Hay algunos temas de la convivencia humana globalizada en los que los gobiernos europeos no coinciden al conceder o denegar legalidad a ciertos comportamientos y actos puntuales de sus correspondientes ciudadanos. Por otra parte la legalidad de estos temas no viene a resolver el tema de la ética pero, sin embargo, es un paso esclarecedor que conviene plantearlo en primer lugar.

En efecto, hay gran diversidad de legislaciones democráticas en el tema de la aceptación de la homosexualidad, del matrimonio de los homosexuales, del aborto, de la compensación por la donación de óvulos permitida en Estados Unidos y prohibida en Canadá y en el Reino Unido o, por citar un último ejemplo, de la capacidad de las familias monoparentales para la adopción. Estos y otros muchos ejemplos podríamos citar sobre la distinta valoración legal que se da en los estados democráticos europeos.

Además, dentro del marco legal nos encontramos en España y en otros estados europeos con partidos mayoritarios que tienen posturas contradictorias con respecto a temas determinantes en la vida social como pueden ser el aborto, la eutanasia o la homosexualidad. Estos partidos se amenazan mutuamente con su futura actuación, al afirmar que si alguno de ellos llegase al poder, deslegalizaría normas aprobadas o comportamientos impuestos en el período anterior, ya sea en la lucha contra el terrorismo o en los temas ya aludidos.

Igualmente, en una sociedad laica como la española nos encontramos con el grave problema de la desigualdad legal con respecto a las confesiones religiosas que se profesan en el Estado. En España no hay una religión oficial, pero la Iglesia Católica goza de tantos privilegios, que su tratamiento casi se asimila a una profesión estatal de catolicismo.

El Ministerio de Justicia quiere contar con las religiones de notorio arraigo para que al hacer la declaración de la renta se les pueda asignar el 0,7% del IRPF con el que legalmente se premia a la Religión Católica. En España hay medio millar de iglesias evangélicas que forman la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FERESDE). Habría que añadir los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Ultimos Días (mormones) que ya gozan del reconocimiento «de notorio arraigo» en el Estado español. Le siguen los musulmanes con la Comisión Islámica de España (CTE) integrada en la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de Comunidades Islámicas de España. Y no en último lugar deberíamos contar con la Religión Semita de los judíos. Todas estas religiones, y otras no citadas, conforman la «Fundación Pluralista y Convivencia de religiones» que actualmente está dirigida por el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Todas estas religiones (incluida por supuesto la mayoritaria católica) tienen sus presupuestos religiosos de comportamiento que obligan a sus correspondientes creyentes en conciencia y que están a veces en conformidad y otras en contra de las normas legales de los estados europeos. Sin duda alguna existen normas de ética religiosa, ya sea dentro de las diferentes comunidades cristianas lo mismo que en otras religiones monoteístas ya citadas.

Además y de mayor impacto y actualidad es el tema ético que pudo plantear el programa «El gran espectáculo de los donantes» de la cadena holandesa BNN. En este programa y de forma fingida, una enferma de cáncer terminal donaba un riñón al mejor postor, con un compromiso formal de ejecución y donación entre la paciente y sus tres posibles receptores. En este caso no se trataba de una donación altruista por razones familiares, tema resuelto favorablemente en las diferentes legislaciones europeas, sino de una verdadera subasta para propiciar un trasplante de órganos.

Iguales dudas éticas se presentan en la venta de óvulos como lo hizo Samantha Carolan por una cantidad de 5.200 euros la primera vez y 6.000 euros la segunda. Sin embargo pronto se han superado estos datos y el precio de los óvulos se ha disparado en los últimos años por su creciente demanda. Según la revista científica norteamericana «Fertility and Sterillity» la compensación media para las donantes de óvulos en Estados Unidos es de 3.133 Euros, siendo el tope máximo pagado hasta ahora el de 11.000 Euros.

¿Puede el dinero empujar a una persona a un proceso de donación de su cuerpo en la prostitución, de sangre en una transfusión o de sus órganos o aun de sus óvulos? ¿Son éticas estas acciones? Bien es verdad que en estos comportamientos siempre hay un trabajo o un menoscabo corporal que se podría compensar. En la donación de óvulos la mujer debe tomar medicamentos para interrumpir su ciclo menstrual y recibir inyecciones de hormonas para estimular sus ovarios con el fin de que produzcan óvulos maduros. Más aún, los medicamentos pueden causar contratiempos físicos y aun hay riesgo de contraer ciertas enfermedades. Pero además de la compensación del trabajo y de las molestias percibidas se debe uno preguntar por la eticidad de las mismas acciones.

Con estos antecedentes ya descritos, podemos comprobar como punto de partida, no sólo la existencia de una disparidad entre la legalidad estatal y la ética de las diferentes religiones, sino las dudas éticas que se suscitan en la ciudadanía laica de nuestros estados democráticos, ante un conjunto de acciones compensadas o no económicamente. Estamos por lo tanto sumergidos en un mar de mandatos legales, de orientaciones religiosas y de actuaciones humanas que intentamos dilucidar desde un comportamiento ético no obediente en exclusividad a un mandato legal o religioso.

Pero en el supuesto de una sociedad laica queremos buscar los criterios que señalen la posibilidad de evaluar como ética una acción concreta o un comportamiento individual y social determinado. La respuesta que se suele dar a este tema es el de que cada uno puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que crea conveniente. Es decir, se acoge al criterio individual de la ética que es la propia conciencia. Pero la conciencia personal no es criterio suficiente, aunque sí necesario. Toda respuesta individualizada, para que sea ética, deberá considerar unos referentes y componentes sociales que no podrá pasar por alto.

Pongamos dos ejemplos, uno sobre el aborto y otro sobre la eutanasia, en los que se ve cómo la acción humana individual, para que sea ética, necesita que sea socialmente aceptable.

En el caso del aborto los padres tienen capacidad, más aún, responsabilidad de llevar y conducir esta nueva vida hasta la realización de un ser humano. Los padres no son meros espectadores de un proceso que ellos «casualmente» hayan iniciado, sino que su protagonismo responsable se debe mantener siempre y constantemente con respecto al nasciturus, hasta que llegue a su maduración como ser hombre. Por lo tanto, a la hora de proceder a un aborto hablando no de legalidad sino de ética, no basta la decisión de la madre, sino que al menos se necesita la conformidad familiar del padre y aun diría de aquel grupo social más cercano que hizo viable la vida familiar de los propios padres.

Si pasamos al tema de la eutanasia nos encontramos con dos posturas radicalmente contrarias que se representan en los films «Las invasiones Bárbaras» y en «Mar adentro», de modo que la primera puede ser considerada ética por ser una decisión familiar y socialmente arropada, y no la segunda donde el protagonista toma su decisión sin contar con la familia, más aún, contra la opinión de la misma.

Conclusión: ¿Tendríamos algún criterio general para saber si una acción humana es laicamente ética? La respuesta provisional es doble: En primer lugar las mayorías sociales que se van paulatinamente conformando, orientan sobre la eticidad laica de las acciones y de los comportamientos humanos. Y en segundo lugar la decisión en conciencia tomada en conformidad con ese respaldo familiar y social será el criterio decisivo de la eticidad de una acción personal.