Miembros de Elkartzen, Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM), Bilgune Feminista y Mena 3ko Auzokideak mostraron ayer su malestar con la situación de las viviendas sociales de la Plaza Saralegi de Miribilla. Ya que tal y cómo señalaron estos colectivos, pasados tres años desde la construcción de 270 viviendas sociales de la mencionada plaza, a día de hoy, «80 todavía continúan vacías». Asimismo, aseguraron que «estas viviendas son propiedad del Gobierno Vasco, por lo que pedimos más acciones y menos demagogia para resolver este problema».

Alrededor de una treintena de personas, acompañadas de un colorido «etxebus», tomaron parte en el último de los actos previstos que tenían estos cuatro organismos para el mes de mayo respecto a de la problemática de la vivienda.

En el acto de la jornada de ayer, representantes de Elkartzen, BOM, Bilgune Feminista y Mena3ko Auzokideak, dieron lectura a un comunicado. En el texto señalan que «la política de vivienda está destinada a parchear la situación y no resuelve el problema de acceso de las personas necesitadas, ni frena los procesos especulativos».

A juicio de estos organismos, esa política se basa «fundamentalmente en sorteos de nueva VPO en compra-venta, en los que se sortea un derecho y se pone un límite mínimo de ingresos dejando incluso fuera del bombo a las personas con menos recursos». Además, incidieron en que «se sigue construyendo sin tener en cuenta la huella ecológica que ello está provocando».

Dentro de esta política de «parches», englobaron diferentes decisiones políticas como «la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento de Gasteiz o el plan de vivienda hasta 2009 para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa».

Ante ésta situación, los colectivos presentes en la capital vizcaina, señalaron que en su opinión, «habría que articular mecanismos para que esas viviendas que ahora permanecen vacías se adjudiquen a las personas más necesitadas en régimen de alquiler». Por ello, denunciaron que «la Consejería del señor Madrazo está facilitando el negocio del cemento y la especulación dando luz verde en la construcción, mientras que en la CAV son casi 150.000 las viviendas no utilizadas de manera continuada».

Finalmente, solicitaron a los candidatos a la alcaldía de Bilbo varios mínimos de cara a «garantizar el uso de una vivienda, el uso de la vivienda vacía, el desarrollar el alquiler publico, poner límites a los alquileres y la gestión social de la vivienda».