Según un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el día 18 de este mes murieron 11 diputados de aquel país, secuestrados en 2002 por esa guerrilla, en el tiroteo producido por el ataque de «un grupo armado no identificado», que las FARC identificarían con el Ejército al asegurar que el presidente Uribe pretende llevar a cabo rescates militares por encima de todo. El Ejército colombiano, por su parte, ha negado haber efectuado operación militar alguna para liberar a los diputados que al parecer murieron, extremo que el Gobierno del país debería dejar bien claro. En cualquier caso, resulta extraño el suceso tratándose de un grupo de rehenes «de alto rango» que el Gobierno colombiano pretendía intercambiar por guerrilleros. El conflicto colombiano se alarga entre intentos o al menos anuncios de negociaciones. Los gobiernos de aquel país no se han distinguido por apostar por una solución racional del mismo, cuyas causas se encuentran en la desigualdad y en la injusticia, y en el que se entremezclan intereses en los que converge la injerencia exterior. En esa situación de violencia, además de la guerrilla y el Ejército, contribuyen de manera decisiva los grupos paramilitares. Una complicada situación, un conflicto que exige ser abordado de una vez con verdadera decisión y voluntad de solucionarlo.