Dificultades de reclutamiento en EEUU
Horas bajas en el ejército de Estados Unidos
Los conflictos de Irak y Afganistán obligan a tener soldados -voluntarios- en ambos frentes. Tal como van las cosas no es fácil convencer a los jóvenes y menos con unos resultados que traen a la memoria otra guerra de infausto recuerdo como fue la de Vietnam.
Jordi CARRERAS
Nueva York
Se acerca el fin de curso y los reclutadores del Ejército de EEUU redoblan sus esfuerzos para conseguir voluntarios. Estos días no es extraño ver las mesas que mon- tan los captadores de nuevos voluntarios cerca de los institutos de secundaria o en avenidas muy concurridas, especialmente en los barrios más humildes de Nueva York, como el Bronx, Washington Heights o Inwood. Allí vive una buena parte de la comunidad dominicana, familias trabajadoras cuyos ingresos no suelen superar los 20.000 dólares anuales, poco menos de 15.000 euros. Es un segmento de la población proclive a enrolarse a filas, puesto que a muchos de sus jóvenes no les espera mucho más que el sueldo mínimo cuando se incorporen al mundo laboral. Por eso, la llamada del Ejército en estas zonas incluso sextuplica el eco que obtiene en otros barrios de la ciudad. De 2003 a 2006, en Washington Heights y Inwood 172 jóvenes se alistaron mientras que en el Upper West Side y en el Upper East Side, de clase media y alta, sólo 29 lo hicieron.
Pero no sólo son razones estructurales las que explican esta diferencia. Durante el mandato de la Administración Bush, se introdujo una reforma educativa conocida con el lema «No dejar ningún niño atrás», que en su letra pequeña incluyó la obligación a los centros de enseñanza que reciban ayuda del Gobierno federal -por lo tanto, todos aquellos donde acuden las capas más desfavorecidas- de facilitar el trabajo a los reclutadores, incluso dentro de las aulas. Esta ayuda incluye la obligación de los responsables de los centros a proporcionar datos personales de los alumnos.
Peg Rapp pertenece a la asociación Ad Hoc Counter-Recruitment, que pretende impedir que los reclutadores accedan a los institutos y que se les faciliten las direcciones y números de teléfono de los estudiantes y, hasta no hace mucho, las calificaciones académicas. «Los alumnos o sus padres pueden pedir no figurar en estos listados pero deben solicitarlo por escrito y en muchos casos ni tan siquiera saben que tienen este derecho», explica. Esta profesora jubilada lamenta que «no hay mecanismos para garantizar que los centros cumplen este derecho para con los alumnos y, en muchos casos, todo queda en manos de directores o profesores concienciados».
Pero con todo, no es fácil conseguir nuevos soldados. Por eso, según Peg Rapp, «les prometen que viajarán, que vivirán aventuras, que van a conseguir becas para ir a la universidad y que les darán una formación y un entrenamiento que les servirá para la vida civil». En lo que se refiere a las becas, Carol Meyers, de Acción Comunitaria, denuncia que «un 65% de los que ingresan no recibe ni un centavo de beca, porque no cumplen determinados requisitos, y eso que solicitarlas les cuesta 1.200 dólares, que luego no se les devuelven». Además, asegura que «sólo un 12% de los ex soldados aprovecha los conocimientos adquiridos en el Ejército para la vida civil, mientras que la tasa de desempleo entre los veteranos es de entre un 31% y un 58% más elevada que entre los civiles». Meyers añade que los que encuentran trabajo después, ganan de media un 20% menos que sus equivalentes que no sirvieron en la Fuerzas Armadas. Y Rapp concluye que «los captan con falsas promesas, les dicen que no van a ir a Irak y luego, una vez dentro, los envían allí o a Afganistán».
Pero no sólo a los jóvenes a punto de dejar el instituto se dirigen los esfuerzos del Ejército. Meyers denuncia el programa Junior ROTC, que los militares proponen a las escuelas como un programa de entrenamiento educativo y de liderazgo, dirigido especialmente a los jovenes vulnerables de dejar la escuela. Según esta activista, «es un programa de reclutamiento para jóvenes de 13 y 14 años, a los que seducen con uniformes bonitos y actividades extraescolares que los centros, por falta de presupuesto, ya no ofrecen». Explica que «muchos se inscriben por estos atractivos pero una vez dentro les dan un adoctrinamiento militar y el 40% de los que lo siguen dos años se acaban alistando». Denuncia, además, que el 50% de este programa lo aporta el Departamento de Educación cuando, en su opinión, debería destinarse a otro tipo de cuestiones.
