El Estado afirma que garantizará los fondos para los proyectos PB 2020
Como sucediera recientemente en el Consejo de Electos, la asamblea del Consejo de Desarrollo dejó patente su preocupación por la financiación de los proyectos emanados de Pays Basque 2020 y que deberán concretarse en el Contrato Territorial 2007-2013. El subprefecto aseguró que, una vez que los proyectos reciban fondos de las instancias habituales (Consejo Regional, General), el Estado asumirá su promesa para garantizar la financiación que quede pendiente.
Arantxa MANTEROLA |
La asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo dejó de manifiesto su inquietud por la financiación de los proyectos que están concretándose en base al plan territorial Pays Basque 2020 elaborado durante estos dos últimos años.
Diversas intervenciones en ese sentido, entre ellas la de Daniel Romestant del sindicato CGT o la del propio Max Brisson, miembro del Consejo de Dirección y presidente de la Oficina Pública del Euskara, mostraron esa preocupación. Brisson llegó a decir que «habrá que defender la especificidad de nuestra iniciativa y que, si es preciso habrá que luchar contra el jacobinismo bordelés para sacar adelante nuestros proyectos». El también vicepresidente del Consejero General se refería a la distribución de fondos para proyectos territoriales del que se ocupará el Consejo Regional de Aquitania y en el que los territorios vascos serán tratados como cualquier otro territorio.
Lo que falte, el Estado
El consejero regional Frantxoa Maitia defendió la actuación de su institución -«el Estado da un euro y el Consejo distribuye un euro» dijo- para, a continuación, dirigirse al subprefecto Jean-Jacques Caron y manifestarle su «seguridad de que el Estado garantizará los complementos financieros necesarios» o ayudará a obtenerlos vía Europa (programa Interreg...).
El representante estatal, que intervino en último lugar, confirmó que el Estado cumplirá con los compromisos adquiridos en su día por el ex-ministro de Organización territorial Christian Estrosi.
Remarcó, sin embargo, que primero se hará la designación de las partidas del Consejo de Aquitania y que sólo luego y a condición de que los proyectos estén bien argumentados, trabajados y presentados, se abrirá la vía para buscar otros fondos comunes o europeos.
Caron anunció que próximamente habrá una reunión interministerial donde se planteará la cuestión, y ratificó a la asamblea que para el Estado el programa PB 2020 y el contrato territorial para el periodo 2007-2013 derivado del mismo son una «verdadera prioridad».
Ejercicio 2006
La asamblea aprobó las cuentas y el informe de actividades del 2006, si bien hubo algunos votos en contra, especialmente el del profesor Bernard Causse que se declaró «decepcionado» porque no se había avanzado prácticamente nada respecto a la creación de un campus universitario propio.
Por otro lado, se expuso la metodología que se seguirá para renovar los miembros del Consejo de Desarrollo, así como los representantes en los diferentes colegios y de las estructuras de dirección. El nuevo Consejo debería estar completado para noviembre o diciembre.
El Consejo de Desarrollo está últimando los proyectos preparados por 14 comisiones temáticas. Tres de ellas (turismo, pesca y montaña) aún no han preparado los suyos. El convenio territorial se firmará a fin de año.
En respuesta a la preocupación que varios asistentes a la asamblea, entre ellos, el propio presidente del Consejo de Desarrollo manifestaron sobre la reforma del mapa judicial que puede conllevar la desaparición del Tribunal de Gran Instancia de Baiona y, por ende, influirá también en el Tribunal de Comercio, en el Administrativo y en el Consejo de Prud'hommes, el subprefecto respondió de una manera poco habitual si se tiene en cuenta el cargo que ocupa dejando un tanto atónita a la asistencia.
En tono firme, Jean-Jacques Caron aseguró primero que aún no hay ninguna decisión sobre la eliminación del TGI y reprochó que se crean los «rumores cuando todavía no ha comenzado la concertación». Acto seguido se lanzó en una auténtica apología de la política de reformas anunciada por el presidente Sarkozy, calificando la de la justicia como una «reforma de progreso» y espetó a los participantes de la asamblea si «quieren seguir mirando a otro lado» en referencia a lo ocurrido en el caso de Outreau en el que varias personas inocentes acusadas de pedofilia estuvieron dos años encarceladas por un fallo en la instrucción.
El Consejo de Desarrollo aprobó trasladar al ministerio su posición contraria a la desaparición del TGI porque va contra el espíritu de la iniciativa de «preservar y fomentar estructuras propias y cercanas al territorio».
