Lo que el Tribunal Supremo ha hecho durante el viernes, el sábado y buena parte de la madrugada del domingo -con lo que ello supone de extralimitarse en los plazos- no ha sido decidir si había motivos o no para proscribir casi cuatrocientas candidaturas electorales vascas; lo que ha estado haciendo es ver cómo le daban cierto maquillaje jurídico a la decisión política ya adoptada de volver a prohibir ejercer sus derechos civiles y políticos a un sector importante de la ciudadanía de Euskal Herria. Es decir, trataba de encajar, aunque fuera a golpes, la decisión a los textos legales y ni siquiera así lo ha conseguido.

Si la sentencia referida a las agrupaciones electorales avaladas por 83.501 firmas es la muestra palpable del estado de excepción que se padece en este país, la que anula 133 candidaturas de EAE-ANV es un monumento a la falta de escrúpulos a la hora de retorcer una legislación ya de por sí restrictiva. Para evitar la participación electoral de un partido, las leyes españolas sólo permiten suspender penalmente su actividad -a lo que la Audiencia Nacional ya renunció el 28 de abril- o iniciar un proceso de ilegalización -algo que no pedía ninguna de las partes legitimadas para ello-. La posibilidad de actuar contra candidaturas, sólo se contempla en el caso de las agrupaciones electorales que se considere que sustituyen a una formación ilegalizada. Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía un interés no contemplado en la ley: castigar a todas las agrupaciones electorales y a un aparte sustancial de las listas de un partido legal. Él conocerá sus motivos. Y el caso es que, nuevamente, los tribunales españoles se han plegado a los deseos políticos de amordazar a parte de la sociedad vasca.

Las cosas son así. Y lo que cabría esperar de quienes han puesto en marcha una persecución política de este calibre -que supone, entre otras cosas, convertir en «contaminados» a miles de ciudadanos y ciudadanas por su ideología- es que, por lo menos, tengan la dignidad de asumir sin ambages sus decisiones. No cuenten milongas sobre la independencia judicial o el Estado de Derecho. Y, sobre todo, no hablen de democracia.