Tras el desalojo del palacio del Marqués de Rozalejo de Iruñea y las 46 detenciones que ello conllevó a primera hora del domingo en la capital navarra, numerosos miembros del movi- miento Iruñerria Piztera Goaz y personas que se vieron afectadas en primera persona comparecieron ayer para denunciar todo lo acontecido y recalcar, una vez más, que «vamos a volver a ocupar y a gestionar un gaztetxe» en la capital navarra.

Fue el pasado viernes por la tarde cuando un grupo de unas cien personas entró en el palacio del Marqués de Rozalejo, situado en la Plaza de Nabarreria de Iruñea. El objetivo que perseguían era el de «revitalizar» ese edificio propiedad del Gobierno navarro y «sin uso» desde hace más de tres años, y fundar allí el nuevo gaztetxe de Iruñea, infraestructura con que la ciudad no cuenta desde que en verano del 2004 fueron brutalmente desalojados y derribados el gaztetxe y el frontón Euskal Jai.

Los «jóvenes y no tan jóvenes», como ellos mismos se definen, hicieron ayer recapitulación de lo acontecido para con- cluir que la de los gaztetxes o centros sociales «es una necesidad más que justificada». «La demanda de espacios de autogestión por parte de gente joven y no tan joven es una necesidad real», recalcaron.

Esa necesidad se ve agravada, añadieron, «en un mundo con minúsculos espacios de autonomía y de grandes falacias de libertad consumista», donde además de necesidad esto se con- vierte en un derecho, afirmaron los portavoces del grupo.

«Por ir en contra de un feudo»

Los allí presentes no quisieron, como es lógico, dejar de referirse a las 46 personas que fueron detenidas por agentes de las policías foral y municipal de Iruñea, algunas de las cuales no hacía sino protestar por una ac- tuación policial que calificaron de «brutal». Denunciaron que todos ellos fueron detenidos por su mero «deseo de construir espacios de autogestión». Los portavoces de ambos movimientos no dudaron en elogiar a esas 46 personas, sobre las cuales aseguraron que «están dispuestas a interponer su cuerpo para defender un espacio de construcción colectiva en el que todo estaba por hacer», señalaron. Ejemplo de ello fueron todas las personas, alrededor de 70, que cuando se produjo la irrupción policial se encontraban en el nuevo gaztetxe -algunos de ellos en el tejado del palacio-. Otro de los que cumple con esa afirmación en el sentido más estricto de la misma es el joven que finalmente fue puesto en libertad el domingo pero que anteriormente recibió una fuerte paliza por parte de seis policías forales, según denunciaron el mismo día en la página web del colectivo Iruñerria Piztera Goaz.

La mayor razón por la que fueron detenidas esas personas, apuntaron en la comparecencia de ayer, es que van «contra la corriente» de un ayuntamiento que tildaron de «totalitario» y que lleva las riendas de la ciudad, señalaron, «como si de un feudo privado se tratase».

También se refirieron a la procedencia dispar de los detenidos y el realce dado a esta cuestión por diferentes medios de difusión a partir del desglose ofrecido por instancias policiales. Y es que además de ciudadanos de Euskal Herria entre los detenidos había personas de Córdoba, Huesca, Madrid, Granada, Zaragoza, Castellón, Asturias, Avila, Canarias, Andorra, Murcia e incluso de Sudáfrica. En la comparecencia de ayer, los portavoces de Iruñea Piztera Goaz y del movimiento okupa señalaron al respecto que estas 46 personas integraban un espacio «diverso, como diversa era su procedencia». Denunciaron, asimismo, los comentarios «xenófobos» que, según sus palabras, «han inundado la prensa local y nacional estos días».

A pesar de esas consecuencias, sin embargo, en ningún momento abandonaron la idea de que volverán a ocupar y a autogestionar un local que satisfaga sus necesidades y donde puedan llevar a cabo sus proyectos.

«Déja vù»

Lamentablemente, sin embargo, lejos de ser un hecho aislado, lo ocurrido con el gaztetxe que se pretendía crear en la Plaza de Nabarreria es un caso más de lo numerosos que nos encontramos a lo largo y ancho de nuestra geografía, y ayer tampoco dejaron pasar la oportunidad para denunciar eso.

Los portavoces hicieron referencia a un «déja vù», a la sensación de que un hecho o situación ha sido vivida anterior- mente. De ese modo, recordaron el desalojo y posterior derribo del que durante largos años fue el gaztetxe de la capital navarra, el Euskal Jai, ahora convertido en solar que se prevé que acoja un centro hidrotermal.

Llamaron la atención sobre la diversidad de reacciones que hubo también en aquel momento, pero destacando sobre todo las muestras de apoyo -como las recibidas el sábado pasado por los vecinos de Nabarreria con aplausos, gritos y sonoras caceroladas-. Y censuraron la «brutal actuación policial para llevar a cabo un desalojo, la resistencia pacífica, digna y fuerte por parte de las personas que defendían los espacios, la cerrazón absoluta de las instancias municipales obcecadas en hacer valer su valor y su poderosa mano de hierro, y el apoyo por parte del vecindario, de colectivos sociales e incluso de partidos políticos».

Este último punto, el referente a las diferentes respuestas obtenidas por parte de los partidos político o colectivos sociales también fue motivo de reflexión, según dieron a conocer, para los miembros de los movimientos en favor de la ocupación e Iruñea Piztera Goaz.

«Sed coherentes»

Además de los partidos ANV, Batasuna y el colectivo antirrepresivo Askatasuna, también la candidata a alcaldesa de Iruñea por Nafarroa Bai, Uxue Barkos, criticó el desalojo y pidió el voto para «poder acabar con la dictadura municipal de UPN» durante un mitin el sábado en el Anaitasuna. En la comparecencia de ayer, agradecieron ese apoyo y señalaron que ellos siempre están en contra de «cualquier dictadura municipal». Sin embargo, dando lugar a un nuevo «déja vù», añadieron que para ellos tan dictadura municipal es la que lleva a cabo UPN como la que tuvo lugar cuando se derruyó el gaztetxe de Burlata.

Denunciaron aquel aquel caso «no tuvo nada que envidiar en brutalidad al del sábado» y que «fue aprobado por Aralar y Batzarre», partidos que conforman Nafarroa Bai. Recordaron también el caso de EA en Altsasu -otro de los integrantes de dicha coalición- y los numerosos desalojos que lleva a cabo el PNV en todo Euskal Herria. De brutalidad municipal calificaron también el hecho de «secundar o incluso sacar provecho de la ilegalización de otros partidos políticos».

Por todo ello, desde el movimiento okupa y desde Iruñerria Piztera Goaz exigieron a los agentes políticos que «no utilicen las luchas populares como meras herramientas de su campaña electoral. Y en el caso de NaBai -añadieron-, pedimos que actúe con coherencia con lo pregonado el sábado en el caso de que en el futuro se encuentren en sus manos ese tipo de decisiones».