La Diócesis navarra ha inscrito a su nombre 310 iglesias y ermitas de la Merindad de Zangoza y otras 55 de la Merindad de Erriberri. Estos datos han sido aportados por la Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro, constituida el pasado mes de mayo en Tafalla por historiadores, juristas, asociaciones, partidos políticos y personas de diversos pueblos y valles de Nafarroa, a título personal.

Según explica un miembro de la plataforma, la inscripción la realiza la Diócesis, pero para no generar rechazo en los pueblos dice que lo hace «a nombre de la parroquia». Sin embargo, la parroquia como tal no tiene entidad jurídica, tal como recuerda el historiador Mikel Sorauren. «La Diócesis pertenece a la Conferencia Episcopal y ésta depende del Vaticano. En definitiva, el dueño de estos bienes es el Estado Vaticano y su actual delegado en Iruñea, Fernando Sebastián», agrega otro representante de la plataforma.

El objetivo de esta plataforma es completar el número total de iglesias, ermitas y otros bienes patrimoniales que la Diócesis a puesto a su nombre en el conjunto de Nafarroa durante los próximos años, valiéndose de las prerrogativas que le concede el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Durante su última reunión, los miembros de la plataforma insistieron en que ese artículo está cuestionado por «inconstitucional», ya que se remonta a 1946, en pleno franquismo. También consideran que son los ayuntamientos los que deben escriturar estos edificios como bienes públicos, ya que se construyeron y se han mantenido con fondos públicos.

En cualquier caso, entienden que un proceso escriturador de tal calibre, donde está en juego la propiedad de cientos de templos con un valor incalculable, no puede hacerse a espaldas y sin el conocimiento de concejales, alcaldes y parlamentarios navarros.

En la reunión de la plataforma se aportó información del proceso privatizador en diversas zonas de Nafarroa, que confirman las primeras denuncias hechas públicas por Altaffaylla Kultur Taldea. Así, se ha sabido que ha habido dos grandes movimientos en los registros de la propiedad. Uno en los años 80, en los que se inscribieron muchas casas rurales y parroquiales, atrios, cementerios y templos derruidos, y otro a partir de 1998, al abolirse el artículo 5 del Reglamento Hipotecario, que impedía expresamente escriturar edificios de culto. Fue a partir de ese año cuando la Diócesis navarra comenzó a escriturar las parroquias y ermitas.

Según informó un registrador de la propiedad, el sistema de escrituración es «fácil, sencillo y privilegiado», pues no exige ni pasar por notarías ni mostrar documentos acreditativos, y tampoco sacar edictos a información pública. También informó que es un sistema muy barato: inscribir a su nombre la iglesia-fortaleza de Uxue, una gran iglesia parroquial o cualquier otro templo, le cuesta a la Diócesis unos 25 euros.

El caso de San Miguel de Aralar

El caso más significativo de los registros realizados en los años 80 es, sin duda, el de San Miguel de Aralar, templo emblemático para miles de euskaldunes. La escrituración se realizó el día 8 de febrero de 1980, e incluyó, además del santuario de 180 metros cuadrados, una ermita de 86 metros cuadrados y un corral de 94 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Uharte Arakil, en su sesión de 30 de enero de 1931, ya había cedido gratuitamente al Arzobispado de Iruñea los terrenos comunales donde se encuentra este conjunto, con una superficie total de 88.596 metros cuadrados. Antes de acoger esa cesión «a perpetuidad», el obispo solicitó que constase en escritura que, en caso de desamortización o incautación por el Estado, el Ayuntamiento de Uharte Arakil «devolviera» a la Diócesis el importe de la cesión. La Corporación municipal accedió a ello, es decir, a pagar por unos bienes que había cedido gratis.

Por su parte, la Cofradía del Santuario de San Miguel de Excelsis va a celebrar una reunión este domingo, día 17, para debatir sobre este asunto. Esta cofradía es una institución casi milenaria, que en los tiempos de más actividad llegó a tener más de 40.000 cofrades. En setiembre de 1999 fueron aprobados los nuevos estatutos de la cofradía, que en la actualidad supera el millar de cofrades.

En la reunión se informó de que, al amparo del mismo artículo 206 de la Ley Hipotecaria, los ayuntamientos también pueden escriturar esos bienes. De hecho, ha habido algunos lugares, como Tafalla y San Martín de Unx, en los que los ayuntamientos se han adelantado a la Diócesis y han inscrito a su nombre diversas ermitas, de forma que éstas seguirán siendo públicas y no privadas. En cualquier caso, se trata de excepciones, ya que durante los últimos años la Diócesis ha puesto a su nombre la práctica totalidad de los edificios de culto de algunas merindades, principalmente en las de Zangoza y Erriberri. En casos concretos, estas inscripciones se han hecho al mismo tiempo en que los ayuntamientos y, sobre todo, el Gobierno de Nafarroa están haciendo cuantiosas inversiones en el arreglo de los templos. Ejemplo de ello son las rehabilitaciones que están realizando en Uxue, Artaxoa o Corella, actuaciones que en algunos casos habían sido solicitadas por los propios vecinos para evitar el deterioro de este patrimonio público.

Historiadores y juristas

En la reunión de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro también fueron expuestas las quejas que vecinos y secretarios municipales han hecho llegar desde diversos pueblos, denunciando la venta, traslados o desaparición de retablos, órganos y objetos valiosos, todos ellos considerados propiedad del pueblo porque han sido adquiridos y conservados con las aportaciones vecinales.

La plataforma ha decidido seguir recabando datos sobre otras merindades, hasta completar todo el herrialde, y al mismo tiempo impulsar la creación de un grupo de expertos para reivindicar la titularidad pública de las iglesias.

En concreto, un equipo de historiadores se encargará de demostrar el origen de todos estos bienes y explicar cómo fueron pagados por los pueblos. Según explicaron en la reunión, para comprobarlo basta consultar en los archivos municipales las actas de la localidad, así como los libros de cuentas del patronato de las iglesias parroquiales, cuentas de la Primicia o libros de obras, entre otros.

Por su parte, un equipo de juristas se encargará de asesorar a los ayuntamientos para que sean ellos los que escrituren como bienes públicos los edificios que aún no están escriturados. En el caso de que no hayan transcurrido dos años de la escrituración, los ayuntamientos podrán interponer pleitos para recuperar el patrimonio, basándose en la imprescriptibilidad de los bienes públicos.

Por último, un equipo en el que participarán creyentes de base y sacerdotes se encargará de abordar el aspecto ético- moral de este asunto. Su trabajo consistirá en aportar argumentos que cuestionen el procedimiento y la finalidad que supone la privatización para los pueblos que levantaron esos edificios en colectividad y han mantenido durante siglos su carácter público y comunal.