El Gobierno de Lakua presentó ayer una serie de iniciativas en defensa de los derechos civiles y políticos de todas las personas que constituye un catálogo de actuaciones muy válidas en la situación actual. No puede pasar desapercibido que muchas de las medidas anunciadas tienen un carácter meramente testimonial, por cuanto ni el Ejecutivo autonómico, ni los partidos que lo sustentan, ni el Parlamento de Gasteiz tienen capacidad para lograr cambios legislativos en las Cortes españolas. Y también se puede sostener legítimamente que, además de pedir la supresión de la Audiencia Nacional, la eliminación del régimen de incomunicación o la derogación de la Ley de Partidos, el Ejecutivo autonómico podría comprometerse efectivamente con el no uso y aplicación de estos instrumentos de excepción.

Sin embargo, en el análisis global de las iniciativas propuestas destaca el que se saque a la luz y se denuncie que, más allá del mensaje unidireccional y omnipresente de condena a ETA, «la sociedad vasca sufre otras trasgresiones de los derechos humanos». A esto se le podía añadir, además, que es precisamente en algunas de estas vulneraciones de derechos civiles y políticos donde se sitúa el origen del conflicto que arrastramos. El Plan tiene la virtualidad de que al tiempo que hace aflorar una realidad que muchos se niegan a ver -y que tiene unos responsables concretos- va a ponerla ante la lupa de expertos internacionales.

Ahora sólo cabe esperar que cuando se creen los equipos «independientes y de solvencia garantizada» que escruten el grado de respeto a los derechos civiles y políticos que se da en Euskal Herria y hagan una radiografía sobre lo ocurrido con el cierre de medios de comunicación vascos, se les deje trabajar con total libertad y se les proporcione la posibilidad de contactar con todos los sectores de la sociedad vasca sin excepciones. Sería igualmente preciso garantizar que los diversos poderes que puedan verse comprometidos no traten de condicionar los informes encargados.