Ni derecho a decidir ni competencia de prisiones ni Seguridad Social
El debate del presidente del Gobierno español con los grupos nacionalistas vascos y catalanes sirvió para que José Luis Rodríguez Zapatero volviera a manifestarse en contra del derecho a decidir e insistiera en la idea de «Vivimos juntos, decidimos juntos». Además, reiteró que el Ejecutivo español no contempla transferir a la Comunidad Autónoma Vasca ni la política penitenciaria ni el régimen económico de la Seguridad Social a pesar de lo que dice el Estatuto.
Iñaki IRIONDO |
Poco antes de finalizar su intervención, la parlamentaria de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, planteó al presidente del Gobierno español una serie de preguntas: «¿Se puede por ley, por decreto o por imposición anular o eliminar la identidad que sienten y les es propia a millones de personas? ¿Puede ser compatible un proyecto de Estado, de identidad española, que para serlo niega la existencia de otras identidades como la vasca, la catalana o la gallega?» Y después señaló que éste no es un problema exclusivo del Estado español. «La diferencia -afirmó- es que en nuestro entorno han conseguido resolverla con principios democráticos y pacíficos. Han evolucionado a estados verdaderamente plurinacionales; han sido las naciones las encargadas de llevar adelante su propio proyecto conformando un estado». Lasagabaster recordó que en los últimos 25 años se han creado 24 nuevos estados, muchos en Europa, y han justificado sus bases en el derecho de autodeterminación, que reclamó también para la ciudadanía vasca.
El presidente del Gobierno español respondió a Lasagabaster que «vivimos juntos, decidamos juntos y tengamos presente ante todo que la democracia y la ruptura son términos incompatibles», y no quiso ahondar en la cuestión recordando que la víspera ya había tenido un debate al respecto con el portavoz de ERC, Agustí Cerdá.
En el transcurso de aquel intercambio de pareceres, Rodríguez Zapatero sostuvo que «la democracia propende a la unidad». Y añadió que «no ha habido ni un solo sistema democrático en toda la historia que haya tenido un proceso de determinación. No lo hay. Eso sólo se ha producido en espacios dictatoriales o de salida de regímenes dictatoriales».
De nada sirvió que el portavoz de ERC le pusiera sobre la mesa el caso de Gran Bretaña, donde en estos momentos se está planteando la posibilidad de segregación de Escocia, ni tampoco el ejemplo de Quebec. Zapatero insistió en que «la democracia tiende a la unidad que da libertades y derechos a la ciudadanía, que permite diversos niveles de gobierno y diversas culturas, y que impide la imposición, porque nadie tiene el monopolio identitario. Ésa es la ventaja de vivir juntos, que nadie se sale con la suya para siempre. Tengo el convencimiento y la seguridad de que vamos a estar mucho tiempo juntos, así que pongámonos a trabajar en los temas de cada día, colaborando».
Este discurso del presidente del Gobierno español bien podría entrar en los «motivos teológicos» de «fe nacional hispana» que -según apuntó el portavoz del PNV, Josu Erkoreka- ahora Zapatero y con anterioridad José María Aznar emplean para rechazar demandas del nacionalismo vasco. Tanto el diputado jeltzale como la diputada de EA insistieron en la idea de que en materia autonómica, y también en cuestiones como la Ley de Partidos (Erkoreka habló de «Guantánamo electoral»), no hay muchas diferencias entre este Ejecutivo y el anterior.
Invasión competencial
Hablando de la reformas estatutarias, Josu Erkoreka recordó la suerte que había corrido el proyecto del Parlamento de Gasteiz y se quejó de que casi treinta años después de la aprobación del Estatuto de Gernika «seguimos esperando que se cumpla». El portavoz jeltzale sacó a colación el traspaso de la competencia de prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social, que figuran en el Estatuto y que Madrid se niega a transferir.
Rodríguez Zapatero reiteró que su Ejecutivo no tienen intención alguna de llevar a cabo esas transferencias y alegó diferencias en la interpretación del Estatuto.