Esta activista comenta que, tanto en las ferias de trabajo como en el programa JRTOC, cuando los reclutadores inscriben a jóvenes les hacen firmar el «Programa de los futuros soldados», por el cual a los 18 años se alistarán al Ejército. «Pero no les dicen que no tiene ninguna validez, porque lo firman siendo menores de edad y cuando, llegado el momento, algunos se echan para atrás, los reclutadores les dicen que no pueden y que si lo hacen incurrirán en un acto deshonroso», añade. Tal vez por estas cosas, «The New York Times» publicaba hace unos meses que un 20% de los reclutadores están bajo investigación acusados de amenazas, coacciones y falsas promesas.
Para los jóvenes inmigrantes sin papeles, la estrategia gubernamental para atraerlos al Ejército también ha sido revisada. Las leyes migratorias, en la redacción de 2003, estipulaban tres opciones para regularizar su situación: asistir a un colegio o universidad durante 2 años, cumplir con el equivalente a 6 meses de servicio social a la comunidad o alistarse al Ejército por 2 años. Aunque estos jóvenes no hubieran podido acceder a las becas federales, sí hubieran podido hacerlo a préstamos subsidiados y a un programa de trabajo-estudio. Pero desde el año pasado se quitó la opción del servicio social y el acceso al apoyo financiero, con lo que se deja únicamente la opción militar.
Ahora mismo, la reforma migratoria está bloqueada por el rechazo de senadores republicanos y demócratas. Los primeros quieren que antes de legalizar inmigrantes en situación irregular se proteja la frontera con México con más agentes y más muro. Irónicamente, al Pentágono le conviene la presencia en el país de jóvenes sin la ciudadanía para que se puedan alistar, de los que ahora hay unos 35.000 en el Ejército. No hay que olvidar la vigencia de una orden del presidente Bush que permite a los no ciudadanos solicitar la ciudadanía el primer día de servicio militar.
En EEUU hay quienes afirman que, desde que en 1973 el servicio militar pasó de ser obligatorio a voluntario y profesional, como consecuencia de la guerra de Vietnam, nunca había pasado unas horas tan bajas.
Cierto o no, lo que sí es seguro es que corren malos tiempos para un Ejército que, pese a contar con 1.400.000 efectivos, con los frentes de Irak y Afganistán tiene problemas para cubrir sus necesidades. Una muestra es una reciente información del diario electrónico «Democracy Now!», que señala que el pasado mes de mayo el Ejército no cubrió su previsión de reclutamiento y sólo pudo incorporar a filas 5.100 nuevos soldados, 400 menos de los previstos.
Menos escrúpulos
Otro medio, en este caso el periódico francés «Liberation», apuntaba en febrero que el Ejército se mostraba cada vez menos escrupuloso a la hora de aceptar voluntarios con antecedentes penales. En 2006, admitió 8.129 soldados que en otro momento no habrían superado el listón, una cifra que representó un poco más del 10% de las incorporaciones del año, y un 65% más de los que aceptó con antecedentes -por robo, agresiones con agravante, homicidio involuntario- en 2003, el año de la invasión. Unos 900 tienen antecedentes criminales. Todo esto llevó a «The New York Times» a afirmar en un editorial que «la guerra de Iraq ha sumergido al Ejército en un círculo vicioso de declive en los criterios de reclutamiento».
Pero esta laxitud no le sale gratis ni al Ejército ni mucho menos a los civiles iraquées. Ante la Justicia estadounidense ya han comparecido una veintena de estos soldados por asuntos como masacres a civiles y violaciones. Se sabe de una en Haditha en 2005 y de otras dos en Hamdaniya y Mahmoudiya el año pasado. Por este último asunto, el de Mahmoudiya, un tribunal militar de Kentucky juzgó a 5 soldados acusados de haber violado y asesinado una adolescente de 14 años el 12 de marzo de 2006. El principal acusado, Steven Green, fue condenado a cien años de cárcel. Un año antes había sido contratado pese a los diversos delitos que figuraban en sus antecedentes.
