En su análisis bianual acerca de la problemática del acceso de los jóvenes a la vivienda en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Consejo de la Juventud de Euskadi no dibuja un panorama nada alentador. «Son más las personas necesitadas de vivienda, los precios han seguido subiendo y los tipos de interés han comenzado a repuntar», argumentan, a la vez que el debate político habido «no ha provocado un cambio sustancial en las actuaciones de las instituciones».

El Consejo define la situación como de «emergencia social», al verse vulnerado un derecho básico que posterga los proyectos vitales de decenas de miles de personas. Por ello, defienden que el derecho a un techo vaya más allá de una mera formulación en leyes y discursos políticos para convertirse en un derecho subjetivo, protegido por la tutela judicial.

Tras valorar que el mercado no va a resolver ninguna problemática social, ya que «sus intereses y objetivos son otros», los colectivos que se integran en el Consejo de la Juventud creen que hay que acabar con la cultura de la propiedad «alimentada desde las políticas públicas». Así, reclaman un cambio radical en la legislación hipotecaria, la política de vivienda y la fiscal.

El organismo fija su atención en las deducciones fiscales impulsadas por las diputaciones, que impiden que recursos económicos de estas instituciones se destinen a posibilitar el derecho a la vivienda e incrementan los precios en el mercado inmobiliario. «Un 8% de la subida de los pisos se puede explicar a causa de las deducciones fiscales», subrayan.

En cuanto a la política de Lakua y de los consistorios, afirman que ni la Vivienda de Protección Oficial (VPO) ni las Viviendas de Precio Tasado son soluciones válidas para el conjunto de la población, al margen que estiman que se generan agravios comparativos entre los adjudicatarios y los que no lo son, «y no es una manera justa de asignar recursos públicos».

El Consejo se inclina, a medio plazo, por incrementar el parque público de pisos de alquiler como alternativa al mercado. «La garantía del derecho a la vivienda no pasa por asegurar la propiedad, sino por asegurar a todas las personas el disfrute de una vivienda en condiciones dignas», manifiestan.

Respecto a los ayuntamientos, ven necesaria una revisión de la financiación municipal a través del urbanismo. «No es aceptable que la vivienda sea una de las principales fuentes de ingresos de las corporaciones municipales, como tampoco lo es que no se constituyan los parques públicos de suelo o que se promuevan subastas para vender solares públicos», denuncian.

«Lujo inadmisible»

Además, creen que hay que aminorar el ritmo de construcción de pisos en la CAV, especialmente los orientados a segunda vivienda, para no agredir al medio natural con más cemento. Por contra, inciden en la necesidad de que las administraciones hagan algo contra las miles de viviendas vacías y desocupadas, que son consideradas como «un lujo inadmisible».

En esta línea, el Consejo de la Juventud de Euskadi propone revisar el tratamiento legal de la ocupación y medidas para atarjar el porcentaje de pisos vacíos. Citan, como ejemplo, el caso de Holanda, donde una normativa legaliza la ocupación de aquellas viviendas que lleven desocupadas más de seis meses. «Llevan muchos años haciéndolo, y creemos que ése es el camino a seguir», señalan.