El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Koldo Azkoitia, explicó ayer en una rueda de prensa que Rufino Eizagirre, en su condición de alto funcionario con un cargo de libre designación, efectuó una declaración de actividades en la que no informó sobre su participación en las empresas Roza Cabrera SL y Ekialde SL junto al principal acusado por la fiscalía en el presunto fraude de la Hacienda de Irun, José María Bravo. La fiscalía sostiene que estas compañías eran utilizadas para blanquear el dinero desviado en la delegación de Hacienda.

Azkoitia dijo que el destituido funcionario no desempeña ningún cargo «político» ni de «confianza», tras lo que mencionó que en la Diputación hay 98 altos funcionarios que desempeñan cargos de libre designación.

El portavoz foral criticó a los medios por efectuar un «linchamiento público» a esta persona, ya que tachó de «absurdo» imputarle «responsabilidades políticas a un funcionario».

Azkoitia informó además de que la Diputación está efectuando gestiones para contratar a un «penalista de prestigio» para llevar, junto con los servicios jurídicos de la institución foral, la acusación particular en el procedimiento judicial por el fraude en la Hacienda de Irun. Explicó que la línea de actuación se orientará a lograr que «los generadores del fraude asuman la responsabilidad de resarcir las cantidades defraudadas», más más de 5 millones de euros.