En las dos últimas semanas han aflorado diferentes casos de empleados que sufren la afección denominada «lipoatrofia semicircular» o «enfermedad de la oficina». Se la conoce desde la década de los setenta del siglo pasado y se la vincula con nuevos edificios, campos electromagnéticos y electroestáticos, ambiente seco y determinadas condiciones de trabajo. Se manifiesta en marcas derivadas de la pérdida de tejido adiposo, sobre todo en la parte anterior de las piernas y afecta mayoritariamente a las mujeres. Las mutuas todavía no la reconocen como enfermedad profesional.

Empleados de La Caixa en Barcelona dieron la voz de alarma, tras haber iniciado su trabajo en un nuevo edificio, pero también han surgido casos en el Banco Sabadell, en las oficinas de Gas Natural y en el Servicio de Emergencias de la Generalitat catalana. CCOO de Euskadi afirma que hay tres casos en una empresa vizcaina «que pueden responder a esa enfermedad», que no tiene un carácter grave, pero es molesta.

La Caixa ha promovido un estudio amplio de investigación científica para conocer y determinar las causas de esa afección que permita fijar unos estándares y controles de los edificios. En este trabajo participarán Applus+, Mutua Universal, Gas Natural y el servicio de prevención mancomunado de las cajas de ahorro.

Falta de planificación

En el fondo de este nuevo problema se encuentra el hecho de que las empresas no planifican la seguridad y la salud de sus trabajadores, sea en edificios nuevos o viejos. Prima más que el sistema productivo funcione para lograr más rendimientos, pero no se tiene en cuenta a las personas. Porque del «síndrome del edificio enfermo» se está pasando a la lipoatrofia que, precisamente, ocurre en edificios nuevos, pero que tienen una elevada carga de electricidad estática por el efecto de las nuevas tecnologías y la falta de humedad en los mismos. Los estudios reconocen que un 30% de los trabajadores del sector Servicios están afectados por el síndrome del «edificio enfermo».

CCOO de Euskadi se reafirma en la necesidad de «sacar a la luz la existencia de enfermedades profesionales» y, por otro lado, que «se reconozcan por parte de las autoridades competentes». La central sindical explica que todo ello debe «implicar al empresario para que se vuelque en la prevención, en este caso de los riesgos higiénicos, ergonómicos, sicosociales y la vigilancia específica de la salud».

Ayer se conoció, por otro lado, que La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Lakua y a una empresa a pagar una indemnización de 144.000 euros a la viuda de un técnico de la Delegación de Industria del Gobierno de Lakua en Bizkaia por su fallecimiento el 17 de abril de 1989 durante la explosión del concesionario de Opel en Gernika, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

La explosión se produjo como consecuencia de filtraciones de combustible de una gasolinera situada junto al concesionario y que había sido reiteradamente denunciada por el concesionario de vehículos ante el Ayuntamiento de Gernika y la Delegación de Industria de Gasteiz.

También esta semana se ha sabido que el servicio de seguro del Estado francés ha considerado a Renault responsable de la muerte de uno de sus ingenieros informáticos del centro Technocentre, cerca de París. Indica que Renault no atendió al trabajador, Antonio B., que se suicidó bajo presión a causa del grado de productividad al que estaba obligado.