Desde el inicio de su andadura no han contado con el pleno reconocimiento de las instituciones, que han querido estigmatizar su actividad profesional presentándola como una «guerra jurídica y política contra los militares por encargo de la guerrilla». A ello se suman constantes amenazas, «visitas» inesperadas, seguimientos, registros... que «ponen en riesgo nuestra seguridad e integridad personal», subraya a GARA la abogada Adriana Arboleda. «Desde el pasado año, hemos sufrido seguimientos por parte de personas vestidas de civil. Luego hemos sabido que estaban adscritas a la inteligencia militar».

Esas mismas personas han interrogado a residentes del edificio donde se ubican las oficinas de la CJL sobre la actividad de los seis abogados que integran el bufete. Sin ir más lejos, el 25 de mayo recibieron una carta amenazante en la que «se nos exige que renunciemos a algunos procesos penales». La misiva dice lo siguiente: «So pena de ser declarados nuestro objetivo, no ensucien sus hojas de vida ni sus conciencias y, sobre todo, no hagan que nosotros ensuciemos nuestras conciencias además de nuestras manos con la sangre de ustedes».

Arboleda sitúa el origen de tanta persecución en varias denuncias e investigaciones en las que queda patente «la responsabilidad de agentes del Estado en violaciones de derechos humanos». Una de esas investigaciones se centra en las ejecuciones extrajudiciales que han tenido lugar en el Oriente antioqueño. «Documentamos 110 casos de campesinos que fueron asesinados y, posteriormente, presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate», explica. La CJL también ha asistido a la comunidad de San José de Apartado en el proceso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de cuatro menores de edad y cuatro adultos el 21 de febrero de 2005. Miembros de la Brigada XVII del Ejército participaron en esta masacre.

Paramilitarización de Medellín

Otro de los focos de atención de estos abogados es la «paramilitarización de los barrios de Medellín y las víctimas de los paramilitares que siguen ejerciendo su control tanto en los barrios como en otras regiones del Departamento». Califica de «muy complicada» la situación que se vive en estas zonas.

«Desde el inicio del proceso de desmovilización de paramilitares, hemos sostenido que el objetivo de este proceso era legitimar y legalizar el paramilitarismo en la ciudad. En los últimos meses ha habido un incremento de las acciones paramilitares, principalmente en la comuna 13 de Medellín. Ha habido asesinatos, amenazas contra líderes de organizaciones de derechos humanos e, incluso, las instituciones públicas han dicho que todas nuestras denuncias responden a una estrategia política y jurídica de la guerrilla», destaca Arboleda. El ambiente, continúa, es de «mucha zozobra y persecución».

Uno de los mayores riesgos a los que a diario se enfrentan es «el intento de deslegitimar nuestro trabajo por la vía judicial». En este contexto sitúa el proceso abierto contra el letrado Elkin de Jesús Ramírez Jaramillo.

La «guerra sucia» y sus múltiples plasmaciones -atentados, desapariciones forzadas, amenazas- también están en la mente de Arboleda y sus compañeros, que habitualmente se mueven por zonas de «muchísimo control militar», hecho que aumenta «la angustia por lo que le pueda pasar a cualquiera de los miembros de la corporación».

Subraya que, si bien en el ámbito internacional el Gobierno de Álvaro Uribe ha difundido «la idea que la situación en Colombia ha mejorado», nada ha cambiado. Eso sí, «lo que han variado son los métodos y las modalidades de agresión». «Hoy no asistimos tanto a masacres y ejecuciones abiertas de líderes, sino a desapariciones forzadas. Ha habido un incremento de las ejecuciones extrajudiciales en las zonas rurales, así como de las detenciones arbitrarias. No tenemos el espectáculo de los paramilitares cometiendo masacres continuas, sino que están ocurriendo una serie de hechos que se quieren presentar como si fueran algo aislado», explica. Otro de los «cambios» que resalta es que «aunque se han reducido las acciones cometidas por los paramilitares, han aumentado las acciones directas o encubiertas de los agentes de la fuerza pública».

De poco o de nada han servido las reuniones que la CJL ha mantenido con la Fiscalía de Medellín y Antioquía, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -la principal agencia de inteligencia de Colombia que también hace funciones de policía secreta-, y con delegados de mandos de la Policía y del Ejército.

En estos encuentros, «todos los organismos judiciales y militares del Estado negaron que hubiera algo en nuestra contra. Y ahorita nos enteramos de que ocultaron información y que no nos han permitido conocer a tiempo los procesos penales abiertos en nuestra contra vulnerando los derechos que tiene cualquier procesado. Es preocupante que la raíz de muchos de estos procesos sean informes de la inteligencia militar y del DAS. Estos organismos están fuertemente infiltrados por grupos paramilitares». La CJL querría que la Fiscalía «actuase con total transparencia», pero la realidad no se ajusta a lo que debería ser.