En la última semana las instituciones autonómicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han aprobado dos medidas relacionadas con la lucha contra la pobreza. Por un lado, el Gobierno de Lakua ha aprobado el denominado III Plan de Inclusión Social a desarrollar hasta el año 2009 y que presenta el no poco ambicioso objetivo de bajar los índices de pobreza al 3% de la población. Por otro lado, el Parlamen- to de Gasteiz, con los votos de PNV, EA, Ezker Batua y PSE, dio su visto bueno a la reforma de la Ley de Exclusión Social para aumentar la cuantía de la renta básica, crear una nueva ayuda social destinada a gastos de vivienda y extender los casos con derecho a percepción.

Y, sin embargo, lejos de suscitar un aplauso generalizado, se han escuchado críticas de todos los sindicatos y de las plataformas contra la exclusión social que trabajan en Euskal Herria.

La reforma de la Ley contra la Exclusión Social supone aplicar los acuerdos pactados entre el tripartito y el PSE. Uno de los cambios adoptados supone elevar la renta básica del actual 87% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al 88%.

Con este punto porcentual de aumento, que supone en realidad un incremento de cinco euros, esta prestación quedaría establecida en 501 euros mensua- les para una sola persona. A esta cantidad se le añade un 25% si se trata de dos personas en la unidad familiar y un 10% por los restantes miembros. Pero sindicatos y asociaciones contra la pobreza reclaman equiparar la renta básica al SMI, fijado en 570 euros. Pero el 88% es el tope al que el Ejecutivo está dispuesto a llegar, con el argumento de que acercarlo más al SMI desincentivaría la búsqueda de empleo, conscientes de que el mercado laboral está ofreciendo salarios cercanos a esa cifra, insuficiente para garantizar un modo de vida digno.

De hecho, el criterio de la OCDE a la hora de establecer el umbral de la pobreza establece unos ingresos del 50% de la renta per capita de una comunidad que, en el caso de Euskal Herria, estaría situado en 804 euros.

Partida para vivienda

Otro de los cambios será extender el derecho a percibir la renta básica a los mayores de 18 años, pero sólo en «situaciones excepcionales». Actualmente, la norma no atiende a la mayoría de edad sino que fija la edad mínima en 23 años. La rebaja de esa edad mínima es precisamente otra de las reclamaciones de sindicatos y grupos sociales que no ha sido atendida.

Sindicatos y grupos sociales también reclaman que las AES, que actualmente perciben más de 24.000 personas, dejen de ser una ayuda sujeta a presupuesto. Es decir, cuando se acaba el dinero, se agota la ayuda.

En su lugar, señalan que debe ser un derecho subjetivo, en función de las necesidades. El Plan Interinstitucional de Inclusión Social tampoco ha tenido gran acogida. En primer lugar, recoge un diagnóstico de la situación de la pobreza en la CAV, en el que estima que las tasas de pobreza se estabilizan.

Calcula que en torno a 45.000 hogares, un 6,2% del total de la CAV, y 110.000 personas, un 5,2% de la población, vive afectada por alguna forma de riesgo de pobreza. Otros métodos de medir la pobreza de una población, como el mencionado de la OCDE, arrojan cifras de hasta 900.000 personas pobres en el conjunto de Euskal Herria. El Plan estima que «se está operando un avance lento pero constante hacia la inserción.

Aun así, reconoce la progresiva feminización de la pobreza, que llega a poner en riesgo al 11,3% de las familias monoparentales. También señala una mayor concentración territorial de la exclusión en las capitales. En este diagnóstico, reconoce que el empleo cada vez protege menos contra la pobreza debido a los bajos salarios que suponen ya un problema para el 13,9% de la población de la CAV.

En este sentido, la plataforma contra la exclusión social Elkartzen echa en falta una reflexión más profunda en torno a la situación del mercado laboral. Subraya que el crecimiento de la pobreza está vinculado a las bajas retribuciones de los empleos a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, y salarios muy inferiores al sueldo medio de 19.640 euros al año e incluso, por debajo de los 7.491 euros del SMI. Aun así, el plan gira en torno al objetivo de la inserción laboral e identifica «el empleo como herramienta de inserción social».

Entre otras medidas, prevé reforzar las empresas de inserción. Explica claramente que la voluntad es «aumentar la vinculación entre la percepción de prestaciones y los procesos de inserción laboral» y para ello, se llevará a cabo «un seguimiento y control continuo y exhaustivo de estos procesos», poniendo en contacto a los servicios sociales con Lanbide o el INEM. Elkartzen denuncia que no analiza la calidad del empleo al que se dirige. En su opinión, de esta forma, las empresas «se inhiben de su responsabilidad social, que traslada a las instituciones públicas y al ámbito familiar», y el Ejecutivo olvida el salario «como un elemento de distribución de la riqueza».

Lakua asegura que el plan se dirige hacia una «progresiva universalización de la renta básica» y prevé la posibilidad de incrementar su cuantía a los pensionistas hasta equipararla al 100% del SMI. También se recoge la ampliación de excepciones para el acceso a la misma de mayores de edad por debajo del tope general de 23 años y un subsidio complementario para familias monoparentales. No obstante, sigue sin atenderse la demanda de generalizar la renta básica a todas las personas mayores de 18 años.

Finalmente, el plan prevé un seguimiento de su aplicación y de la evolución de la exclusión en la CAV. Elkartzen critica que la medida supone un mero seguimiento de la eficacia del gasto y exige el establecimiento de un umbral de pobreza, indicadores de la distribución de rentas y un seguimiento del coste real de un nivel de vida digno».