Como lo han hecho varios sindicatos estatales, también LAB ha llamado a hacer huelga el próximo lunes, coincidiendo con la celebración de la festividad de Pentecostés en el Estado francés.

La central abertzale considera que «se trata de trabajo forzado impuesto» y denuncia que continúe aún en vigor «a pesar de las fuertes protestas que desde su puesta en marcha ha suscitado en la mayoría de sindicatos de trabajadores».

Tras el fallecimiento de cerca de 15.000 personas el verano del 2003, que fue particularmente caluroso, el gobierno de Jean-Pierre Raffarin puso en marcha un plan de solidaridad con las personas mayores, por ser el sector de población donde más víctimas hubo. Además, incluyó en el plan programas específicos para las personas minusválidas.

Para la financiación de dicho plan, Raffarin instauró la obligación de trabajar una jornada suplementaria sin cobro de salario. Los activos generados por la misma, tanto por parte patronal como de los trabajadores, se destinarían al plan.

El año pasado, Dominique de Villepin aprobó la posibilidad de fraccionar la jornada y distribuirla en el calendario laboral, pero a juicio de LAB, sigue siendo «un día trabajado no remunerado».

No habrá cambios

Aunque con la formación del nuevo gobierno, había quien esperaba cambios, el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, ha manifestado que se mantendrá el principio de la jornada de solidaridad «porque el dispositivo ha probado su eficacia» -se calcula que permite recaudar 2.000 millones de euros- pero se ha declarado dispuesto a evaluar su aplicación e introducir las mejoras pertinentes.

Sin embargo, según el resultado de varios sondeos, el 59% de los franceses no trabajará el lunes, bien porque sus empresas cerrarán o porque lo tomarán como festivo de los días de recuperación generados por la aplicación de las 35 horas.