útil llevó en la primera vuelta a mitigar el peso político de los extremos. Bien es cierto que, en el caso del partido de Le Pen, la pérdida de votos registrada se compensa con la victoria parcial obtenida por el candidato de la UMP, que se ha convertido en depositario autorizado de las ideas lepenistas. Peor pintan las cosas para la izquierda antiliberal que, a excepción de la LCR de Besancenot, sufrió tal varapalo que su futuro es hoy una auténtica incógnita. Máxime, cuando a diferencia de Sarkozy con el FN, la aspirante del Partido Socialista dista mucho de esgrimir un programa de cambio social y político a la altura de las necesidades de los sectores populares y progresistas.

El gran favorito a coronarse hoy como nuevo presidente de la República es Nicolas Sarkozy y, de confirmarse esos pronósticos, no cabe ser muy optimistas con respecto a las posibilidades de que el Estado francés encuentre cauce al malestar que viene expresando la sociedad en los últimos años con respecto al modelo socioeconómico y al funcionamiento de las instituciones. De saltar la sorpresa y ganar Ségolène Royal cabría esperar una reforma en este segundo ámbito, ya que la aspirante del PS ha hecho suya, aun sin dar muchos detalles de compromiso en materia de reforma electoral y de reordenación territorial, la bandera de la VI República.

Sarkozy no aspira a cambiar el legado de De Gaulle, no al menos antes de saborear las mieles del poder presidencial y, si su buena estrella se mantiene, de conseguir un gobierno de su mismo color en las ya cercanas elecciones legislativas. Pero, contra lo que pueda creerse, este no es un duelo a dos sino a tres, ya que del resultado que arroje la votación de hoy depende también en cierto modo el futuro del «tercer hombre». El centrista François Bayrou ha mantenido una calculada neutralidad. Nos ha dicho a quién no votará hoy. No depositará la papeleta con el nombre de Sarkozy, dice el criador de caballos bearnés. Sin embargo, ello no equivale a apoyar a Royal, aunque tampoco a secundar la opción del voto en blanco. Buena parte de los electos centristas, que alcanzaron sus cargos mediante las alianzas con la UMP, se han inclinado a respaldar a Sarkozy. Otra cuestión es lo que el electorado, particularmente el que ha apoyado por primera vez a este partido, vaya a respaldar con su voto al viejo sistema de los intereses particulares.

Aunque de forma distinta al año 2002, la ciudadanía ha buscado la forma de emitir una protesta ante la esclerotización de un sistema bipartidista que retrata de forma imperfecta a un país en pleno cambio de identidad y temeroso de perder capacidad de decisión en el contexto de la ampliación de la Unión Europea y de la globalización económica. ¿Alcanzará el sucesor de Jacques Chirac, se llame Nicolas Sarkozy o Ségolène Royal, a ver esa realidad?