Amnistia Internacional (AI) dio ayer a conocer en Londres su informe anual. En dicho balance, el organismo, que vela por los derechos humanos en el mundo, recoge las diferentes agresiones a estos derechos acaecidos durante el pasado año en diferentes países.

A este respecto, el informe constata que Estado español es uno de los paises donde estos no han sido respetados. Más concretamente, el documento hace especial referencia a los cinco días de incomunicación, prorrogables hasta los trece, que contempla la legalidad española para los detenidos. El organismo internacional destaca que durante el citado período de incomunicación, personas detenidas acusados de presunta relación con ETA, denunciaron haber sufrido torturas.

Al hilo de ello, destacaron que pese a que Estado español ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, «mantuvo practicas condenadas por el relator especial de Naciones Unidas por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato».

AI subraya que «en muchos casos» de tortura y malos tratos «quedan impunes y no son motivo de investigaciones sistemáticas e independientes».

Asimismo, constata que en multitud de ocasiones, los responsables de estos casos de tortura «son policías y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».

Criticas españolas

Pocas horas después de conocerse el informe anual de Amnistia Internacional, la Conferencia Española de Policía (CEP) cargó duramente contra el este organismo en favor de los derechos humanos. De hecho, la CPE afirmó que AI, junto con SOS Racismo, «son la vergüenza de las ONGs españolas, ya que ponen en grave peligro la encomiable labor que realizan el resto». Asimismo, señalaron que el informe, donde se denuncian todo tipo de vulneraciones a nivel mundial desde Irak hasta el Estado español, es «fantasioso y puede llegar a la injuria».

De hecho, la Confederación Española de Policía sostuvo que la mundialmente conocida asociación elaboró el informe presentado ayer en varios lugares del planeta «para mantenerse viva en los medios de comunicación y seguir cobrando subvenciones publicas».