El escenario posterior a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo está marcado por las controversias de los pactos. Lo que en una situación de normalidad democrática no dejaría de ser un ejercicio rutinario, como es la búsqueda de mayorías por aquellos que no disponen de los apoyos suficientes para gobernar, está dejando al descubierto las dificultades de los partidos para gestionar la ecuación institucional resultante de unos comicios trucados. Las incógnitas envuelven la constitución, hoy, del Parlamento navarro y de las Juntas alavesas.

Seguramente el primer error está en el origen, en el propósito de aplicar una lógica de normalidad a una situación viciada de antemano por el cúmulo de irregularidades que han concurrido en el proceso electoral. La mayoría de las formaciones están evidenciando serias dificultades para conciliar su discurso general con las situaciones particulares. Y una vez más lo que en una democracia se resolvería con cierto fair play, en la presente situación enciende todas las alarmas. Así lo están evidenciando ejecutivas de partidos como PNV y EA ante decisiones concretas de electos, en Zumaia y Azpeitia. Resulta curioso que cuando tanto se invoca la autonomía municipal y, más globalmente, se reclama el ejercicio de la política sin tutelajes, las decisiones de determinados grupos municipales se vean como una amenaza. Máxime cuando otras actitudes, como las de acaparar puestos sacando provecho de la antidemocrática Ley de Partidos no causan problema a unas ejecutivas que pretenden que sus pactos globales encajen en cada pueblo sin valorar sus especificidades y sin asumir la «mayoría de edad» de los protagonistas de la vida municipal a la hora de tomar decisiones.

Una vez más hay que abogar por el respeto a la voluntad ciudadana, por la política sin exclusiones, desde la convicción de que determinadas decisiones y actitudes locales -demasiadas ya para hablar de casos puntuales- pueden contribuir al objetivo general de alcanzar un gran acuerdo democrático en este país.