El Ejecutivo de Sri Lanka negó ayer que cometa abusos contra los derechos humanos, tal y como denuncian las agencias de la ONU en el país y gobiernos como el británico.

Acusó a Gran Bretaña -que en mayo suspendió parte de la ayuda a Sri Lanka hasta que su Gobierno asegure el cumplimiento de sus compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos- y a otros países occidentales de intentar «intimidar» al país sin hacer esfuerzos por entender el conflicto que enfrenta al Estado con la guerrilla tamil desde hace más de veinte años.

A su juicio, las manifestaciones de la ONU instando al Gobierno a detener los abusos se deben a que «han contratado demasiado personal local», propiciando la «infiltración» en la ONU de la guerrilla del LTTE.