A las puertas de la constitución de los nuevos gobiernos municipales y forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, diversos colectivos sociales y sindicales, así como personas representativas del ámbito universitario y cultural, presentaron ayer un manifiesto en el que declaran que las instituciones públicas tienen que hacer de la problemática de la vivienda «una prioridad y una apuesta política de calado, al igual que ocurre en otros países de Europa».

Estiman que la carencia de objetivos de equilibrio social y «el sometimiento a los intereses del sector financiero-inmobiliario hace que el mercado de la vivienda se convierta en un factor de discriminación de los hogares, perjudicando enormemente la cohesión social». Además, reclaman un control público sobre la política de urbanización, ya que «la sobreurbanización implica el deterioro físico y social de la ciudad consolidada con desequilibrios y muchas consecuencias negativas».

Los promotores subrayan que «la política de vivienda justa y progresista no es una mera construcción de VPO», por lo que se debe «desligar el derecho a la vivienda del derecho a ser propietario. El uso, y no la propiedad del bien -resaltan-, es la acción a proteger».

Inciden en que esto sólo será posible si se regula el acceso a la vivienda como un verdadero derecho de la ciudadanía exigible ante los poderes públicos, «si se destinan los recursos económicos necesarios y políticas necesarias para tal fin».

Tras remarcar la responsabilidad de todas las administraciones públicas, creen importante la coordinación de sus políticas, que necesitarán de «mayores presupuestos y recursos».

Otro de los aspectos más importantes, a su juicio, es que el dinero público ha de invertirse en la promoción directa de vivienda pública, «reduciendo o eliminando por tanto las deducciones y las ayudas fiscales a la compra de la vivienda».

Su apuesta, por el contrario, son las subvenciones directas, como ocurre en otros estados europeos. «Debe corregirse el contenido de las políticas de vivienda desarrolladas por las administraciones que impulsan la vivienda en propiedad, cada vez más cara, que promoviendo y desgravando dejan fuera a los sectores sociales más débiles», argumentó Javier Delgado.

Su apuesta es el alquiler social para garantizar el acceso a la vivienda. «Los alquileres a pagar han de ser limitados y justos, ofreciendo la posibilidad a toda persona de disfrutar de sus derechos y de poder llevar a cabo su proyecto de vida autónomo», explican después de reivindicar parques públicos de pisos.

Consideran «imprescindible» poner en marcha una política decidida para aprovechar las miles de viviendas vacías que existen. «Más que construir, el objetivo político más importante a día de hoy es el de reutilizar y optimizar el parque de viviendas vacías», puntualizan.