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ELA denuncia que la CAV presente superávit a costa del gasto social

El sindicato ELA denunció ayer que las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno de Lakua acumularon en 2005 cotas históricas de superávit, hasta acanzar los 1.156 millones de euros, un 2% del PIB de la CAV, mientras hay ciudadanos que tienen necesidades que cubrir. Los datos, que la central tildó de «públicos e incontestables», evidencian, a su juicio, que «hay dinero» pero la opción del Gobierno es no destinarlo a materias de índole social.

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Nerea GOTI |

«Nuestros gobernantes han decidido no atender las necesidades sociales, porque han decidido que las paguemos nosotros». Con esas palabras resumió Adolfo Muñoz, secretario general adjunto del sindicato ELA, el fondo de la crítica que la central lanzó ayer contra la política de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Ejecutivo de Lakua, tras constatar que un año más las cuentas públicas se cierran con superávit.

Según datos aportados por ELA de fuentes de las cuatro instituciones señaladas, el superávit acumulado en la CAV alcanzó en 2006 los 1.156 millones de euros, una media de 522 millones en los últimos siete años.

Frente a estas cifras, la central sindical resaltó que el ahorro acumulado por diputaciones y Lakua supone un 9,1% del total de su gasto, «es decir, podrían haber aumentado un 9,1% más el dinero destinado a las necesidades sociales y sin tener siquiera déficit público». Los mismos datos se contrastaron con las políticas europeas. ELA resaltó al respecto que en materia de gasto social la CAV está cada vez más lejos de Europa, un 18% del PIB frente a un 27,6%, «un diferencial de casi nueve puntos puntos del PIB», según subrayó Muñoz, quien apuntó que en la Unión Europea las instituciones están autorizadas a endeudarse hasta un 3%, algo que se está utilizando para financiar necesidades internas a nivel social, otra vez lejos de la práctica política de ahorro de las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La miembro del gabinete de Estudios de ELA, Julene Gabiola, denunció que el superávit de diputaciones y Lakua suman 1.155 millones de euros, mientras en 2005 el gasto en servicios sociales, renta básica y Ayudas de Emergencia Social fue de 903 euros. El ahorro, según apuntó, también es muy superior al gasto previsto en 2007 para Educación infantil y primaria (740,2 millones) o el contemplado en vivienda para el mismo ejercicio (185 millones). Ante estos datos, el secretario general adjunto de ELA consideró que «es indecente que una administración pública que ve necesidades sociales que están sin cubrir priorice el ahorro» y añadió que hay servicios que están mal financiados además de mal gestionados y aún así se presentan cuentas con un superávit un 32% superior al ejercicio anterior.

Muñoz resaltó que si al superávit acumulado se suma el recurso que tienen las instituciones de endeudarse hasta un 3%, «estamos hablando de muchísimo dinero» e indicó que «en la medida que la actuación pública hace huelga de su función de proteger a los ciudadanos más débiles, esos ciudadanos se ven obligados a pagar por un servicio que se le debería prestar de manera gratuita en tiempo y forma».

presión fiscal

ELA denunció la política fiscal de Lakua, porque «no persigue el fraude fiscal y privilegia descaradamente a las rentas más altas » y criticó que «con menos presión fiscal que la media europea se cierra el presupuesto con superávit»

«No invertir en lo público beneficia al negocio privado»

ELA denunció ayer que «sería difícil encontrar un gobierno más neoliberal y de derechas en su práctica económica que éste», en referencia al Ejecutivo de Lakua, y opinó que el objetivo del superávit en las cuentas públicas es «legitimar» futuras reformas fiscales con el argumento de que «con estas cuentas no hace falta recaudar tanto», con lo que pretenden que «los grandes beneficiados sean «los que más ganan».

Además, citó Osakidetza, para resaltar que «nunca ha habido tanta demanda privada de sanidad» y denunció que buscan «que paguemos por servicios públicos que deberían ser gratuitos». «No invertir en lo público supone primar que otros hagan negocio privado». N.G.

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