Y si para muchos la guerra es una ruina en todos los sentidos, para unos pocos debe ser un negocio descomunal. Solo así se puede explicar que, según un informe dado a conocer recientemente por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a nivel global el gasto militar en la última década se haya incrementado un 37%. EEUU encabeza este ranking a mucha distancia de otros estados, con casi la mitad de lo que se invirtió en el mundo y multiplicando por diez lo que destinó China a los mismos fines. Esto repercute de manera directa en el día a día los ciudadanos; tal vez la solución a todo esto -o a una parte- esté en un determinado resultado electoral a finales del año que viene.
Las guerras también tienen un coste económico que se puede cuantificar con detalle. La organización National Priorities Project calculó que, de 2003 a 2006, Irak había costado a los contribuyentes casi 500.000 millones de dólares. De estos, casi mil millones corresponden a impuestos recaudados en los barrios de Washington Heights e Inwood. Según Carol Meyers, con este dinero se habrían podido dar becas universitarias a 24.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, proveer de cobertura médica a las 80.000 personas de Washington Heights que no la tienen, pagar el salario a 800 maestros de primaria para cubrir el déficit del barrio y construir 1.200 viviendas de protección oficial. «Pero en lugar de satisfacer estas necesidades, el Gobierno sigue gastando en la guerra, mientras recorta los programas sociales que benefician a comunidades como la nuestra», se queja. Y añade que «esto repercute en las pocas posibilidades de progresar de nuestros jóvenes y luego muchos ven en el Ejército la única salida para evitar la pobreza». En 2007, las ayudas del Gobierno federal en Washington Heights en programas de vivienda y contra la pobreza se han recortado un 35%, unos 5,5 millones de dólares. Menos de lo que se gasta en una hora en Irak.
«En este país un joven no es adulto para tomarse una cerveza en un bar hasta los 21 años; sin embargo, con 17 y medio o 18 sí que lo es para ir a una guerra. ¿Entonces, donde está la diferencia? ¿Por qué para unas cosas no y para ir a matar gente sí?» se pregunta, pausada y serenamente, Julio César Lora Tejeda. Julio César y su esposa, Rafaela, son los padres de Riayn Tejeda, el primer soldado hispano en morir en Irak y una de las primeras bajas estadounidenses en el conflicto.
Pese a que en este momento son críticos con la permanencia en Irak, estos padres no culpan a nadie de la muerte de su hijo. Riayn se alistó en los Marines el mismo día de su graduación, cuando aún le faltaban 3 meses para cumplir los 18 años. Antes de Irak pasó por Kosovo y Afganistán, entre otros destinos, en los más de ocho años que estuvo en las Fuerzas Especiales. Julio César y Rafaela lo aceptan resignadamente. «Se alistó en un momento en que no había conflictos en el mundo y lo que ocurrió, lamentablemente, podía pasar», dicen mientras muestran los pocos objetos que llevaba encima, entre ellos un reloj con dos esferas, cuando encontró la muerte en una emboscada.
Más crítica es Sue Niederer, una activista de Military Families Speak Out que perdió a su hijo de 24 años en Irak. «Mi hijo no se alistó por patriotismo sino por dinero, y porque le dijeron que sería una buena manera de entrar en la CIA o el FBI, que era su sueño», explica. Enérgica y resoluta, ahora Niederer visita escuelas y advierte a los jóvenes antes de alistarse. «Procuro que antes de tomar una decisión, tengan toda la información. Les hago ver que muchas de las cosas que les dicen los reclutadores no corresponden a la realidad, que son estrategias. Si pese a ello, continúan queriéndose alistar, yo misma les doy los papeles», afirma. Sue asegura que «los reclutadores son como agentes comerciales, utilizan argumentos como que la guerra en Irak ha terminado y que tienen más posibilidades de morir en las calles de Nueva York».
Niederer califica esta guerra como «una pérdida de tiempo, de dinero y, sobre todo, de vidas humanas. Es insana y una decepción para el país. Fue una decisión unilateral de Bush, a quien no le importa lo que digan los demás. Su máxima es `o a mi manera o no se hace', porque es un dictador como Hitler y Saddam Hussein».
