La portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, presentaron ayer el «Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos» que, al tiempo que «condena la violencia de ETA», parte de la evidencia de que «la sociedad vasca sufre otras trasgresiones de los derechos humanos». Entre ellas, en el documento se citan la extensión de los delitos de terrorismo hasta lo que se piensa y no «lo que se hace», la aplicación de la «cadena perpetua encubierta», la utilización de «jurisprudencias creativas al límite», la infracción de la presunción de inocencia y la formación de un «Gobierno de los jueces» que deja sin espacio al «Gobierno de los representantes políticos».

El plan incluye la promoción de iniciativas ante las Cortes españolas para la reforma de numerosas leyes en el ámbito «antiterrorista, penitenciario, procesal, de menores y de partidos». Además, se anuncia la convocatoria en diciembre, «en colaboración de diversos organismos internacionales», de un «foro de reflexión internacional sobre la normativa antiterrorista en el ámbito estatal y europeo», la «elaboración de un informe anual independiente sobre el respeto a los derechos civiles y políticos en Euskadi», cuyas conclusiones serán remitidas al Parlamento de Gasteiz, al español y al europeo, y la reunión de un seminario internacional sobre la aplicación «en Euskadi y en el Estado» de las declaraciones de derechos humanos, incluidos aquellos pactos de la ONU que recogen el derecho de autodeterminación.

Miren Azkarate, en euskara, y Joseba Azkarraga, en castellano, destacaron en sus intervenciones que la visión del Gobierno de Lakua se basa en que la «defensa de los derechos humanos no admite exclusiones ni discriminaciones. Los derechos son indivisibles». Y no cabe hablar peyorativamente de «equidistancia».

Según su análisis, «la sociedad vasca actual no acepta a quienes reivindican los derechos individuales de las personas detenidas o los derechos colectivos del Pueblo vasco, pero, al mismo tiempo, evitan condenar los atentados de ETA. Por otro lado, hay, también, quién alza su voz para condenar el terrorismo de ETA, pero mira para otra parte cuando se trata de denunciar otras violaciones, como la tortura, o cuando se aprueban legislaciones que recortan los derechos civiles y políticos de una parte significativa de la sociedad vasca».

Líneas rojas traspasadas

En opinión del Ejecutivo autonómico, «la legislación excepcional contraterrorista tiene sus límites», y «los derechos civiles y políticos señalan las líneas rojas que no deben cruzar los poderes públicos». Según constata, «en los últimos años esa primera frontera ha sido rebasada de forma generalizada desde diversos frentes».

El plan pasa a enumerar algunas de esas líneas rojas traspasadas. Comienza señalando que en la actual legislación «subyace una imagen del ciudadano como enemigo». Y añade que «la legislación contraterrorista se ha ido extendiendo como una mancha de aceite hasta desdibujar los propios límites de los derechos individuales de las personas». Pone como ejemplo la «nueva relectura del significado de ETA» que lleva a considerar que todos cuantos coincidan con los fines de la organización pueden ser acusados de colaboración o pertenencia. Ya no se juzga tanto «lo que se hace» como lo que se piensa. Según dice textualmente el Plan, «cualquier ciudadano se puede ver expuesto a una acusación difusa y sin todas las garantías para poder defender su inocencia».

Lakua observa también un incumplimiento de los tratados internacionales. Por ejemplo, se ha impuesto «una condena perpetua encubierta, aderezada por una política de dispersión y alejamiento contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español». A esto se añade «prácticas procesales que protagonizan jurisprudencias creativas al límite», en el que las «medidas cautelares» se convierten en «penas adelantadas».

En este apartado se incluye el «cierre `preventivo' de medios de comunicación, sin que medie sentencia firme, ni sea posible revertir después sus efectos».

Entre las líneas rojas traspasadas se enumeran también el abuso de la prisión preventiva y la vulneración de la presunción de inocencia.

Además, se menciona que «algunos jueces han aprovechado este marco legal para censurar, controlar, supervisar e incluso dirigir la acción política». Mencionan aquí los procesos contra el lehendakari, contra la Mesa del Parlamento y contra «representantes de partidos políticos vascos -PSE-». Llamativamente, entre los que padecen estas circunstancias Lakua no enumera a los mahaikides de Batasuna, principales imputados de los casos en los que les acompañan Ibarretxe, López y Ares.

En conclusión, el Gobierno de Lakua entiende que «la nueva legislación y su interpretación judicial están envenenando el clima político y están debilitando tanto el propio equilibrio institucional como el principio de separación de poderes».

Por todo ello, Lakua asegura que «no puede permanecer impasible ante la restricción de derechos civiles y políticos».

El Plan fue elaborado entre marzo y abril, pero que no se dio a conocer por ser periodo electoral. Ahora llega en un contexto diferente. Según el Ejecutivo, «cuando ETA ha decidido de nuevo romper la esperanza».

Ante esto, afirma que «el terrorismo de ETA es despreciable y repugna nuestros principios morales, pero no puede anular nuestra capacidad para exigir el cumplimiento de todos los derechos humanos. Porque, si respondemos a una violación de los derechos humanos con otra habremos perdido para siempre la batalla ética y democrática frente a ETA».

Iniciativas

Entre las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo autonómico, destaca el anuncio de que «antes de que finalice este mismo año, una institución independiente y de solvencia garantizada comenzará a elaborar un informe de la situación actual en derecho comparado y jurisprudencia constitucional, en materia de derechos civiles y políticos. Sus conclusiones serán entregadas al Consejo Político del Gobierno Vasco y remitidas por el lehendakari al Parlamento Vasco, al Parlamento Español y al Parlamento Europeo para su toma en consideración».

Igualmente, otro comité internacional elaborará un texto sobre la situación del cierre de medios de comunicación en el ámbito vasco, que será remitido a las mismas instancias. Se prevé también una «jornada sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información en Euskadi».

El plan recoge a su vez que «el Gobierno instará mediante los cauces oportunos» diversos cambios legales entre los que destacan la solicitud de derogación de la Ley de Partidos y la de desaparición de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Primeras críticas

El PSE reaccionó de inmediato a la presentación del Plan. Rodolfo Ares lo calificó como «una irresponsabilidad», porque «pretende desmontar los instrumentos que se han demostrado eficaces» en la lucha contra ETA.

Desde el PP, Carmelo Barrio habló de «retroceso democrático» y acusó al Gobierno de Lakua de estar «cerca de las tesis de ETA-Batasuna».