La campaña entra en su recta final y la cuestión principal que planea sobre la ya cercana cita electoral sigue pendiente de respuestas y de compromisos reales. Si la precampaña estuvo marcada por la ilegalización de listas electorales, conforme se va aproximando la cita electoral lo que ha venido siendo una referencia obligada -incluso la denuncia de la ilegalización puede servir para hacer un discurso «políticamente correcto»- ha perdido peso en el mensaje de los candidatos, cuando no se ha convertido en una compañía molesta para los que, a estas alturas, se centran exclusivamente en hacerse con el lugar apetecido en las instituciones municipales y forales. Esa actitud, que sería del todo lógica en una situación de normalidad política, debe acogerse con preocupación cuando en estas elecciones está en juego la oportunidad de este país de afrontar un cambio político en profundidad.

Las protestas y denuncias de la ilegalización de candidaturas han marcado, pese a todo, una campaña que algunas opciones políticas tratan de convertir en un paréntesis político, en un periodo en el que se trata de reclamar el voto y «nada más». Esa disección se demuestra del todo irreal, y no sólo porque haya ciudadanos que rechacen, de forma activa y pacífica, tal falacia política, sino porque salta a la vista que ésta es una campaña hacia unas elecciones que no se disputarán en las debidas condiciones democráticas.

El marketing recomienda hacer una campaña normalizada, pero ello conlleva «inconvenientes» como ver carteles contra el «pucherazo» o a candidatos excluidos de los debates reclamar un lugar en la televisión pública. Sin embargo, a estas alturas, lo que urge es que los partidos expliciten sus compromisos frente a este ataque a las libertades, como se denuncia en el manifiesto de los eurodiputados. Si aspiran a habilitar una solución democrática, deberán empezar por tener en cuenta todos los votos y, por descontado, dar reflejo a los mismos en el escenario institucional.