Según las cifras oficiales, en la guerra de Irak hasta el momento han muerto 600.000 civiles iraquíes y más de 3.400 soldados estadounidenses, un 70% de ellos blancos y el resto hispanos y negros.
35.000
sin la ciudadanía estadounidense hay en el Ejército actualmente. Al Pentágono le conviene la presencia de inmigrantes en situación irregular para que se puedan alistar en las Fuerzas Armadas.
A pesar de las dificultades que tiene el Ejército de EEUU en Irak, también hay soldados que han estado allí y están dispuestos a volver. Uno de ellos es Héctor Rivas, que hace 20 años emigró desde El Salvador a Texas y 13 que es soldado «para devolver a EEUU lo que ha hecho por mí», dice. Rivas estuvo en Bagdad de abril de 2003 a agosto de 2004 y hasta diciembre está en ayuda humanitaria a países de Centro y Sudamérica, aunque asegura que «volvería a Irak con gusto; es más, estoy deseando que me llamen». Pero es consciente de que las cosas han empeorado. «Antes nos veían como héroes y ahora como invasores», dice. Asegura que en el Ejército hay jóvenes de todas las condiciones, «también muchos hijos de familias ricas que podrían ganar más en casa y están allí por patriotismo», y añade que «el Ejército es una salida para muchos que ahora serían pandilleros o criminales». A las presiones para retirarse, responde que «siempre ha habido, lo que pasa es que la gente quiere resultados rápidos» y aboga por mantenerse «porque si la situación ya es difícil, sin nosotros sería una guerra civil», a lo que, en su opinión, aún no se ha llegado.
De forma diferente piensa el también texano Michael Goss, que ha pasado 2 etapas en Bagdad: de marzo de 2003 a febrero de 2004 y de noviembre de 2005 a junio de 2006. Goss entiende que al principio estaba justificado, puesto que «los vínculos entre Saddam Hussein y Al Queda estaban muy claros». En cambio, ahora sostiene que hay que irse. «El Gobierno iraquí dice que nos quiere allí porque sino habrá una guerra civil, pero no es cierto; ya hay una guerra civil y no puede ser peor», afirma, y agrega que «la gente en Irak no piensa como su Gobierno, están peor que con Saddam, muere gente cada día y la situación está fuera de control». Por eso, después de 8 años, Goss abandonó el Ejército y asegura que «todavía no entiendo qué hacemos allí».
La tensión y el miedo constantes a ser atacados empuja a algunos a dejarlo y, además, hace mella en los soldados. Muchos vuelven con problemas y bastantes requieren tratamiento. Según un estudio realizado por científicos californianos, publicado en marzo en la revista «Archives of Internal Medicine», al menos a una tercera parte de los que necesitan tratamiento médico a su retorno le son diagnosticadas enfermedades mentales o desórdenes sicosociales. Hasta ahora, Irak y Afganistán han dejado secuelas mentales a más de 30.000 ex soldados. Un médico ex reservista que en 2004 estuvo en Bagdad explica que él pudo racionalizar lo que vió porqué tiene 46 años «pero la mayoría de soldados son niños».
Ivone Figueroa hace 17 años que trabaja en el Hospital de Veteranos del Bronx. Esta enfermera trata a diario con veteranos de Vietnam que continúan en tratamiento; de hecho el 90% de sus pacientes son de aquel conflicto que terminó hace más de 30 años. «El estrés postraumático que sufren es tratable pero no curable. Es una cosa que van arrastrar de por vida, y el tratamiento se lo hace más llevadero», explica Figueroa, que también trata con los que vuelven de Irak. «Tienen sus traumas», dice pero enfatiza que también hay muchos que lo llevan bien. «Todos somos distintos y una determinada situación no nos afecta de igual manera. Cada veterano vivió una experiencia diferente y cada cual lo lleva a su manera», asegura.
8.129
que en otro momento no hubieran superado el listón fueron admitidos en el Ejército de EEUU en 2006. Un 65% más de los que aceptó con antecedentes penales en 2003, el año de la invasión.
