El pasado viernes dos diarios publicaban que la víspera, por la tarde, la Mesa Nacional de Batasuna había mantenido una reunión «en la clandestinidad». Incluso se daban detalles como que no acudió «su líder, Arnaldo Otegi, quien, al parecer, evito su asistencia ante el temor de ser seguido por la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo». Después, se entraba ya en fabulaciones sobre el contenido del encuentro, que según los datos conocidos por este diario tienen poco que ver con lo que realmente se trató.

Sin embargo, la información sirve para dar una muestra del constante espionaje al que se están viendo sometidos los dirigentes de la izquierda abertzale. Un seguimiento que en los meses de alto el fuego no sólo no se había atenuado, sino que se mantuvo de manera intensa. Resulta chocante pensar que Otegi no acudió a la reunión de la Mesa Nacional porque estuviera siendo sometido a un seguimiento especial por su causa judicial, cuando el espionaje ha sido constante, afecta a buena parte de lo mahaikides y los policías en muchas ocasiones actúan sin recato y haciendo ostentación de sus maniobras.

Lo paradójico de esta situación es que habiendo ordenado el Ministerio del Interior estos seguimientos -lo que evidentemente es una muestra de escaso respeto a una parte de los interlocutores en el proceso- la utilización que algunos sectores de las FSE han hecho de las informaciones obtenidas han ido en contra del propio Ejecutivo, puesto que han servido para sacar a la luz encuentros entre portavoces de la izquierda abertzale y representantes del Partido Socialista, algunos de ellos en momentos bastante comprometidos.

Así, por ejemplo, el pasado 9 de enero el diario «El Mundo» publicaba que «PSE y Batasuna se reúnen en secreto para tratar de salvar el proceso con ETA».

Aunque desde la izquierda abertzale no se ha confirmado la veracidad de esta noticia concreta, sí se sabe que en aquellas fechas dirigentes independentistas mantuvieron múltiples encuentros con otros partidos y este diario está en condiciones de señalar que la información resulta verosímil.

Según narró «El Mundo», «miembros de la dirección del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y de Batasuna se reunieron después del atentado del día 30 de diciembre en Madrid que costó la vida a dos personas. Los contactos, que en un primer momento fueron indirectos y que culminaron con un encuentro secreto al máximo nivel, se han venido produciendo a lo largo de la última semana, a pesar de las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno asegurando que, tras el atentado contra el Aeropuerto de Barajas, el «diálogo» que era la base del proceso había «llegado a su fin»».

Reuniones a tres bandas

El anterior no es más que un ejemplo, pero hay más. Hoy cabe recordar que a primeros de octubre representantes de PNV, Batasuna y PSE se encontraban inmersos en una serie de reuniones secretas para tratar de alcanzar un preacuerdo que pudiera dar paso a la mesas de partidos. A mediados de mes se produjeron algunas filtraciones al respecto, pero al provenir de los interlocutores -todo apunta al PSE- en las noticias se hablaba de reuniones bilaterales.

Sin embargo, el diario que ha venido dando cuenta puntualmente de las reuniones y asambleas que celebra Batasuna, ya escribió el 5 de octubre que «representantes del PSE, de la ilegalizada Batasuna y del PNV negocian varias posibilidades sobre cómo puede ser formulado el derecho a decidir de los vascos en las reuniones secretas que están manteniendo».

Y, nuevamente, las referencias que luego aporta sobre el contenido de las reuniones no son acertadas, pero sí la existencia misma de los encuentros.

Una vez más, la labor encomendada por el Ministerio del Interior a las FSE para controlar a la izquierda abertzale se volvía contra los intereses del Gobierno, contradiciendo abiertamente el discurso oficial que mantenía en ese momento.

Filtraciones de las FSE

Que un sector de las FSE se ha posicionado en contra de la estrategia diseñada por el Gobierno y ha empleado sus filtraciones a determinados medios para cuestionarlo es una evidencia -«un agujero»- que preocupa al Partido Socialista.

Por ejemplo, se ha filtrado que la Guardia Civil controló el acto del Gudari Eguna en Aritxuleti, pero que no intervino ante la presencia de militantes de ETA porque «nadie lo previó, denunció ni prohibió».

Igualmente, se ha publicado que 19 folios del informe original de la Guardia Civil sobre ANV no llegaron al juez después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón solicitara al Gobierno un texto refundido.

El PP insiste contra el Gobierno

Mientras tanto, desde el PP han dejado claro que, frente a la petición expresada por Rodríguez Zapatero nada más conocerse que ETA había decidido dar por concluido el alto el fuego, esta formación no tiene intención de dar baza al Ejecutivo. Así, después de exigir una y otra vez el encarcelamiento de Iñaki de Juana, ayer el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, acusó al Gabinete del PSOE de «trasladar a la calle una imagen de discrecionalidad en la aplicación del Derecho que no conviene a nadie» respecto al preso donostiarra, tras su traslado a la cárcel de Aranjuez.

«Se nos ha dicho que su situación penitenciaria era fruto de la aplicación estricta del Derecho, que no había otra opción» apuntó Elorriaga, para agregar a continuación que «que luego se haya dicho que iría a la calle y que finalmente no ocurra, traslada una imagen de discracionalidad en la aplicación del marco jurídico que no conviene a nadie» y que, a su parecer, «es una tragedia para la democracia española».