El Ayuntamiento de Iruñea aprobó en noviembre del 2004 el llamado Pacto Cívico para «el buen funcionamiento de la ciudad». Dentro del mismo se halla una ordenanza que recoge la normativa a aplicar para llevar a cabo ese plan. El texto fue aprobado por todos los grupos excepto EA y la ilegalizada Iruñea Berria. Dani Saralegi, miembro de la plataforma que agrupa a los colectivos del movimiento popular de Iruñea que exigen la derogación de la ordenanza, explica que «es difícil no estar de acuerdo con la intencionalidad, basada en principios morales como fomentar el respeto, la igualdad y la pluralidad entre los ciudadanos. El problema empieza en la normativa; ahí se le empiezan a ver las orejas al lobo».

¿Cuáles son los motivos de esa oposición a la ordenanza?

La ordenanza es una plasmación «legal» del modelo de ciudad de UPN-CDN, aunque llevan haciéndolo desde hace tiempo. El objetivo es ahogar y controlar el movimiento, tanto vecinal, cultural, euskaltzale, alternativo... todo lo que no comulge con UPN. Ese hecho lo convierte en dueño y señor tanto del Ayuntamiento como de la ciudad. Más allá de las limitaciones que supone para la ciudadanía, ésta no cuenta para nada para cambiar impresiones, y mucho menos para participar.

¿Cómo se está llevando a cabo su aplicación?

La ordenanza se aplica de distinta manera según quién lo haga (los agentes municipales dirigidos por el equipo del Ayuntamiento) o a quién se se dirija. Por lo tanto, tiene un doble rasero y cambia según su interpretación. El ejemplo más claro es el de las sanciones a los Olentzeros. Se han impuesto 14 multas de 1.500 euros cada una por «perjudicar el tráfico y molestar» que tienen que pagar los vecinos por el simple hecho de celebrar una tradicional, cultural y entrañable fiesta. Al mismo tiempo, entidades como El Corte Inglés y la Caja Navarra ocupan espacios públicos sin que nadie se lo impida. ¿Y qué decir de la manifestación del 17 de marzo, en la que se paralizó la ciudad y cortaron el tráfico y las calles respondiendo a una ideología afín al equipo de Gobierno? Ahí no tienen ningún problema en leer la ordenanza. Dividen a la ciudadanía en categorías de primera y de segunda.

¿Cúales son las consecuencias más directas?

Además de atacar actividades populares, va directamente en contra del derecho de libertad de expresión. Existe una sanción de 90 euros por la colocación de una mesa informativa en la calle. Tal y como se ha dicho, la ocupación del espacio público se tiene en cuenta sólo en algunos casos, y en este está claro que se trata de impedir el propio hecho de informar. La ordenanza también prohíbe otros aspectos de la libertad de expresión como la información mediante carteles. Según se recoge en la misma «el Ayuntamiento deberá disponer los espacios para la colocación de publicidad y carteles», hecho que no se cumple. Es de señalar que la ciudad se llena de publicidad de las grandes firmas, de banderines de exposiciones organizadas por el Ayuntamiento, del equipo de fútbol... cuando lo hacen desde los colectivos es cuando vienen los problemas, las prohibiciones y las multas.

Ha comentado la imposición de un modelo de ciudad. ¿Cuál es exactamente?

La normativa no afecta sólo a espacios públicos, sino también incide en los privados, imponiendo a la ciudadanía incluso lo que hace en su propia vivienda. Es el caso de la prohibición de colocar ropa o banderines en las casas que se puedan ver desde la calle. Más allá de perseguir distintas ideologías, que es lo que supone prohibir banderas, quieren una ciudad de juguete, irreal y de escaparate. Esto conlleva que Iruñea hace diez años era una ciudad viva, rica, cultural... y que mediante la persecución dirigida por el Ayuntamiento se está convirtiendo en una ciudad gris, consumista, individualista, y desideologizada.

En otras ciudades existe el mismo problema. ¿Es un problema global? ¿Hay alguna particularidad en Iruñea?

Parece ser que esta iniciativa viene desde Europa y en muchas ciudades se está aplicando para implantar un modelo concreto de las mismas. El caso más conocido es el de Barcelona, por el movimiento que ha surgido en contra. En Iruñea, la normativa interviene cuando «se perjudica el ornamento», tal y como lo cita el Ayuntamiento, y esto no sólo incumbe a la estética, sino que persigue claramente la ideología. La política del UPN destaca por eso, por la persecución ideológica.

Desde la plataforma, ¿cúal va a ser vuestra actuación?

Esta semana tenemos intención de reunirnos con todos los grupos que aspiran a la alcaldía para darles a conocer el manifiesto suscrito por numerosos colectivos y agentes sociales, sindicales y políticos y solicitarles la derogación de la ordenanza. Apostamos por crear foros de intercambio de impresiones entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, creemos que eso enriquece la política municipal.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en la movilización potente y amplia que hemos preparado para el día en que se constituirá el nuevo Ayuntamiento, el 16 de junio.

¿Qué expectativas crea el futuro Ayuntamiento?

Dos meses antes de la campaña electoral la Coordinadora de Fiestas presentó una moción con dicha solicitud, y aunque no pasó la petición de urgencia por UPN-CDN, los demás grupos se mostraron de acuerdo. Esperamos que no sea por la campaña y que una de las primeras actuaciones del nuevo Ayun- tamiento sea la derogación, para que los derechos como libertad de expresión, movilización y actuación sean respetados. De hecho, creo que las elecciones muestran ese deseo.