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OCDE y OIT llaman la atención ante la elevada precariedad juvenil y la desigualdad laboral

Dos organizaciones internacionales han llamado la atención sobre la elevada precariedad juvenil que soporta el mercado laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo, tanto a nivel salarial, como de oportunidades y de trato.

Aunque los empresarios tratan de hacernos creer en cada una de sus comparecencias públicas que los trabajadores viven en un paraíso terrenal durante un tercio de sus vidas, nada está más lejos de la realidad. Lo confirman las organizaciones internacionales poco sospechosas de defender únicamente los intereses de la clase trabajadora.

La OCDE recogió en un informe sobre el mercado laboral del Estado español que la precariedad juvenil, que alcanza el 66%, es más del doble de la media de los treinta países que componen esa organización internacional, pero en Hego Euskal Herria la tasa de temporalidad sobrepasa el 70%, como indica Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios de ELA. La tasa de paro juvenil en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa ronda el 14%, dos veces más que la media general.

En otro informe, la OIT reconoce que la lucha contra la discriminación en el mundo del trabajo está registrando «importantes progresos», pero considera que es «preocupante» y que «sigue siendo significativa y persistente la desigualdad entre ingresos y oportunidades para las mujeres».

A la Organización Internacional del Trabajo pertenecen 180 estados, que han ratificado los principales convenios en estas materias, sin embargo considera que se están produciendo «constantes fracasos» en esta realidad. La desigualdad no sólo se encuentra entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, sino que en los países avanzados se produce una discriminación importante. «En la UE -indica el informe- la diferencia en los ingresos brutos por hora entre hombres y mujeres continúa siendo de un promedio del 15% de media», aunque se alarga al 30% para las diferencias salariales en Hego Euskal Herria, como confirman los representantes de los agentes sociales.

Un paso fundamental para acabar con la precariedad y la discriminación sería la disponibilidad de empleos de buena calidad. Sin embargo esa posibilidad se encuentra en manos de los empresarios que prefieren ofertar empleos precarios para obtener, sin duda, mayores beneficios económicos. La OCDE afirma que el Estado español «es el único en el que el joven tiende a permanecer con contratos temporales durante un largo período de tiempo, intercalando períodos frecuentes de paro cuando se mueven de un contrato a otro hacia el próximo empleo». Entre las medidas que la OCDE propone para que los jóvenes ingresen con una mayor continuidad en el mundo laboral se encuentran la mejora en la formación continua, alargar el período de prueba de los contratos indefinidos y que, tanto unos contratos como otros, tengan una indemnización menor «para incentivar a los empresarios a que contraten de forma más estable». En la actualidad, los empresarios tienen todas esas «armas a su favor», como reconocen las centrales sindicales, pero no establecen una relación laboral duradera, porque les es más rentable la fórmula de «usar y tirar» en el momento que necesiten.

La OIT lamenta, por otro lado, que «los obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres pueden impedir que las sociedades puedan alcanzar todo su potencial en la economía globalizada». Este organismo recomienda, por otro lado, que tampoco se discrimine a los discapacitados para acceder a un trabajo, puesto que en el mundo existen 470 millones de personas en edad de trabajar. «En Europa, un 66% de estas personas de entre 16 y 64 años tiene posibilidad de encontrar un empleo, pero en el caso de los discapacitados se reduce al 47% y a un 26% si tiene una discapacidad severa».

Mikel Noval, miembro de la Ejecutiva de ELA, considera que «la precarización de las condiciones de trabajo va en aumento», no sólo por la temporalidad creciente entre los jóvenes, sino por los empleos a tiempo parcial, la creciente subcontratación y privatización de servicios públicos. «Esta radiografía confirma unos niveles salariales entre los jóvenes precarios que no superan los 700 euros al mes, lejos de esa barrera de los mileuristas». El representante sindical reconoce que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, más de 125.000 jóvenes «no pueden independizarse por esa cruda realidad».

Juanjo BASTERRA

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