Erkoreka y Zapatero centraron buena parte de su debate en cuestiones teóricas sobre competencias. El presidente del Gobierno sostenía que hay competencias que son exclusivas del Estado y otras que los son de las comunidades autónomas. Sin embargo, el portavoz del PNV apuntaba que en la práctica las competencias exclusivas de las comunidades autonómicas habían desaparecido porque el Estado había ocupado parte de las mismas.
La tercera representante vasca en intervenir, Uxue Barkos, de NaBai, se centró en tratar de defenderse de las acusaciones del PP -que la víspera dijo que si el PSN gobernaba con este grupo se dejaría una puerta abierta a futuras negociaciones con ETA- destacando el label democrático de los partidos que conforman la coalición. Pidió a Zapatero que apostara por el cambio, también en Nafarroa.
Según Rodríguez Zapatero, «no hay un solo sistema democrático que haya tenido un proceso de determinación». ERC le habló de los casos actuales de Quebec y de Escocia sin convencer al presidente español.
Josu Erkoreka, del PNV, y Begoña Lasagabaster, de EA, coincidieron en que en materia autonómica y en algunas otras cuestiones como la Ley de Partidos la gestión de Zapatero no difiere mucho de la de Aznar.
Cuando Josu Erkoreka habló de que el Estado invadía continuamente competencias autonómicas, puso como ejemplo la promesa de 2.500 euros por hijo o hija que el presidente del Gobierno español hizo en su discurso. El portavoz jeltzale recordó que ésa es una materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en su caso, de la CAV
José Luis Rodríguez Zapatero señaló por su parte que esa iniciativa no invade competencias autonómicas, sino que esos 2.500 euros vendrían a sumarse a las ayudas que estén en vigor en cada comunidad o las que puedan proyectarse en el futuro.
Otra de las cuestiones en disputa entre el PNV y el Gobierno español es la referida a la renovación de la Ley Quinquenal de Cupo, que debía haberse hecho antes del 31 de diciembre, y el blindaje del Concierto Económico. Zapatero afirmó ayer que las negociaciones van por buen camino y pronosticó un próximo acuerdo, aunque cabe recordar que también había dicho que éste se alcanzaría antes del pasado 3o de junio.
La vicelehendakari de Lakua, Idoia Zenarrutzabeitia, dijo después que «está bien» que Rodríguez Zapatero aludiera a la posibilidad de cerrar «en breve plazo» un acuerdo en torno al Cupo, pero señaló que «lo que se requiere en este momento» es «poner la huella sobre el papel» en la comisión mixta del Concierto Económico «antes de coger vacaciones». Insistió en pasar de las voluntades a los hechos.
Tras el agrio debate de la víspera con Mariano Rajoy, las cuestiones referidas al proceso de conversaciones con ETA y la búsqueda de la paz y la normalización democrática fueron ayer una balsa de aceite para el presidente del Gobierno español. Todos los grupos le mostraron su apoyo, aunque con diferentes matices. El PP, en cualquier caso, sigue en sus posiciones del martes y ayer presentó una propuesta en la que exige la derogación de la resolución de mayo de 2005 y demanda que el presidente remita a las Cortes las actas de las reuniones mantenidas con la organización armada vasca.
El primero en tomar la palabra en el día de ayer fue el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, quien se dirigió en estos términos a José Luis Rodríguez Zapatero: «Usted hizo lo que pudo y lo que debió, y nada puede reprochársele al respecto».
Como ya es casi una costumbre, el también líder del PSOE, en su referencia al PNV, le agradeció el comportamiento «ejemplar» de un partido «profundamente democrático» en defensa de la libertad, la paz y la convivencia. Además, subrayó que los jeltzales habían actuado atendiendo siempre a «la defensa del interés general».
