Estamos en puertas de una sentencia muy importante, la del sumario 18/98. No sabemos exactamente cuándo se producirá ni cuál será su fallo, pero sí que más allá de la pesada carga de las posibles condenas de cárcel, tendrá una incidencia directa en los derechos civiles y políticos de la sociedad vasca. Debería abrir la puerta al pleno ejercicio de esos derechos, pero los antecedentes -caso Jarrai-Haika-Segi, entre otros- apuntan a que más bien tenderá a reforzar los muros de contención que se han impuesto durante los últimos años a esos derechos en Euskal Herria.

Las personas directamente afectadas por la decisión que tome la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española queremos impulsar una reflexión y compromiso colectivos sobre el signi- ficado de la sentencia y los procesos similares que siguen su curso en ese tribunal de excepción. Al fin y al cabo, se trata de derechos que son de toda la sociedad, de cada mujer y cada hombre de Euskal Herria -de todo el mundo, en realidad-, no sólo de las personas u organizaciones atrapadas en los voluminosos tomos y artimañas de los sumarios.

Tres meses después de que terminase un juicio en el cual quedó más patente que nunca que la única motivación del sumario es política, tomamos la iniciativa, con el apoyo de 18/98+ Lantaldea, de realizar un encierro activo en Gernika desde el domingo, día 17 de junio, hasta el viernes 22. Decimos activo porque durante el tiempo que permanezcamos en un lugar tan señalado y querido por la sociedad vasca vamos a mantener contactos con los agentes políticos, sociales, sindicales e incluso mediáticos de Euskal Herria, para analizar las consecuencias de la sentencia y qué se puede hacer conjuntamente ante ella.

Es también una interpelación directa a quienes tienen la posibilidad de hacer que la sentencia se apunte en el «haber» de la defensa de los derechos o en el «debe», que hoy día en el Estado español es mucho más abultado que el primero. Y a quienes, superando su defensa meramente verbal de los derechos, pueden hacer mucho más para contribuir a que cambie ese balance.

Se habla desde el Gobierno español y el PSOE de la división de poderes en el Estado español, pero la realidad lo desmiente día a día. Empezando por que los ministros «construyen imputaciones» hasta que llegan a reconocer que se moldea la ley y el funcionamiento de la Fiscalía en función de conveniencias políticas. Los ejemplos sobran a lo largo de los últimos años y qué decir de las últimas semanas. Es un hecho innegable que el poder judicial español tiene estrechos vínculos con los poderes políticos e institucionales y éstos, a su vez, tienen la capacidad de influir decisivamente sobre los dictámenes de la judicatura.

No debería ser así, efectivamente, pero así es. Y dado que lo es, conviene situar las responsabilidades políticas en su lugar. El Gobierno del PSOE pudo haber hecho mucho para que estos sumarios se frenaran; no lo hizo. Siguió en el surco marcado por el PP. Pero aún puede hacerlo, y no sólo por una cuestión de voluntad política -que es lo esencial- sino porque no hay ninguna base ni lógica jurídica que sustente el edificio del 18/98 y los sumarios que le siguieron.

No hemos hecho más que trabajar en diversos ámbitos sociales, empresariales, comunicativos o políticos, ejerciendo unos derechos. Por eso nos reafirmamos en que cuando nos rebelamos contra la dinámica de macro-sumarios puesta en marcha por el Estado español reivindicamos derechos civiles y políticos y democracia. Porque, independientemente de quiénes sean las personas u organizaciones que se sienten en el banquillo, son la libertad de pensamiento, de organización, de expresión, derechos y libertades, en suma, los que están siendo juzgados y condenados. Es la democracia la que está siendo juzgada y condenada.

La profundidad de la democracia se mide en el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, a las libertades democrá- ticas. Democracia no es ir a votar cada X tiempo, menos aún cuando ni siquiera se garantiza ese derecho para todas las opciones políticas. Democracia es libertad, son derechos, es protagonismo social, es derecho libre de reunión, debate, organización y acción. Y en el ejercicio de esos derechos sin cortapisas está la clave del futuro de Euskal Herria, de la superación de las carencias que hoy padece.

Sobre todo ello queremos hablar, reflexionar y comprometernos en estos cinco días en Gernika. Queremos también que nuestra iniciativa traslade al Gobierno del PSOE la exigencia de que ponga fin a su política de represión, con la que amordaza los derechos de las gentes de Euskal Herria. Exigimos en coherencia la desaparición inmediata de leyes y tribunales de excepción que son instrumento imprescindible para esa política.

Hacemos un llamamiento a la sociedad vasca para que por encima de personas, organizaciones o instituciones se comprometa activamente reclamando democracia para Euskal Herria. Su logro será base y garantía para esa paz que todo pueblo necesita en cualquier lugar del mundo. La paz basada en la justicia, la libertad y la democracia.