El anuncio del fin del alto el fuego por parte de ETA puso un inicio complicado a una semana que se cerró con el encarcelamiento del principal interlocutor político de la izquierda abertzale. Mucho se ha escrito y dicho en los últimos días sobre las circustancias que han llevado a la ruptura de catorce meses de distensión por parte de la organización armada vasca. El que hayan proliferado las reflexiones, los análisis, las controversias sobre lo hecho -o más bien sobre lo no hecho- en ese período es en sí mismo un reflejo de que nos encontramos ante una decisión, la de regresar a la actividad armada, cuya responsabilidad corresponde a ETA, pero que, al igual que su decisión de declarar un alto el fuego permanente, viene precedida de circunstancias concretas. Por eso, y por muy respetables que sean las voces que se alzan para denunciar la reanudación de la actividad armada de ETA, la reacción aislada a ese hecho sin duda muy relevante y el pronunciamiento en caliente tienen un valor limitado en el tiempo, dado que lo que se reclama desde la sociedad vasca son propuestas que ayuden a reponer un proceso de diálogo que sea viable.

De ahí que en estas líneas no nos detengamos a analizar las opiniones escuchadas, sino más bien a valorar hechos que ayuden a comprender dónde estamos. Fundamentalmente porque son respuestas de futuro las que se precisan para superar un momento de grave crisis para el proceso, una crisis que ha derivado en ese fin del alto el fuego, pero cuyos orígenes se sitúan meses y hasta años atrás. Las primeras «respuestas de firmeza» adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en otro vano intento de tapar la boca al PP, así lo demuestran. El traslado de Iñaki de Juana a la madrileña cárcel de Aranjuez podrá ser el primer «trofeo de guerra» del Gobierno español tras el anuncio de ETA, pero nos retrotrae inevitablemente al período en que, no existiendo atentados, el PSOE pudo y no quiso renunciar a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que integran el colectivo de presos políticos vascos. La vuelta de De Juana a prisión hace patente el escaso valor dado por el Gobierno de Madrid a los compromisos adoptados previamente en este caso y, más globalmente, en relación al proceso de solución.

Colaborar con el oponente

Jose Luis Rodríguez Zapatero no alteró un milímetro la política penitenciaria, en una actitud del todo irresponsable y que hay que sumar a flagrantes incumplimientos en el ámbito de las garantías de no agresión y de respeto al interlocutor. Expertos en procesos de paz ya advirtieron en sucesivas visitas a Euskal Herria sobre la importancia de ese reconocimiento mutuo, de esa actitud de colaborar con el oponente hasta convertirlo en aliado en la búsqueda del acuerdo entre diferentes. Zapatero no ha escuchado esas recomendaciones y ha preferido, a la vista de lo actuado, esperar a que se produjera la autodisolución del problema, cometiendo el error de sus antecesores en el cargo de creer que sin hacer nada se acabará el conflicto político que, tantas veces, los estados confunden con la actuación de ETA.

Como consecuencia de ese error de partida, el Gobierno del PSOE ha convertido la crisis en la característica natural del proceso y ha consentido -y, si a la actuación del fiscal en la causa que ha llevado a Otegi a la cárcel nos atenemos, hasta ha animado- la persecución de una persona referencial, no ya para la izquierda abertzale, sino para otros muchos agentes políticos y sociales, de fuera y de dentro de Euskal Herria, que han tenido y tienen un papel destacado en la construcción de la paz.

Sin duda, por ese motivo hay que denunciar, codo a codo con la ciudadanía que ayer se movilizó en Elgoibar, un encarcelamiento que se percibe con claridad como un obstáculo en la búsqueda de soluciones al actual escenario en el que está en juego el dar el salto que permita reencauzar el proceso. Porque ésa es la sola alternativa que cuenta para la sociedad, como se refleja en las encuestas, y no la de prometer dureza, determinación, firmeza... para insistir en una vía que Zapatero ya ha transitado durante el proceso, con detenciones, con torturas, con fianzas millonarias, reteniendo a presos enfermos en prisión y prolongando condenas hasta el límite de la vida. Todo eso, y esa es la gran paradoja, ya lo ha hecho el Gobierno del PSOE al amparo de un alto el fuego. Luego ¿qué sentido tiene agitar el espantajo de la persecución que nunca ha cesado para los independentistas vascos? ¿No se ha empleado a los cuerpos de seguridad incluso para espiar a interlocutores políticos, para filtrar contenidos de reuniones, en una nueva bofetada al manual de la búsqueda de la paz?

Todo eso está ensayado y el resultado palpable es el fracaso. Esas medidas no han solucionado nada y sí erosionado hasta límites insospechados los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca, como quedó de manifiesto en las elecciones del 27 de mayo. Por esperadas, no son relevantes las promesas de más látigo. Sí lo son las reflexiones que, desde distintos ángulos, apuntan a perseverar. Sin duda es oportuno el análisis de lo actuado por las partes, pero no para ajustar cuentas sobre los errores cometidos por todos, sino para chequear el estado de los anclajes de un proceso largamente trabajado. Sobre esas bases, con voluntad, es posible hacer que el diálogo domine por fin la agenda.