LAB manifestó ayer su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno de Lakua para regular el ejercicio de actividades de las EPSV ya que, en su opinión, parte de un diagnóstico interesado dirigido a provocar la «alarma social respecto de las supuestas debilidades de los sistemas públicos de protección social y su objetivo es extender entre la ciudadanía la implantación de las EPSV».

A su juicio, esta visión, «de marcado signo neoliberal», está enmarcada dentro de una estrategia «encaminada a asumir como inevitable, cuando no justificar, futuros recortes en el sistema público de pensiones».

Por ello, LAB mostró su oposición a la extensión y generalización de sistemas de previsión social complementaria de naturaleza privada y régimen de capitalización.

Geroa plantea un recurso

También la Junta de Gobierno de Geroa Pentsioak EPSV mostró su rechazo al decreto pero por razones opuestas, ya que criticó que el decreto considera las EPSV «como un instrumento de ahorro financiero fiscal olvidando el carácter de previsión social complementaria de las prestaciones de la Seguridad Social de entidades como Geroa Pentsioak y regula de igual forma las entidades individuales, asociadas y de empleo, con evidentes diferencias en el modelo de previsión».

Geroa consideró «inadmisible» el decreto y denunció que es contrario a los objetivos y principios fundacionales que permitieron la constitución de dicha entidad de previsión y que «paradójicamente es presentada por el propio Gobierno vasco como modelo de previsión social para los trabajadores vascos». El traslado a otra Entidad de los derechos de los socios ordinarios y beneficiarios, las normas de inversión y la formación de los órganos de gobierno son, según destacó, incompatibles con el modelo de Geroa.

Esta EPSV criticó que no podrá invertir en sus más de 9.000 empresas socias protectoras más del 2% de su activo, frente al 30%, del que puede disponer para invertir en otros territorios o países, y anunció un recurso contra el mismo.

El Gobierno de Lakua lamentó esta decisión y aseguró que el decreto no establece limitaciones territoriales para invertir en Guipúzcoa. Los departamentos de Hacienda y de Empleo negaron que el decreto prohíba invertir en empresas guipuzcoanas y permita hacerlo en otros territorios o países.

Trabajadores de Instalaciones Inabensa, subcontrata de Iberdrola perteneciente al grupo Abengoa, se concentraron ante la sede de Iberdrola en Bilbo, en defensa de un convenio que «dignifique salarios que no llegan a 900 euros al mes».