Lo que está ocurriendo con el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca es realmente escandaloso. (...) ha sido Pernando Barrena quien ha pedido el voto para ANV; y Pernando Barrena, como lo prueba la libertad de que disfruta, no es una persona ilegal ni ha cometido ningún acto terrorista. ¿Cómo se explica, entonces, que se vea privado de su derecho a emitir una opinión y a pedir el voto para quien le plazca?

Pues se explica porque la voluntad política de acabar con la violencia es inferior a la voluntad de mantener la unidad de España. La unidad de España -que como toda persona culta sabe comenzó con el Big Bang- es materia sagrada y la defensa de lo sagrado, es lógico, está por encima del Estado de derecho y de los Derechos Humanos. (...) Saben perfectamente que las medidas policiales no van a terminar con el conflicto, pero ahí radica la perversidad de su programa: mientras ETA exista, España podrá continuar hablando de «violencia en el País Vasco» y mientras haya riesgo de violencia habrá excusa para ilegalizar a todos cuantos se identifiquen con los objetivos independentistas de ETA aunque no con su forma de alcanzarlos. De lo que se trata, en suma, es de frenar, o por los menos dilatar, la inevitable descomposición de una España imposible (...)

Pero, como decía al principio, lo más grave es que algo tan antidemocrático como la ley de partidos pueda pasar por encima de la ley electoral hasta el punto de criminalizar una formación política según la opinión que tenga de ella una persona determinada. Estamos hablando, por consiguiente, de algo mucho más peligroso que la conculcación de la libertad de expresión, estamos hablando de la institucionalización del delito de opinión. ¿Se da cuenta, el lector, de lo que eso significa? Significa la criminalización del pensamiento y la creación de una nueva figura delictiva: el terrorista pasivo. Es decir, cualquiera de nosotros.