En su dictamen, el Tribunal de Apelación de París consideró que ese plazo no es razonable y, por tanto, juzgó que el CNE -creado en agosto de 2005- es una «regresión» y contrario al Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado francés.

El dictamen supone otro golpe para el entonces primer ministro Dominique de Villepin, después de que esta misma semana la Policía francesa registrara su domicilio por su supuesta implicación en el caso de espionaje Clearstream.

Esta batalla judicial arrancó el 28 de abril pasado, cuando la magistratura de trabajo de Longjumeau (Essonne) recalificó el CNE en Contrato de Duración Indeterminada (CDI). Esa instancia estimó que la ordenanza del 2 de agosto de 2005, que creaba el CNE, es contraria al derecho internacional, un dictamen de principio que constituía una primicia.

Esa decisión respaldada fue recurrida por el prefecto de Essone (afueras de París) ante el Tribunal de Apelación de París, que dio ayer la razón a la Magistratura de Trabajo.

Al Gobierno le interesaba que el CNE fuese sólo competencia de la justicia administrativa porque este polémico contrato impulsado por el conservador Villepin, había sido validado por el Consejo de Estado (máxima autoridad en materia administrativa) el 19 de octubre de 2005.

El CNE es el hermano mayor del Contrato de Primer Empleo (CPE) que Villepin lanzó sin concertación en enero de 2006 y que fue abandonado después de semanas de movilizaciones sindicales y estudiantiles.

El Tribunal Supremo (la más alta institución del orden judicial) aún no se ha pronunciado sobre el CNE.