La Fundación de Estudios de Economía (FEDEA) ha elaborado un trabajo cuyo primer capítulo alude a un doble efecto positivo de este fenómeno, en forma de beneficios netos, tanto para la economía española como para la economía de los países de origen de la propia Administración. La primera de las conclusiones se basa en la diferencia entre la contribución de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes a la Seguridad Social y el gasto generado por éstos, cifrada en 1.500 millones de euros, lo que según el estudio demuestra que «los inmigrantes son rentables». La segunda conclusión, es decir, el fortalecimiento de la economía de los países de origen, se fundamenta en el aumento de las remesas procedentes de España y en el uso o destino que se da a ese dinero en los países del Sur.

Pensar que el aumento de las remesas es directamente proporcional al desarrollo económico del país al que se dirigen es caer en un análisis tan simplista como ficticio. Las remesas se hacen buenas si de verdad repercuten en un desarrollo enfocado al tejido productivo local que beneficie a las capas populares de los países de origen y no se conviertan en el sustento económico que sólo garantiza supervivencias y no vidas con derechos. Con nuestra cooperación sindical tratamos de garantizar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Sur y el fortalecimiento democrático de países que carecen del soporte democrático social básico.

Respecto al mensaje de la rentabilidad, uno puede pensar que se use para alejar del imaginario colectivo imperante en nuestra sociedad la idea de «gasto» que se asocia con la presencia de inmigrantes en nuestro entorno. Esa pequeña esperanza queda dilapidada por la propuesta de FEDEA sobre la tramitación de visados de trabajo y búsqueda de trabajo, previo pago de 2.500 euros. Parte de ese pago se articula en forma de fianza, de forma que esa parte se devuelve si el trabajador o trabajadora inmigrante regresa a su país de origen.

No podemos compartir esta descarada apuesta por la inmigración vista desde el prisma del beneficio económico puro y duro. En otras palabras, la inmigración que interesa es la que da réditos y luego se marcha. Además, por desgracia, la Administración parece que se suma en la práctica y de forma solapada a ese criterio, no sólo mediante la segregación ocupacional que supone la apuesta por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura sino también haciendo del reagrupamiento familiar un reto más que un derecho, y dificultando así el desarrollo personal y familiar de las personas que hace tiempo que residen, trabajan, se relacionan y sueñan entre nosotros.

Nuestro trabajo en CCOO, tanto en el CITE (Centro de Información al Trabajador Extranjero) como en las distintas federaciones del sindicato, pasa por ser cómplices de esos sueños, defendiendo derechos y denunciando intenciones como las que hemos descrito, intenciones utilitaristas que buscan el beneficio económico a costa de la población inmigrante por encima de su acogida o su desarrollo personal y familiar. El colectivo de trabajadores no somos mercancía, somos sujetos de derechos y vamos a seguir reivindicándolos para todas y todos, declarándonos, como Eduardo Galeano, «compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo».