Al contrario que otros compañeros de partido y de otras formaciones en liza, Ramón Jáuregui no ocultó ayer su apuesta por evitar que ANV acceda a las alcaldías donde ha sido la fuerza política más votada el 27 de mayo. En declaraciones a RNE, manifestó que el acuerdo con otras formaciones para apartar a la izquierda abertzale de los gobiernos municipales «es imprescindible. Es la respuesta lógica, el corolario democrático necesario a lo que acaba de ocurrir», en referencia a la finalización del alto el fuego de ETA.

Jáuregui reclamó un acuerdo político «del que no se habla y que me parece que ya es hora de hacerlo: que las mayorías minoritarias de ANV no puedan llegar a la alcaldía, por el acuerdo de los demás partidos de votar al segundo partido para que tenga la alcaldía». El dirigente del PSOE recordó que ya «se hizo en 1999 y es posible y necesario hacerlo» en consistorios como Pasaia, Arrasate o Bergara.

El diputado aseguró tajantemente que es «imposible» impedir que los electos de ANV tomen posesión de su cargo el sábado 16 de junio, como reclama el líder del PP, Mariano Rajoy, y explicó que «la regla constitucional en ese sentido es incuestionable e impecable desde el punto de vista democrático. Podremos discutir sobre la acción judicial del Estado, pero una vez producidas las elecciones -recalcó- el mandato electoral es inviolable».

Desde las filas del PSOE, su secretario de Organización, José Blanco, insistió en declaraciones a Onda Cero en el mensaje transmitido por Ramón Jáuregui de que es «imposible», como desea el PP, que los electos de ANV no tomen posesión de sus cargos. Blanco confesó que se quedó «sorprendido» y «sonrojado» cuando escuchó a Mariano Rajoy que «para poder apoyar al Gobierno los electos de ANV no tienen que estar en las instituciones».

Aseguró que Rajoy «sabe que eso es imposible» porque la jusrisprudencia del Tribunal Supremo español establece que una posible ilegalización de ANV no afectaría a los candidatos electos de este partido.

En La Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, su portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que ANV es una formación política que «ha pasado todos los filtros» que marca el Estado de Derecho y, por tanto, «está dentro de la ley». La vicepresidenta primera del Gobierno apostilló que «en una democracia como la nuestra no se le dice a los jueces, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional cómo hay que aplicar las normas».

«No tiene legitimidad»

A su vez, el candidato a diputado general de Bizkaia por Ezker Batua-Aralar afirmó que ANV «no tiene ninguna legitimidad» para reclamar los cargos electos que no le han sido asignados por la anulación de sus listas. José Ferrera dijo que los independentistas de izquierda son quienes «usurpan» cargos a su coa- lición y lo atribuyó a la Ley D'Hont que rige el reparto de las actas de apoderado. «ANV no está legitimada para reclamar ningún cargo de EB-Aralar», reiteró.

Por su parte, el coordinador general de EB, Javier Madrazo, pidió a Batasuna que, ante la constitución de los ayuntamientos, «alce la voz por la vulneración de derechos humanos que supone la amenaza de ETA a los concejales de otros partidos; es inmoral -añadió- que los electos de ANV tomen sus escaños y no digan nada»

Josu Murgia, juntero por Busturia-Uribe y miembro de Aralar, habló de que están «dispuestos» a participar en un diálogo para llegar a «un pacto democrático que hable de los cargos, de las presiones, de las amenazas, de los insultos...».