Las jurisdicciones especiales del Estado francés en materia «antiterrorista» fueron ayer uno de los temas desarrollados en el foro por la defensa de las libertades Askatasun Oihua, organizado conjuntamente este fin de semana por Askatasuna y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHPB) en Baiona.

Fue el abogado Koko Abeberry quien estrenó las intervenciones con un recorrido histórico, particularmente interesente, sobre la evolución y adecuaciones que se han dado en la materia en diferentes etapas y con gobiernos de diverso signo político. Retrotrayéndose al siglo pasado, el veterano letrado indicó que ya entre las dos grandes guerras existían disposiciones especiales contra lo que ha venido a denominarse comúnmente «terrorismo», normas destinadas a combatir la disidencia y «permitir la persecución de todo aquello que no entraba en las normas del Estado».

Recordó que ya en la guerra de Argelia se adecuó la jurisdicción a las necesidades del momento. Abeberry evocó la transformación realizada por el Go- bierno de Guy Mollet (1956) -del que François Mitterrand fue ministro de Justicia- de la Cour d'Assises (tribunal que se ocupa de juzgar casos criminales) para «cuestiones terroristas», que dio paso a tribunales militares especiales. El objetivo del cambio de jurisdicción era evitar que magistrados argelinos pudieran integrar el tribunal.

Ilegalizaciones

Abeberry evocó también legislaciones anteriores a la llegada de los socialistas al gobierno en 1981 que sirvieron, entre otros, para ilegalizar y disolver movimientos políticos como la LCR o independentistas como Enbata en julio de 1987 o, incluso, «asociaciones extranjeras como ETA, que fue prohibida en territorio francés en 1972».

Posteriormente, el ya presidente Francois Mitterrand derogó las leyes y jurisdicciones de excepción y amnistió a los 38 presos políticos (cinco de ellos vascos) que la Corte de Seguridad del Estado había enviado a prisión.

El abogado y miembro del CDDHPB recordó que, si bien no hubo jurisdicciones especiales hasta la llegada de la derecha al Gobierno en 1986, no por ello los juicios contra militantes políticos cesaron. «Entre 1981 y 1986 hubo en Baiona y Pau 62 procesos políticos: 34 en relación con ETA, 19 con IK y 9 con el GAL. La mayoría de las acusaciones eran por `asociación de malhechores', término que por lo peyorativo molestaba incluso a los fiscales» señaló Abeberry. La mayoría de las sentencias oscilaban entre los tres y los cinco años de cárcel.

A partir de la Ley Pasqua, denominada así por el ministro de Justicia del primer gobierno de «cohabitación» y promulgada en 1986, empezó a instaurarse el marco jurídico vigente que Didier Rouget se encargó de desgranar en la jornada de ayer.

El jurista recordó que desde entonces «la legislacion de excepción es constantemente actualizada y modificada» por los sucesivos gobiernos y parlamentos, y subrayó los tres grandes cambios que ha acarreado.

En primer lugar, la especialización de los magistrados en todas las fases, desde la de persecución a la de instrucción y a la del juicio. En segundo, el establecimiento de un regimen procedural específico donde el recorte de libertades es cada vez más patente (periodo de detención hasta seis días, negación de asistencia letrada durante la misma...). Y, por último, la calificación de las acusaciones que combinan actos delictivos de derecho común con el objetivo «terrorista» y que ha provocado, entre otras cosas, un aumento considerable de las penas dictadas por los tribunales.

Aplicación actual

La abogada Yolanda Molina, por su lado, se centró en las consecuencias prácticas que conllevan todas estas legislaciones y explicó lo que ocurre «casi sistemáticamente» con los militantes vascos cuando son detenidos en territorio del Estado.

Así, señaló que, amparándose en «la necesidad de controlar la situación, las detenciones realizadas por la Policía o la Gendarmería son cada vez más más violentas». La letrada relató las trabas que encuentran para ejercer su labor de defensa y denunció, entre otras cuestiones, «el prolongamiento innecesario» de la fase de instrucción, «cuyos plazos rozan el máximo permitido por la ley».

El relato de lo que sucede cotidianamente, apoyado en casos y personas reales que muchos de los presentes conocían, dejó en evidencia los efectos directos que sobre los derechos y libertades tienen todas estas legislaciones especiales que han sido instauradas, en lo que se refiere a la época actual, hace apenas dos décadas.

Dice un famoso tango que veinte años no son nada y, seguramente, así será en determinadas cuestiones. En ésta, sin embargo, puede decirse que el Estado francés, tan orgulloso de ser la patria de las libertades, no ha perdido el tiempo contra la disidencia vasca.