Euskal Herria en su conjunto vive en clima electoral. A los ciudadanos de Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea les tocará acudir a las urnas el próximo 10 de junio. En juego, tres cargos de la Asamblea Nacional francesa. Uno de ellos, el correspondiente a la circunscripción mixta, quedará en manos de un político bearnés. Quedan dos cargos más a dirimir, cómo no, entre la todopoderosa derecha que capitanea la nueva ministra de Defensa, Michele Alliot-Marie, y una socialdemocracia que confía en que el viento a favor de las presidenciales, en las que feudos de derecha como Baiona se escoraron hacia Ségolène Royal, no haya perdido demasiada fuerza.

En todo caso, las elecciones en Ipar Euskal Herria permitirán además visualizar, aunque esta cita electoral no sea la más favorable, las posibilidades de los abertzales de estabilizar los compromisos que han dado lugar a Euskal Herria Bai, la única opción que, merced al pacto entre AB, EA y Batasuna, asegura la presencia de candidatos abertzales en las tres circunscripciones en juego. El reto está en mejorar porcentajes, pero sobre todo en restablecer la confianza en las posibilidades de trabajar codo a codo entre diferentes para extender en la sociedad la reclamación del respeto hacia la lengua, la cultura y, más globalmente, hacia la palabra de los ciudadanos y ciudadanas del norte de Euskal Herria. El derecho a decidir ocupará un espacio, modesto, pero capaz de marcar una senda de trabajo que, pese a no estar exenta de dificultades, tiene grandes potencialidades.

Derecho a elegir, derecho a decidir. Hoy en los cuatro territorios del sur vasco los ciudadanos con derecho a voto -los inmigrantes, los nuevos ciudadanos, no podrán hacerlo como sería de desear en una democracia plena- están llamados a elegir a sus alcaldes y junteros, y de manera añadida a sus parlamentarios en el caso de los electores y electoras de Nafarroa.

Fiesta de la democracia, entierro de votos

Desde primeras horas de la mañana, con la llegada de los candidatos a los colegios electorales, escucharemos las habituales exaltaciones a la «fiesta de la democracia». Sin embargo, el discurso prefabricado se estrella con una realidad cargada de vetos, ausencias, exclusiones. Nada que celebrar tienen quienes aspiran a que el derecho a elegir sea el complemento necesario del derecho a decidir. Y está vulnerado el primer derecho, y el segundo se niega por activa y por pasiva cada vez que se ponen frenos a un proceso democrático que permita superar el conflicto político que soporta Euskal Herria.

Miles y miles de ciudadanos acudirán hoy a las urnas con una papeleta que no en todos los casos les garantiza el respeto su libre elección. En aquellas localidades e instituciones en que la justicia española ha anulado listas esos votos serán computados, una vez más, como sufragios nulos. Así figurarán en las actas oficiales, en nueva confirmación de las limitaciones de derechos en que se asienta el sistema político que gestionan el PSOE desde Madrid y subsidiariamente los gobiernos de Iruñea y de Lakua. Pero, también en esto, una cuestión es elegir y otra decidir. Y la elección hecha por quienes durante largos meses jugaron a dejar pudrir una oportunidad histórica de alcanzar la paz choca contra la realidad de una sociedad, la vasca, que hace una apuesta en firme por decidir sobre su futuro en paz y en libertad.

Cuando se cierre el escrutinio, para algunas formaciones políticas sólo existirá el debate habitual sobre el reparto de votos y de cargos. Sin embargo, esos datos que se repetirán con profusión no servirán para dibujar el mapa político real de este país, no al menos si desde todas las formaciones políticas no se asume el elemental compromiso democrático de contabilizar, respetar y trasladar a las instituciones todos y cada uno de los votos que hoy depositen en las urnas los ciudadanos.

A buen seguro, quienes hacen del respeto a una ley injusta su razón de ser en el actual entramado institucional advertirán, apresuradamente, de la imposibilidad de respetar cabalmente lo que digan las urnas. Lo hicieron hace cuatro años y, pese a las denuncias retóricas de la Ley de Partidos, nada apunta a que vayan a variar en su actitud ahora, aunque ello implique enterrar una parte de la voluntad de la ciudadanía, aunque ello suponga añadir lastre a un proceso político que se encuentra en una situación del todo preocupante. Ese es el guión general con el que hemos llegado al 27-M, a una jornada que no garantiza el derecho a elegir, no a todos los ciudadanos, pero que, por extraño que parezca, puede servir, y mucho, para dar un impulso fundamental al derecho a decidir.

Más allá de la elección de representantes en las instituciones, en esta jornada se juega la oportunidad de reforzar el apoyo social con el que cuenta el proceso democrático. A esos efectos, todos y cada uno de los votos que se orienten a impulsar candidaturas que hacen suyo el compromiso de llevar a este país a un escenario de paz y normalización democrática resultarán imposibles de tachar. Quedarán escritos en las actas de este país y, por descontado, tendrán un valor fundamental de cara a desatascar vías que hoy puedan aparecen obstruidas por razones de Estado y de inmovilismo político.

Si algo se ha demostrado con la legislatura del apartheid, y que volverá a demostrarse hoy pese a la nueva embestida de los tribunales españoles, es que no es posible borrar del mapa político ideas y proyectos que gozan de un amplio respaldo de la ciudadanía, que no se puede eliminar de la vida política a sectores ciudadanos firmemente comprometidos con la búsqueda de un escenario político basado en la igualdad.

Es del todo incompatible enterrar votos y lanzar vivas a la democracia. La ciudadanía vasca lo sabe y rechaza perpetuar este escenario de vetos. Es 27-M, y está en juego llenar las urnas con votos que impulsen soluciones.