La secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE, Isabel Celaá, denunció ayer «la escasa implicación» de las instituciones autonómicas en el desarrollo de la Ley estatal de Dependencia y, en concreto, criticó que la Diputación de Bizkaia haya dictado dos decretos como si esa ley «no existiera».

Explicó Celaá que el decreto foral 74/2007 que regula el reconocimiento de la situación de dependencia introduce «una discrepancia significativa», de modo que, mientras la Ley indica que el derecho surge a partir del día siguiente de la solicitud, el decreto mantiene que «la fecha de efectos será cuando se comience a prestar el servicio», por lo que reclamó su «urgente rectificación». Asimismo, indicó que el decreto 95/2005 que regula el sistema general de acceso a las plazas de servicios residenciales y estancias temporales para personas con discapacidad establece requisitos como llevar empadronado en Bizkaia tres años o tener edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, «restricciones graves que no resultan admisibles» teniendo en cuenta la Ley.

El PSE pide medidas legislativas urgentes para desarrollar el derecho de acceso a los servicios sociales en el marco de la Ley de Dependencia «y no para restringir torpemente su acceso». También critica «el esfuerzo» de las administraciones autonómica y foral por «hacer invisible y ocultar deliberadamente la labor positiva» de la Administración del Estado, que asignó, según Celaá, 8,7 millones de euros en inversiones en el Sistema de Dependencia a la CAV durante 2006.

Rxpresó también su preocupación por el hecho de que la financiación que proviene del Estado «pueda utilizarse para incrementar el superávit de las haciendas vascas, en vez de invertirla en el sistema vasco, al que queda mucho por hacer en términos de calidad».

Celaá comentó que Lakua «sigue sin saber ejercer su papel director» en el desarrollo de los servicios sociales y permite que las diputaciones «le ganen sistemáticamente la batalla», lo que genera «un cuadro preocupante de diferencias territoriales, que constituye el mal endémico de los servicios sociales vascos».

El PSE recomienda a los afectados en la fase de aplicación de la Ley (grado III de dependencia, niveles 1 y 2), con cobertura prevista para 2007, que conserven las facturas de pago en servicios de residencias, atención domiciliaria o centros de día satisfechas a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento «para repercutirlas a la administración, pese a que en los decretos no se dice nada».