La ruptura de la tregua es una agresión a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía vasca de poner fin al conflicto nacional vasco en claves de paz, de ampliación de los derechos democráticos y de reconocimiento del derecho a decidir. La vuelta de ETA a la lucha armada impide ahora mismo la superación del conflicto mediante una solución negociada, además de cancelar la esperanzadora fase política iniciada hace 14 meses.

ETA se ha dado otra prórroga a sí misma a pesar de que desde hace años no hay espacio social ni político para los éxitos desde la violencia ni para su legitimación. Tras los 11-M y 11-S no hay horizonte ni base social para esa estrategia. Podrá argumentar que les han decepcionado los interlocutores pero no pueden argumentar por el lado de los beneficios (con la lucha armada no han conseguido nada relevante en 30 años; la sociedad navarra está en las antípodas de la estrategia del cambio de cromos de «paz por territorialidad») ni por las oportunidades (reduce a nada las posibilidades de concesiones políticas del Estado puesto que los gobiernos ni quieren ni pueden negociar en un contexto armado). Y no pueden usar en vano el nombre de Euskal Herria que ha llegado a la conclusión de que no quiere, no queremos, que haya objetivos políticos obtenibles con políticas de coacción porque ni serían legítimos ni durables.

Los principales perdedores van a ser, en primer lugar, los colectivos amenazados, y con ellos toda la sociedad vasca. En segundo lugar, los derechos humanos -vidas y bienes, y derechos políticos- y la oportunidad de un diálogo resolutivo. En tercer lugar, la propia Batasuna, que sufrirá un deterioro de su capacidad de interlocución, credibi- lidad y prestigio, porque al tiempo que se le impone un golpe interno contrario incluso a lo que piensa la mayoría de la corriente, se le impide realizar una valoración crítica del mismo.

Batasuna no liderará nada si se niega a valorar las acciones de uno de los actores decisivos en la política vasca: ETA. No lo hizo tras el atentado de la T4 de Barajas y tampoco lo ha hecho ahora. Se limitó entonces a decir que era a ETA a quien correspondía explicar su decisión y se ha limitado ahora a constatar -cosa obvia- que la responsabilidad de romper la tregua corresponde a ETA. Pero un movimiento socio político que dice querer representar las aspiraciones democráticas en Euskal Herria ¿no tiene ninguna valoración a realizar sobre qué repercusiones tienen estos hechos precisamente para las aspiraciones democráticas de Euskal Herria?

A finales del pasado año manifestamos públicamente que la responsabilidad de sacar adelante el proceso estaba en manos de los comprometidos con el mismo: el Gobierno central, ETA y los partidos defensores de tal proceso. Era claro que la actitud del PP y la actuación de parte de la judicatura han seguido siendo de boicot. Pero los comprometidos lo han zarandeado constantemente con actitudes que han ido provocando fuertes erosiones y crisis hasta el colapso final.

Por una parte, ETA ha destruido el esquema defendido por Otegi en Anoeta, que sostenía que ETA debía negociar con el Gobierno sólo sobre las condiciones de su desmilitarización. El esquema según Anoeta ¿no era que la mesa de Gobierno y ETA discutía la paz, y la mesa de partidos la salida política, y que ambas eran independientes? No ha sido así. De hecho, no ha habido mesa por la paz y se la ha condicionado a la autodeterminación y la territorialidad.

Por otra parte el Gobierno Zapatero ha hecho una mala gestión y tiene graves responsabilidades. Algunas de sus luces (intento de controlar la deriva judicial politizada por la derecha, soportar el acoso del PP, pronunciamientos en el Parlamento europeo y en el Congreso...) palidecen ante sus muchas sombras (falta de liderazgo, nula política penitenciaria o en comisarías, hostigamiento a la izquierda abertzale mayoritaria, derechos humanos como moneda de cambio, imprevisión, pérdida de tiempo en el 2006...). Y ahora, con el encarcelamiento de De Juana y de Otegi (ayer no y hoy sí) el PSOE ha iniciado el camino de las vendettas, que no hacen sino darle la razón al PP y auguran que hasta las elecciones generales el PSOE hará, sin o con el PP, casi la misma política del PP.

Han obstaculizado el proceso de paz distintos factores (boicot desde fuera del proceso, intransigencia de ETA, incumplimiento de calendarios del Gobierno y de ETA, mantenimiento de la ilegalización de Batasuna...) y también porque lo colgaron todos (PSOE y PSE, ETA y Batasuna, PNV) de la mesa política.

Reafirmamos los cuatro criterios que propusimos a finales del pasado año para encauzar una sólida perspectiva de paz y normalización política en Euskal Herria: la tregua definitiva de ETA; la apuesta por más democracia y la supresión de la ley de partidos; la humanización del conflicto en relación a las víctimas de ETA, así como a los presos políticos; el reconocimiento de lo que decida la sociedad vasca.

Estos elementos deberían ser una base para una vuelta al diálogo multilateral. Y como hay dificultades hoy, el compromiso con la paz y la democracia se mostrará tomando medidas unilaterales, particularmente, hoy, en el ámbito de la distensión.

Existe el gran riesgo de que una cadena de nuevos atentados de ETA provoque una dinámica de tensión, en la que los riesgos de confrontaciones sociales sean realidad. Vienen tiempos difíciles. No hay proceso ni bases para el mismo. Los augurios son muy negativos. Pero las experiencias de los lazos han de servir para volver a anudar voluntades sociales y forzar compromisos políticos. Por ello, la primera exigencia de entonces es la misma ahora, que ETA proclame el final definitivo de la lucha armada y deje la acción y el cambio políticos a ciudadanía, partidos e instituciones. Simultáneamente deben exigirse sin excepción todos los derechos humanos.

Para ello es necesario el protagonismo de la sociedad civil que debe ampliar su presencia, ocupar el espacio que los partidos no han sabido liderar y cerrar los circuitos de esa estrategia de tensión.