A lo largo de su intervención, el portavoz del PNV en el Congreso reclamó al presidente del Gobierno que tras el «fracaso» de la negociación con ETA actúe «con más realismo que nunca, pero por ello también con mayor compromiso con la paz que nunca». Citando a Tony Blair, ex primer ministro británico, le recordó que si en Irlanda el proceso de paz siguió adelante fue porque «siempre se mantuvo un hilo de comunicación y una mínima confianza».
Begoña Lasagabaster, por su parte, tampoco quiso emplear mucho tiempo en esta materia «para no contribuir a que ETA sea el centro del debate». Destacó que los análisis sobre lo hecho y la extracción de lecciones debe hacerse «en privado». El presidente del Gobierno también le agradeció el apoyo prestado y expresó su confianza en que los esfuerzos realizados por «todos» en el intento de acabar con la violencia de ETA no hayan sido «en balde» y garantizó que, desde el proyecto que representa, intentará renovar esa «esperanza» de manera continua.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, denunció desde la tribuna que, aunque la culpa de la ruptura del alto el fuego era de ETA, «la derecha había boicoteado la tregua», palabras que fueron recibidas con gestos de asentimiento por parte de Rodríguez Zapatero. Llamazares propuso la necesidad de un «acuerdo político con marchamo parlamentario» para hacer frente a estos momentos de actividad armada por parte de ETA. A su entender, la posibilidad del alto el fuego se abrió con una resolución parlamentaria y estos momentos exigen también un acuerdo parlamentario. Su propuesta no obtuvo respuesta por parte del presidente del Gobierno durante el debate.
En cualquier caso, Izquierda Unida registró ayer una propuesta de resolución con las bases de lo que entiende que debiera ser una estrategia unitaria contra ETA. El PSOE considera que no es necesaria una resolución de este tipo mientras que Esquerra Republicana de Catalunya condiciona su voto afirmativo a que se incluya la retirada de la Ley de Partidos.
Quien mantienen su propuesta de resolución, a pesar de que está ya anunciado que será ampliamente derrotada hoy, es el PP. En ella se pide que se revoque la moción aprobada en mayo de 2005 que abría la puerta al diálogo con ETA si se daban unas determinadas condiciones de fin de la lucha armada. En el mismo texto, se exige al jefe del Ejecutivo que entregue a las Cortes las actas de las reuniones mantenidas con ETA.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana justificó la decisión de su partido de presentar una moción en esta materia porque, en estos momentos, «los españoles están amenazados» por ETA, algo que, a su entender, hace necesario que se retire cualquier tipo de invitación al diálogo hacia aquellos que están dispuestos a matar. «Los tiempos no aconsejan un acuerdo de esa naturaleza» apostilló.
«Mantener ese acuerdo vivo es seguir dando oxígeno a los terroristas. Se les tiene que transmitir que se les va perseguir con todas las armas del Estado de Derecho», sentenció, llamando a todas las fuerzas políticas de la Cámara a sumarse a su iniciativa «por la dignidad» del Parlamento y de «todos» los españoles.
Zaplana añadió que «el presidente del Gobierno carece de credibilidad y sólo se puede recuperar entregando las actas de las reuniones con ETA. Se nos ha contado no sólo que esas reuniones existen, sino que hay acuerdos y compromisos. Zapatero no negó la evidencia».
Desde el PSOE, Diego López Garrido, criticó que el PP pida en su resolución las «supuestas actas de conversaciones con ETA». Pedir su publicación, dijo, significa favorecer «una estrategia del terrorismo muy clara».
«Esas supuestas actas se publicarían por ETA no con fines pacíficos, sino lisa y llanamente para legitimar la violencia y de paso enfrentar a los españoles y que ustedes se enfrenten a nosotros -remachó dirigiéndose a la bancada 'popular'-. Ése es el objetivo de las actas que quieren que se publiquen».
Tras lo visto en el debate y en días anteriores, el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Diego López Garrido -que no negó la existencia de las actas- apuntó que «Rajoy se ha convertido en un magnífico lector de GARA».
GARA
