El mahaikide Joseba Álvarez manifestó ayer que las formaciones políticas vascas que, en su mayoría, dicen rechazar la Ley de Partidos española actúan en la práctica en dirección inversa, haciendo uso y gestión de la citada norma. Álvarez quiso poner los puntos sobre las íes en lo referente a la constitución de los consistorios guipuzcoanos, y denunció que si bien «el marco legal actual lo permite todo cuando se trata de ir contra la izquierda abertzale o de ahondar en una situación antidemocrática», también contiene instrumentos para «corregir» las consecuencias de la Ley de Partidos. Y citó uno concreto: el artículo 182.2 de la LOREG.

El mahaikide donostiarra, que compareció en Donostia junto a Aitor Aranzabal, trajo a colación que todos los partidos políticos, a excepción de Aralar, han participado en la gestión de la Ley de Partidos española «usurpando» a la izquierda abertzale, sólo en Gipuzkoa, un total de 95 concejalías. Y, cifras en mano, citó uno por uno las formaciones que han tomado posesión de los cargos «para los que no han sido elegidos» en las urnas por la ciudadanía.

Recordó que en Gipuzkoa fueron 26 las candidaturas «ilegalizadas» por los tribunales españoles, y añadió que como consecuencia se han «usurpado» 95 cargos, de los que «65 son ya robos consumados», a falta de que los otros 30 sean ocupados.

Predican, pero no practican

Álvarez denunció que de esta operación matemática «el que más gana» es el PNV con 23 cargos «robados», cuatro de ellos sin ocupar, seguido de EA con «10 robos consumados y tres sin consumar».

Prosiguió recordando que el PSE también ha tomado posesión de 12 cargos que no le corresponden, pendiente de la toma de otro, seguido del PP que ya ha «usurpado» los 17 cargos para los que no fue elegido en los pasados comicios del 27 de mayo. EB tampoco se queda fuera, ya que, según denunció el dirigente independentista, se ha hecho cargo de tres concejalías «ilegítimamente».

Criticó que «en la clase política vasca hay una enorme diferencia entre lo que se predica y lo que se practica», y como botón de muestra expuso lo que ha ocurrido en la composición de los ayuntamientos y de las Juntas Generales, en las que la izquierda abertzale resultó la segunda fuerza y a la que le han «robado» doce junteros.

«Falta voluntad política»

Sintetizó su crítica en que «falta voluntad política» en las formaciones vascas para «dar pasos en la superación de una situación antidemocrática». Y más aún pudiendo hacerlo con la normativa española vigente, de la mano del artículo 182.2 de la LOREG.

Y puso dos ejemplos concretos para describir dos realidades antagónicas: Lizartza y Aretxabaleta. Para el dirigente de la izquierda abertzale, el primer caso supone «la arbitrariedad llevada al extremo» y el ejemplo más paradigmático de la situación creada por la Ley de Partidos.

Recordó que en Lizartza gobierna el PP con sólo 27 votos y de la mano de personas que «ni siquiera se habían presentado en la lista». Cuando Álvarez incidió en la realidad antidemocrática que se vive en Lizartza, los periodistas preguntaron si tampoco es antidemocrático que no se puedan llevar a cabo los plenos con total «normalidad», en referencia a las protestas de los lizartzarras. «¿Eso es antidemocrático? Es una respuesta a una barbaridad antidemocrática, nada más», replicó.

Acto seguido expuso la diferencia existente entre Lizartza y Aretxabaleta, ya que en esta última localidad Aralar se ha comprometido «públicamente» a llevar a cabo la aplicación del artículo 182.2 de la LOREG «hasta el final».

Álvarez prosiguió denunciando que, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Partidos, «se ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de los ayuntamientos». Este realidad que supone «una mayoría institucional trampeada», resaltó, deja el paso libre para la consumación de macroproyectos como la planta incineradora, el puerto exterior de Pasaia o el Tren de Alta Velocidad.