El Consejo de Gobierno de la Diputación vizcaina acordó ayer declarar la deslocalización de la empresa Rotarex Spain SA, lo que supondrá que la empresa no cobrará los 19.759 euros pendientes de la subvención concedida en 2006 dentro del programa Bizkaiberri Laguntzak y deberá devolver además los 15.496 euros ya abonados.

A esta última cifra, según precisó la Diputación en un comunicado, habrá que añadir el interés de demora que se haya devengado desde el momento de la percepción de esta subvención concedida por la Diputación vizcaina a Rotarex, después de que la empresa anunciara el cierre de su planta de Galdakao.

Rotarex Spain, cuya empresa matriz esta ubicada en Luxemburgo, ha sido beneficiaria en los últimos cuatro años de una subvención de la administración foral por un importe total de 35.256 euros para ejecutar un proyecto de desarrollo de un regulador de gas en materiales plásticos y el diseño del cierre de seguridad. Hasta la hecha se le había abonado la cantidad de 15.496 euros a través de Bizkaiko Berrikuntza Agentzia SA.

El diputado general, José Luis Bilbao, anunció el pasado mes de abril el inicio de un expediente de declaración de deslocalización empresarial, tras conocerse el cierre de la compañía y el «traslado» de su cartera de clientes a otras empresas o centros ubicados fuera de Bizkaia.

El mismo expediente concluye que la empresa desarrollaba su actividad de manera normal, aunque «con una expectativa clara de cierre en un futuro cercano». «El gerente carecía de poderes, ya que éstos se habían trasladado a un despacho catalán de abogados. La intención de la empresa matriz de cerrar Rotarex Spain, S.A. era clara y la empresa tenía voluntad de presentar suspensión de pagos», añade.

La Diputación vizcaina precisó que la empresa presentó alegaciones a mediados de mayo y solicitó el archivo por considerar que el destino de la subvención concedida había sido el previsto en su correspondiente solicitud y que las circunstancias por las que atravesaba la empresa respondían «a situaciones de mercado y no a una eventual falta de inversión por parte del accionariado».

A la vista de esas alegaciones, la institución foral determinó que la empresa no desmentía en ningún caso la intención de cerrar su centro de producción en Galdakao y que «no sustanciaba el destino dado a las subvenciones otorgadas».

Además, añadió que la empresa no atendió la solicitud de aportar los TC1 y TC2 solicitados para comprobar la evolución de la plantilla en dos periodos de tiempo distintos.