El Tribunal Supremo de Sri Lanka ordenó ayer a la Policía que suspenda la expulsión de ciudadanos de la etnia tamil de la capital, Colombo. La orden se emitió un día después de que el Gobierno forzara a unos 400 tamiles a abandonar Colombo y los trasladara en autobuses al norte y este del país, donde esta etnia es mayoritaria, en el marco de una operación para prevenir atentados de los Tigres tamiles (LTTE).

La ONG Centro para Políticas Alternativas acudió al Supremo para que dictaminara la legalidad de la evacuación forzosa, que provocó fuertes protestas de la oposición y de los propios aliados del Gobierno. Ahora el Tribunal ha ordenado la suspensión de la medida y, demás, ha resuelto que a aquellos que han sido deportados no se les debe impedir el regreso

El Gobierno afirmó que efectuó «una operación rutinaria de búsqueda» y que encontraron «a estas personas que se hallaban en Colombo sin un motivo válido», enviándolos de vuelta a sus lugares de origen. Para justificar el traslado, las autoridades alegaron que la Policía sospechaba que entre los tamiles podría haber algún miembros del LTTE, organización que lucha desde hace más de dos décadas para conseguir un Estado independiente en el norte y este de la isla. Distintos grupos calificaron la medida de «discriminación descarada» y divisionista que incrementará la tensión en el país.