El pasado viernes el Gobierno autonómico presentaba su «Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos». Además se anuncia la elaboración de un «informe anual independiente sobre el respeto a los derechos civiles y políticos» en Euskal Herria. Podríamos entrar en consideraciones sobre la oportunidad de incluir en el texto la consabida condena a ETA y la errónea interpretación, desde nuestro punto de vista, de imputar a sus acciones el calificativo de violación de derechos humanos, ya que sólo el Estado es responsable de ellas. Recordemos que es el Estado quien se impone ciertos límites en su actuación ante sus ciudadanos y la comunidad internacional, precisamente para poner freno a su capacidad cuasi-infinita de ejercer la violencia y de cubrir sus acciones con una capa de impunidad -más aún en el Estado español con su pléyade de medidas y legislaciones excepcionales-. El límite de la actuación de los ciudadanos está en el Código Penal -también reformado, retorcido y adecuado a las necesidades políticas del Estado-, sin entrar ahora en la calificación de algunos delitos políticos por sus causas o por su finalidad.

Como decía, dejando aparte la precisión anterior, debemos felicitarnos por los contenidos de este plan, en el que se recogen las principales demandas de la sociedad vasca y sus organismos de derechos humanos, así como las principales recomendaciones que organismos internacionales han reiterado a las autoridades españolas. Es de gran importancia afirmarlo así, porque este plan hay que apuntarlo en la cuenta de «haberes positivos» de los ciudadanos y ciudadanas vascas que han sido víctimas de la vulneración de derechos humanos por parte de las estructuras del Estado español -entre ellas, no lo olvidemos, la administración autonómica que suscribe el plan-. Este plan hay que considerarlo una aportación positiva a la primera de las cuatro `R' que los textos internacionales tipifican: la demanda de reconocimiento institucional a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es un espaldarazo a quienes han sufrido o sufren la violencia ilegítima del Estado, porque visualiza su existencia y los arranca del anonimato y la exclusión. Falta, sin embargo, poner elementos en las otras tres: la Rehabilitación, la Reparación y la más importante y peliaguda de todas, la garantía de no-Repetición. Esta última `R' apunta hacia la necesidad de abolir la legislación que promulga el régimen de incomunicación, la ley de partidos, las competencias de la Audiencia Nacional, la jurisprudencia que activa la conocida como «doctrina Parot», el diseño de la política penitenciaria... Estas legislaciones y medidas hay que erradicarlas para garantizar que no se vuelvan a repetir nuevas vulneraciones de los derechos civiles y políticos. De lo contrario no habremos conseguido nada. Ahí está el gran problema, ya que si bien el Gobierno de Lakua toma el compromiso firme de «promover iniciativas concretas para la modificación de aquellas normas legales que [...] suponen una restricción o vulneración de los derechos civiles o políticos» su capacidad para hacerlo es limitada. En efecto, parece que ya algunos partidos políticos que dispondrían de la llave para que se den estos cambios se han opuesto encarnizadamente a que esto se produzca. ¿Cual será el tratamiento que les dispensarán los partidos que sostienen el Gobierno de Lakua? ¿Cómo se enfrentarán a este obstáculo? ¿Les condenará públicamente por ser responsables directos en la repetición de las violaciones de derechos humanos civiles y políticos?

El Gobierno de Lakua ha pedido a «una institución independiente y de solvencia garantizada» la elaboración de un informe. Cuando una institución pública pide que se elabore un informe para ratificar sus posiciones es justificado el dudar de la imparcialidad de dicho informe, aun cuando compartamos las razones por las que lo reclaman. No hace falta ni un informe más, tenemos todos los necesarios, nacionales e internacionales. Las instituciones y organismos internacionales tienen su propio programa de actuación, realmente independiente, para verificar la situación de los derechos humanos en el Estado español. Han aplicado sus métodos para la obtención de información y han repetido sus recomendaciones hasta la saciedad. Precisamente, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa-CPT pudo hacer públicos esta misma semana los informes referentes a las visitas llevadas a cabo en 2003 y en 2005. Hay que recordar que según los procedimientos del alto comité éste debe mantener en confidencialidad el informe hasta que el Estado concernido dé permiso para su publicación. Por consiguiente, el Estado español ha tardado cuatro años en permitir que se conozca el contenido de estos informes, con el agravante de que todavía mantiene secuestrado el informe de la visita realizada los días 14 y 15 de enero de 2007 en referencia exclusivamente a la situación de Iñaki de Juana, en huelga de hambre y forzosamente alimentado. Esta actitud contrasta con el principio de transparencia que debe regir ante la actuación de estos organismos independientes. En relación al contenido, ambos informes insisten en las recomendaciones ya reiterativas con respecto a otros informes sobre la situación de personas detenidas bajo incomunicación «a quienes se aplica un régimen legal específico» por el cual se les deniega el poner en conocimiento de sus familiares el hecho y el lugar de la detención y se les impide el contacto con su abogado o ser reconocidos por un médico de su confianza.

La parte más curiosa del informe del 2003 recientemente hecho público se refiere a la voluntad que el Ministerio del Interior, entonces Angel Acebes, mostró al Comité de adoptar «cualquier medida que sea necesaria para asegurar los derechos de las personas detenidas». El CPT reclama con bastante ironía «información detallada concerniente a las medidas concretas que sean tomadas en relación a este firme y no ambiguo compromiso de implementar plenamente las recomendaciones del Comité en relación a los derechos de acceso a un abogado y la notificación de la custodia». Por supuesto, el comité no recibió ninguna información de este estilo porque las autoridades españolas preferirán simular una actitud colaboradora con estos organismos asegurándose de que después nada cambie. En esa actitud está el problema...

Por lo tanto, existen informes, declaraciones y ahora planes, pero es un problema de voluntad. Es el momento de pasar a la acción y de que, de una vez por todas, se avance en el desmontaje de toda esa estructura represiva de la que se ha dotado el Estado español durante los últimos años y que, estando de acuerdo con el Gobierno de Lakua, «vulnera derechos civiles y políticos». Una vez levantada la voz y definido con rotundidad el terreno de juego, es momento de moverse y más aún, hacer mover a gente como al Acebes de entonces o al Rubalcaba de hoy. Constatada la existencia de esas vulneraciones y siendo consecuentes, en caso de inactividad, la sociedad deberá acusar a los inmovilistas de ser responsables directos de las violaciones de derechos humanos que sufrimos hoy ciudadanos y ciudadanas vascas. No olvidemos que un plan es para cumplirlo...